El referéndum de Bariloche en equilibrio inestable: suspendieron los plazos

Luego de las impugnaciones presentadas por una concejal opositora y por el Soyem, la Junta Electoral Municipal de Bariloche decidió suspender el cronograma del referéndum popular convocado para el 9 de noviembre. En el Deliberante cuestionan que el intendente Walter Cortés haya resuelto la realización del referéndum por cuenta propia y sin la aprobación de una ordenanza.

Los tres miembros de la Junta –Ernesto Vicens, Dana Guzmán y Norma Taboada- se presentaron ayer en el Concejo, donde les ampliaron las observaciones y les reclamaron una definición. También les pidieron precisiones sobre el presupuesto requerido para efectuar el comicio y no tuvieron espuesta.

El último viernes venció el plazo para presentar el diseño de boleta con las 10 preguntas que fijó Cortés por resolución, pero la boleta no está oficializada, debido a la paralización del cronograma forzado por las impugnaciones. También quedó postergado el trámite de “vista” a los partidos políticos.

Según Vicens, ya cruzaron borradores de la boleta con el Ejecutivo, que presentó una propuesta inicial. La Junta sugirió correcciones, pero el trámite se truncó allí, a la espera de una definición en el terreno jurídico.

Tanto la concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) como el gremio municipal piden la nulidad de las resoluciones que dictó Cortés para convocar el referéndum y luego para ajustar el texto de las preguntas.

El vocal Vicens reconoció que el litigio tarde o temprano deberá ser resuelto por la Justicia. Los demandantes están a la espera de agotar la vía administrativa para llegar a tribunales, pero se les adelantó la Asociación de Propietarios de Taxis, que ya presentó ante el STJ una acción sumarísima de inconstitucionalidad contra el referéndum, enfocada en la pregunta que permitiría definir a los votantes si se otorga habilitación municipal a las plataformas tipo Uber.

En ese expediente hubo ya un primer avance favorable al municipio, porque los jueces rechazaron la aplicación de una medida cautelar que suspenda el referéndum. Les falta resolver el planteo de fondo.

Otras preguntas indagan sobre la aprobación o rechazo al dictado de la emergencia habitacional en la ciudad, la eliminación del pago de sueldos a los sindicalistas con licencia, la realización de obras como una pileta cubierta y el centro de convenciones, la cesión de una propiedad a los veteranos de Malvinas y la creación de un gravamen obligatorio para los turistas.

Preguntas sin respuesta

En el intercambio de ayer entre los vocales de la Junta Electoral y varios concejales opositores no faltaron los momentos de tensión. La cuestión presupuestaria fue uno de los puntos sin definición. La concejal Roxana Ferreyra (Nos Une) insistió en que organizar el referéndum obligatorio demandará no menos de 150 millones de pesos. Dijo que ese dinero podría tener mejor destino.

Vicens refirió que el dinero necesario sería mucho menor, auinque la Junta todavía no hizo las cuentas, que los principales gastos tienen que ver con la impresión de boletas (más de 100.000), el despliegue de urnas y el pago de autoridades de mesa, cuyo monto no está definido todavía. Aseguró que no está previsto contratar una firma para el escrutinio, porque puede hacerlo el área de cómputos del municipio, y también que el gobierno provincial aportará recursos, sin mayor detalle.

Otro punto de roce fue cuando la Junta reconoció que no tiene asesoría letrada y antes de destrabar la continuidad del cronograma solicitó un dictamen a los abogados del Ejecutivo municipal. Le fijó un plazo de 48 horas que ya está vencido.

Varios concejales señalaron que el mismo Ejecutivo no avalará ninguna impugnación de resoluciones propias y le dijeron a la Junta Electoral que debería solicitar una opinión independiente.

Vicens relativizó el entredicho, dijo que la Junta no tiene atribuciones para anular o contradecir una convocatoria a referéndum y alegó que la última palabra en cualquier caso la tendrá el STJ. “Será la Justicia la que tiene que resolver si hace lugar a alguna nulidad, y por supuesto que lo vamos a acatar”, señaló.

Wallace dijo que el dictamen que solicitaron a la asesoría letrada del Ejecutivo no tiene ningún valor y pidió cambiar la fuente de consulta “para no impugnar otra vez el procedimiento”.

Otro concejal, Leandro Costa Brutten (Incluyendo), insistió en que Cortés no tiene potestad para convocar un referéndum sin intervención del Concejo y también para incluir preguntas sobre ciertos temas. “Si mañana le preguntan al vecino si está de acuerdo en no pagar más tasas va a votar que sí, y desaparecen las tasas -argumentó-. Hay cuestiones que no pueden estar sujetas a este tipo de mecanismos”.