El referéndum de Bariloche sorteó el primer desafío en la Justicia pero hay otros amparos: cuáles son

El referéndum convocado para noviembre próximo en Bariloche por el gobierno municipal logró sortear el primer desafío en el terreno judicial, con el rechazo a una acción de inconstitucionalidad impulsada por la Asociación de Propietarios de Taxis, que fue resuelta ayer por el STJ por falta de “legitimación procesal”.

El referéndum se realizará el próximo 9 de noviembre e incluye diez preguntas. La que preocupa a los taxistas busca determinar si los electores acuerdan o no con la habilitación de plataformas electrónicas de transporte urbano, del tipo Uber o Cabify.

La convocatoria la realizó por resolución el intendente Walter Cortés, y la Apat de Bariloche, con el patrocinio del abogado Jorge Pschunder, acudió al STJ para que la declare inconstitucional. Entre otras razones señaló que el Ejecutivo había invadido facultades específicas del Concejo Deliberante.

Los jueces no ingresaron en el análisis de fondo y rechazaron la acción porque los propietarios de taxis, a su entender, no lograron acreditar “la calidad de parte interesada” y que el escrito presentado no consigue explicar debidamente “cuál sería la afectación concreta y particular de Apat ni de sus integrantes por la convocatoria a referéndum”.

El fallo fue elaborado por el juez Ricardo Apcarián, con la adhesión de sus pares Liliana Piccinini y Sergio Cecci. Sergio Barotto y Cecilia Criado se abstuvieron.

La demanda de la Asociación de Taxis no es la única orientada a bloquear el referéndum convocado por Cortés, que aborda otra variada lista de asuntos, como la declaración de Emergencia Habitacional, la creación de una contribución del turismo para efectuar obras, la reactivación de la isla Huemul como destino de excursiones y la aprobación de un plan de infraestructura vial, con cargo a los frentistas.

El llamado a referéndum fue publicado en julio. La demanda de los taxistas fue la primera, y data del 8 de agosto. Pero luego se sucedieron otras, que siguen pendientes de resolución.

El Soyem presentó también una acción de inconstitucionalidad a fines de agosto, luego de agotar “la vía administrativa”. En su caso el cuestionamiento apunta contra la pregunta orientada a eliminar el pago de salarios por parte del municipio a los dirigentes sindicales con licencia.

También un grupo de cinco concejales opositores acudió al STJ la semana pasada con su propio planteo, presentado como un» “conflicto de poderes«.

Razones insuficientes

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En el caso de los propietarios de taxis el tribunal siguió el criterio expuesto por el procurador general Jorge Crespo, quien opinó que correspondía rechazar la acción por “no satisfacer los recaudos formales”. Consideró que el accionante “no logra acreditar el perjuicio directo que le ocasiona la convocatoria a referéndum a sus derechos individuales y /o a los de la asociación que representa”.

Los jueces subrayaron que, de acuerdo a la jurisprudencia, para expedirse necesitan que está debidamente configurado un “caso”, que no existe en la demanda de los taxistas, y “no alcanza con la existencia de un móvil genérico o abstracto”.

Agregaron que para el “caso” hace falta demostrar “una situación de hecho tal que la parte accionante sin la declaración pretendida sufriría un daño”, Indicaron que “al interés concreto debe sumarse el agravio o perjuicio ocasionado, esto es una significativa afectación de derechos constitucionales”.

Como argumento extra refirieron que el referéndum “somete a consideración de la ciudadanía múltiples proyectos de diversa índole (además del aludido en la demanda), los cuales exceden cualquier interés particular de la asociación accionante o de los profesionales taxistas”.

Concluyó en definitiva, que la presentación “no aporta fundamentos suficientes que acrediten legitimación ni que configuren una causa que habilite” la intervención del STJ para frenar el referéndum