En Río Negro podría haber sanciones graves para los políticos que incurran en discursos de odio

En Río Negro no han surgido debates extralimitados ni expresiones que rocen o se interpreten como discursos de odio, pero a modo preventivo el vicegobernador Pedro Pesatti puso la mirada en esa situación creciente en otras latitudes e impulsó dos propuestas en este sentido, con sanciones que implicarían hasta juicio político.

Por un lado, Pesatti promovió un proyecto de resolución para introducir cambios en el reglamento interno de la Legislatura, incorporando la prohibición expresa de los discursos de odio; y por otro, impulsó un anteproyecto de ley que busca prevenir, prohibir y sancionar ese tipo de prácticas discursivas en la función pública.

En ambas propuestas menciona la inspiración de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, que obligan a los Estados a prohibir expresiones de odio que constituyan incitación a la violencia o la hostilidad.

Se considera discurso de odio a “toda expresión que incite, promueva o justifique la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos por motivos de etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad, condición social, opinión política u otras características protegidas por el bloque de constitucionalidad federal”.

La mirada hacia adentro de la Legislatura es con la reforma del reglamento interno y establece sanciones para los parlamentarios que incurran en discursos de odio. Lo hizo a través de un proyecto de resolución que es la figura acorde para este tipo de reformas.

El presidente del cuerpo señaló en sus fundamentos: “La democracia se fortalece cuando el debate parlamentario se desarrolla en un marco de respeto, sin expresiones que degraden la dignidad humana, ni inciten a la discriminación o a la violencia” y dijo que en la casa que representa a todo el pueblo no se puede tolerar “mensajes de odio que dividan, hieran y excluyan”.

El dirigente de JSRN insistió que “la política debe ser un ejemplo de convivencia democrática y pluralismo” y por eso incorpora sanciones a los legisladores que incurran en mensajes de odio en sus intervenciones en el ámbito del Parlamento, considerando una “falta grave” esa situación con sanciones que van desde el apercibimiento hasta la exclusión definitiva del cuerpo.

La propuesta también prevé una capacitación obligatoria para legisladores y personal de la Legislatura sobre estándares nacionales e internacionales en materia de discursos de odio y libertad de expresión.

Restricción y sanciones a todos los funcionarios

---

Una idea similar el vicegobernador hizo extensiva a toda la administración pública mediante un anteproyecto de ley que ya ingresó en la comisión de asuntos constitucionales de la Legislatura.

“Partimos de una premisa fundamental: la palabra de un funcionario no es la de un ciudadano común; está investida de la autoridad del Estado y, por lo tanto, cada expresión se convierte en un acto de gobierno”, sostuvo y también prevé sanciones disciplinarias que van desde el apercibimiento y la suspensión hasta la cesantía o exoneración en los casos más graves.

Además, establece medidas de reparación simbólica, como la retractación pública o la realización de actividades de formación y servicio comunitario.

En el caso de los funcionarios electivos, Pesatti subrayó que “la conducta alcanzada por esta ley será considerada causal de mal desempeño y podrá dar lugar a juicio político y a la separación de su cargo, porque el discurso público degradante constituye un incumplimiento grave en los deberes de un funcionario”.