Ahora la ex – ESMA será ocupada por las fiscalías federales: acá el detalle del decreto

El inmueble “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, ubicado en el predio de la ex ESMA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue asignado para uso exclusivo de fiscalías federales. La medida busca avanzar con la implementación del Código Procesal Penal Federal.

“Resulta prioritario dotar al Ministerio Público Fiscal de un ámbito físico apropiado”, fundamenta la Resolución 346/2025 publicada el 5 de junio en el Boletín Oficial. Según el documento oficial, el inmueble cedido, la exESMA, fue reacondicionado previamente por el propio Ministerio de Justicia y posee infraestructura adecuada para el nuevo sistema penal acusatorio. El predio, designado como Edificio N.º 11, fue formalmente instituido como sede institucional en 2019.

El edificio será utilizado por las fiscalías de distrito que funcionarán bajo la órbita de las cámaras penales de CABA y del fuero económico. El convenio firmado en 2017 fija un plazo de cesión de 20 años.

El inmueble lleva el nombre del expresidente Raúl Alfonsín desde 2019, en el marco de una resolución institucional. Su cesión busca garantizar condiciones materiales adecuadas para el funcionamiento del sistema acusatorio, cuya entrada en vigencia comenzará el 11 de agosto de 2025 en las cámaras de apelaciones en lo penal de CABA.

La decisión fue adoptada luego de que el Ente Público Espacio para la Memoria aprobara el cambio de uso del edificio en su reunión del 28 de mayo. El nuevo uso mantendrá los lineamientos del acuerdo original y será formalizado mediante un nuevo convenio entre las partes.


Implementación del Código Procesal Penal Federal: cronograma y alcances


El nuevo sistema penal federal comenzará a regir a partir del 11 de agosto de 2025 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cámara Federal en lo Penal Económico. Posteriormente, se sumarán las cámaras de Corrientes y Resistencia, desde el 1° de diciembre.

Este avance forma parte del plan de implementación progresiva previsto por el Ministerio de Justicia en la Ley 27.150, con el objetivo de instalar el sistema acusatorio en todo el país.

Acá el texto completo del decreto 346/2025


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