El nuevo Código Civil y Comercial de Neuquén se pondrá en marcha en 2026

La Legislatura de Neuquén le otorgará una prórroga de seis meses a la comisión especial que es la encargada de elaborar el proyecto de nuevo código Procesal Civil y Comercial de la provincia. La intención es que el texto esté terminado y aprobado antes de fin de año.

La iniciativa tiene un avance «del 70%», dijo el presidente de la comisión Ernesto Novoa en septiembre pasado. La discusión del articulado comenzó en abril.

Sin embargo, el jefe del bloque oficialista junto a otros diputados y diputadas presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara apruebe esta extensión.

Lo justificaron en que los aportes cosechados en las reuniones con representantes del Tribunal Superior de Justicia, la defensa pública, el Colegio de Abogados y Procuradores y las universidades, entre otros actores «ha enriquecido de manera sustancial el debate, aportando miradas plurales, experiencias prácticas y conocimientos técnicos que resultan imprescindibles para dotar al futuro Código Procesal Civil y Comercial y Código Procesal de Familia de la mayor calidad jurídica y operatividad posible».

«Sin perjuicio de los avances alcanzados, la envergadura y complejidad de la tarea encomendada torna aconsejable disponer la prórroga del plazo de funcionamiento», agregaron.

Este período comenzará a contarse a partir del 28 de octubre de 2025, con posibilidad de extenderlo excepcionalmente seis meses más.

Se le encomendó la redacción a la reconocida jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci y a su par Gustavo Calvinho.

Novoa explicó a Diario RÍO NEGRO que el próximo lunes estarían en condiciones de recibir el texto final y debatirlo durante noviembre en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, para que en diciembre se trate en el recinto. Entraría en vigencia en 2026.

Esta reforma será un punto de inflexión para la provincia, algo similar a lo que ocurrió en 2014 con la modificación del código Procesal Penal que estableció el sistema acusatorio por el cual se resuelven los conflictos en audiencias orales y públicas.