El IPPV todavía es “dueño” de 20.000 casas y por 1.800 de ellas no recibe un centavo
El instituto de vivienda de Río Negro busca regularizar la titularidad de inmuebles. Tenso operativo en Roca para relevar a familias que hace una década ocuparon el plan de House Vial.
La imagen actual del barrio House Vial, que empezó a ser recorrido por técnicos del IPPV. (Foto: Juan Thomes)
Río Negro tiene en sus 39 localidades unas 44.000 casas construidas con recursos del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi). Sobre ese total, 20.000 todavía están a nombre del IPPV, pero el dato más preocupante es que casi el 10% de esas unidades están ocupadas por personas que no pagan un centavo de cuota mensual al Estado.
La información surge de los registros del organismo provincial y se conoció a partir de una tensa situación que ocurre en Roca desde los últimos, porque empezaron los relevamientos para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los vecinos que hace una década usurparon las construcciones del denominado barrio House Vial.
Ese plan -como otros en Allen y San Antonio Oeste- fue desarrollado en el marco de un convenio del IPPV con una cooperativa y con el Sindicato de Trabajadores Viales de la provincia, revelándose con el paso del tiempo que había más compradores que lotes. Con la estafa en estado público y ante la falta de respuestas, decenas de familias se instalaron en viviendas que todavía no habían sido adjudicadas y permanecen allí desde entonces, sin pagar la cuota correspondiente.
Lo que ocurrió en las últimas semanas es que la Justicia cerró la causa iniciada con el reclamo de los estafados que no usurparon lotes, por lo tanto el IPPV entendió que está habilitado para reclamar a los poseedores de esas casas que empiecen a cumplir con un monto mensual, hasta cubrir el valor total y avanzar en la escrituración.
La reacción inicial de esas familias fue negativa, porque consideran que ellos también fueron estafados por la cooperativa House Vial. Algunos incluso plantearon que el Estado debía resarcirlos, considerando que el IPPV -durante las gestiones del radicalismo en la provincia- fue cómplice de organizaciones intermedias que buscaron lucro personal o grupal en el desarrollo de planes de viviendas.
Sin embargo, la Justicia no encontró nada para reprocharle a exfuncionarios y por eso, desde el punto de vista formal, el instituto de vivienda provincial empezó a golpear puertas en el barrio que se encuentra al oeste de Roca, al norte de la calle Villegas.
Pero la actual titular del organismo, Inés Pérez, indicó que el desafío por el recupero ese mucho mayor.
“En el último año estamos dedicados a regularizar la mayor cantidad de viviendas. Es así como se pusieron a cobro 1.800 viviendas, que por distintos motivos no lo estaban”, informó la arquitecta, en diálogo con RÍO NEGRO.
¿Qué pasa con los que mantienen su postura y no cumplen? Pérez advirtió que “tenemos 400 viviendas en fiscalía, para que se inicien procesos judiciales para que se intime y se logre el cobro efectivo”.
De todas maneras, la funcionaria aclaró que la acción del Estado está direccionada a regularizar la situación de dominio, antes que lograr un objetivo recaudatorio.
“En House Vial hubo algo de confusión, pero se les dio la información y se están acercando a ordenar sus carpetas. El valor de la cuota no es fijo para todos. Se paga entre un 10 y un 20 por ciento de los ingresos. Es decir, los que más ingresos tienen pagan una cuota mayor. Y se actualiza a través del Salario Mínimo Vital y Móvil”, precisó.
Ese esquema que implementa el IPPV difiere del aplicado, por ejemplo, en las viviendas que entregó recientemente el presidente, Alberto Fernández, en Roca. Esos programas nacionales prevén el cálculo de la cuota mensual a partir del valor de las UVI, que se actualizan a través del índice del costo de construcción. La movilidad ascendente no es igual que en el caso de los créditos hipotecarios UVA, que están atados directamente al índice de inflación, pero tampoco está muy lejos.
En paralelo, el IPPV avanza para modificar ese escenario en el que todavía es titular formal de unas 20.000 viviendas en la provincia.
Sobre ese total, unas 5.000 unidades corresponden a los departamentos en altura o PH, colectivas, muchas de ellas entregadas hace más de 30 ó 40 años. Para esos casos se promulgó en el 2021 la Ley 5.474 de escritura ion gratuita. “La idea es que todas esas viviendas tengan su título de propiedad”, indicó Pérez, agregando que “este año estamos entregando 1.200 escrituras y esperamos sostener esa cifra el año que viene”.
Los problemas legales que el IPPV busca evitar
Evitar dos problemas legales importantes es otro objetivo dentro del plan para regularizar los pagos y la titularidad de las viviendas construidas con fondos del Estado.
En primer lugar, la acción del IPPV ante quienes llevan años sin cumplir con las cuotas busca alejar la posibilidad de que inicien un trámite de usucapión.
Esa vía es la que permite el reconocimiento de la titularidad de un inmueble, luego de demostrar la ocupación permanente durante un período mínimo de 10 años, habiendo realizado el pago por servicios y el mantenimiento.
Por otra parte, desde el IPPV se admitió que se están pagando muchos juicios, por problemas estructurales que aparecen en los barrios con mayor antigüedad.
“Hay una pérdida en una vivienda de un piso superior, que afecta a los vecinos que están debajo. Esos perjudicados hacen el reclamo judicial para recuperar el dinero que tuvieron que invertir en arreglos y esa causa también termina siendo contra el Estado, que figura como titular de la unidad”, explicó la titular del organismo provincial, Inés Pérez.
Comentarios