En Río Negro, más de un tercio de los sueldos estatales tienen retenciones por préstamos y cuáles son las catorce entidades habilitadas
Se trata de los descuentos por código de los haberes. Hay 14 entidades habilitadas. Las mayores participaciones recaen en los porteros y policías.
Un 35% de los estatales del Poder Ejecutivo registran retenciones de sus haberes por autorizaciones de pago en favor de alguna entidad. Foto: Marcelo Ochoa.
Casi 19.000 empleados del Poder Ejecutivo tienen mensualmente retenciones en sus salarios que se vinculan con los descuentos autorizados por el agente provincial para cancelar diferentes compromisos de pagos.
La mayor parte de esas deducciones en los haberes se vinculan con créditos otorgados a los estatales rionegrinos. En julio, 7.900 millones de pesos fueron retenidos para sus posteriores transferencias a mutuales, los gremios, el banco Patagonia y, también, el IPPV. En realidad, las cantidades del instituto no son significativas, pues rondan los 110 millones mensuales.
El nivel de la reducción de las remuneraciones por las autorizaciones formalizadas es permanente punto de preocupación porque mayormente expone el endeudamiento de los estatales.
En marzo, un grupo de legisladores pidió información para precisar el impacto en los ingresos de los agentes públicos, a partir de que la Provincia aplica retenciones y cobra en nombre de entidades, previa obtención de un código de descuento autorizado por la administración rionegrina.
Las retenciones llegan al 67% de los haberes en los porteros, en casi la mitad de los policías, y en el 46% del personal de Salud de la ley 1844.
La solicitud legislativa de marzo pasado -que firmaron los libertarios Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y César Domínguez, y los peronistas José Luis Berros, Ayelén Sposito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabian Pilquinao- originó diferentes, espaciadas y parciales respuestas. La última pertenece a Hacienda y es la cuarta del Ejecutivo en el mismo expediente. Las dos primeras fueron de la Secretaría General y de Educación. Siguió la respuesta de la Policía y, en la última, el envío del ministro Gabriel Sánchez que concentra a la mayoría de las liquidaciones.
Esa contestación informa de la participación de 14 “entidades de descuento para préstamos personales” y, luego, agrega un anexo con “el listado de los agentes por organismo que registran descuentos por su recibo de haberes”.
El número total indica a 9.524 estatales, pero no se incluye a Educación. Esta cartera registra a otros 9.397 agentes (6.109 docentes y 3.288 porteros) con autorizaciones de descuentos en sus remuneraciones. Así, el sistema alcanza a unos 18.921 haberes, lo cual, representa algo más de un tercio (35%) de la planta del Poder Ejecutivo.
El grupo de entidades habilitadas
En su respuesta, Hacienda consigna a 14 entidades con códigos a la Mutual del Valle (AMVI), ATE, UPCN, UnTER, Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), Mutual del Magisterio, Mutual de la Policía (Mupol), Banco Patagonia, Cooperativa Euroamericana, Federación de Mutuales Rionegrinas, Credit Now SA, Mutual Empleados Públicos Unidos por el Cambio (MEPUC), Mutual de la Región Sur (Mu.Re.Sur) y Asociación Personal del Banco de Río Negro.
En realidad, algunas mutuales actúan como intermediarias de operaciones crediticias que ofrecen financieras, que no tienen códigos propios.
Las retenciones totales en julio se aproximaron a los 7.900 millones y se aplicaron quitas a 18.921 agentes del Ejecutivo, por lo cual, el monto promedio supera los 417.500 pesos.
La contestación gubernamental explicó que “los montos que se depositan a las entidades son variables, y eso por cuanto depende de la disponibilidad en los haberes de la gente a quien se le hace el descuento. En tal circunstancia, aplica al porcentaje de deuda que registra cada agente público”.
La nota de Hacienda no lo discrimina, pero, obviamente, se puede determinar qué sectores tienen mayores porcentajes de empleados alcanzados por estas retenciones.
La cantidad mayor de retenciones comprende a los porteros y los policías; puntualmente, el 67% de los primeros y casi la mitad de los segundos tienen quitas de sus salarios por pagos autorizados.
En Educación, figuran 6.109 docentes alcanzados frente a un plantel de 23.433, es decir, llega al 26% aunque el personal de “servicios de apoyo” con descuentos totaliza 3.288 frente a un total de 4.935 porteros, representando casi el 67%. El promedio en la cartera educativa está por encima de los 420.000 pesos.
En julio, la Jefatura de la Policía apartó dinero por código de los haberes de 4.220 uniformados por algo más de 1.739 millones. Esas quitas comprenden a casi la mitad de los miembros de la fuerza y el monto medio está en los 412.000 pesos.
Además, casi un tercio de empleados de Salud tiene alguna deducción. Ese espectro llega a los 2.434 agentes, con afectación dispar. Alcanza al 46% en empleados de la ley 1844 y al 22% en los profesionales. La quita media en la cartera sanitaria se aproxima a los 480.000 pesos.
El atrasado centro de control y la inexistencia de los topes
El pretendido centro de autorización y la fijación de un límite acumulan siete años de demora.
En un decreto del 2018 (N° 1485) se pensó en un porcentaje máximo de retención que -según el artículo 3- no “podrá exceder el 50% del monto del haber neto que perciba el agente», sin descuentos de ley.
En el pedido de informe, los parlamentarios aluden al límite establecido y Hacienda precisa que “no existe actualmente agente en esta condición”. Expresa, en cambio, que los “montos máximos resultan variables en función de que cada agente tiene disponible”.
Puntualmente, el tope pretendido por el decreto 1485 se “suspendió” por otro del 2020 (1186/20), justificando esa decisión en que aún no se había logrado implementar un sistema de control.
Según sus fundamentos, el mecanismo de retenciones vigiladas estaba “sujeto a la instrumentación de un Centro de Autorización”, que no se había logrado, y se explicó el atraso en que “la Administración Pública afrontó dificultades para la contratación de un prestador”, que lo haga en “forma automática mediante software”, pueda “adecuarse a las necesidades de la Provincia” y “ajustarse a los sistemas de gestión de recursos humanos”. La emergencia por la pandemia se argumentó a la “demora”.
Al final, en el 2020, se entendió “razonable” la postergación de aplicar un límite cuando el Sistema Integrado de Recursos Humanos (Siges) incorpore “efectivamente con la información necesaria de cada uno de los agentes en el módulo liquidador” que “permitirá instrumentar y gestionar el Centro de Autorizaciones”.
El servicio de cobranza de la Provincia de los sueldos de sus empleados es un sistema con sospechas y críticas permanentes, focalizadas últimamente en el Grupo Unión, de Santa Fe.
El año pasado, un fallo de la jueza civil de Roca, Agustina Naffa identificó una “trama operacional entre las financieras” santafesinas y “la entidad UPAM” (Unión Provincial de Asociación Mutual), que permite la retención porque dispone de un código. La magistrada falló a favor de una agente policial y condenó a UPAM, al Grupo y la Mutual de Jubilados, retirados y pensionados provinciales al pago de tres millones por “daño extrapatrimonial”.
Las consultas de los legisladores
En el pedido original, los parlamentarios solicitan “estado actual del Registro de Entidades con Código de Descuento”, que preveía el decreto de 1986.
Se requiere el “listado dẻ las entidades” y se informa de las 14 actuales habilitadas directamente. Se solicitan datos de Credit Now SA y Hacienda informa que el directorio se compone con Matias Perdriel y Geraldina Rivero.
Sin contestación, se requiere “qué porcentaje de pago de deuda tomada por los agentes públicos se paga a cada entidad cada mes”.
Se pide que “precise la cantidad y registros de los agentes que tienen descuentos por préstamos solicitados, discriminados por organismos”. La respuesta se centra en una nómina de 36 organismos, con estatales alcanzados y un total de 9524 con retenciones.
Casi 19.000 empleados del Poder Ejecutivo tienen mensualmente retenciones en sus salarios que se vinculan con los descuentos autorizados por el agente provincial para cancelar diferentes compromisos de pagos.
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