Estafa con planes sociales en Neuquén: las defensas apuntan hacia Soiza como responsable

La estafa con planes sociales existió, pero la cometieron quienes trabajaban en la calle Rivadavia a las órdenes de Ricardo Soiza y sin conocimiento del ministro y demás funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén de la calle Anaya. En trazos gruesos, así quedó planteada la estrategia de las defensas luego de la primera tanda de alegatos en la octava y última semana del juicio oral.

El «grupo Rivadavia» y el «grupo Anaya» son los bloques antagónicos de esta batalla judicial. Según la fiscalía el primero era operativo: reclutaba beneficiarios de planes sociales, organizaba las extracciones ráfaga, el cobro de cheques, la recaudación para la caja azul. El segundo cumplía funciones administrativas: tramitaba los expedientes que encubrían con un manto de legalidad la maniobra.

Este lunes fueron los alegatos de los abogados del «grupo Anaya», que representan al exministro Abel Di Luca (Gonzalo Rodríguez); al ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, la exdirectora de Finanzas, Laura Reznik, la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo (Pablo Gutiérrez y Ricardo Mendaña); y al exdirector de Finanzas Luis Gallo (Fabián Flores y Carlos Fernández).

Todos coincidieron en pedir la absolución de sus defendidos. Admitieron que hubo un hecho de corrupción pero dijeron que los integrantes de «Anaya» fueron ajenos, e intentaron cortar la línea de responsabilidades en Soiza, la cabeza de «Rivadavia».

Se rompe la tregua en «Rivadavia»

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Este martes esa línea argumental la profundizarán las defensas de otros imputados, en particular de Néstor Pablo Sánz (Laura Giuliani) y Marcos Ariel Osuna (Juan Pablo Piombo) cuando pronuncien sus alegatos.

Sánz y Osuna están señalados como líderes de la asociación ilícita pero sus defensas dirán que solamente respondían órdenes de Soiza y que no tenían poder de decisión.

Cury renunció a su renuncia

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¿Y qué hará el exdirector de Planes Sociales? Su abogado, Alfredo Cury, también está imputado. Renunció el viernes y pidió que le asignen defensa oficial, como informó diario RÍO NEGRO. El sábado se arrepintió, y dio marcha atrás: volvió a asumir la representación de Soiza y la suya propia. Anunció que contará con la colaboración de Juan Pablo Piombo en la parte técnica. El Tribunal está harto de sus extravagancias.

Soiza no tiene demasiado margen. En los tres años que lleva imputado se aferró a una sola versión: no sabía nada de lo que pasaba a su alrededor, porque él era el negociador político de los planes sociales y dejaba la parte administrativa a los demás. Si se mantiene así, podría quedar como el máximo responsable.

El «libreto» de la fiscalía

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La de este lunes fue la trigésima audiencia del juicio oral, lo que marcaría un record para la provincia con el nuevo sistema procesal al menos. Comenzó con los alegatos de Pablo Gutiérrez y Ricardo Mendaña (también es codefensora Manuela Mántaras) por Siegenthaler, Reznik y Oviedo.

Cuestionaron a la fiscalía por su «arbitrariedad» y «falta de objetividad» en la acusación. «Se aferró a un libreto: muchos adjetivos y poca referencia a las pruebas. En el alegato casi ni mencionó el informe contable en el que estuvieron trabajando dos años», observó, agudo, Pablo Gutiérrez.

Desmenuzó la declaración de una de las testigos de cargo, Griselda Cittadini (fue mano derecha de Siegenthaler) y marcó lo que fueron inconsistencias y contradicciones, a su entender. También el defensor de Di Luca, Gonzalo Rodríguez, cuestionó la credibilidad de la exfuncionaria.

Falta de pruebas

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Gutiérrez dijo que no se probó que Siegenthaler, Reznik y Oviedo «hayan recibido un solo llamado» de los demás integrantes de la organización, «no se encontró un solo archivo que los vincule con la caja azul; no hay filmaciones; ni reportes de movimientos de cuentas sospechosas, ni transferencias bancarias ni inconsistencias patrimoniales».

Respecto de la responsabilidad de Siegenthaler como uno de los presuntos jefes de la banda, afirmó que «no supervisaba ningún listado de beneficiarios, eso era facultad de la dirección de Planes Sociales y del ministro».

Hechos de corrupción

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Mendaña en tanto dijo que «no vamos a controvertir que existieron maniobras» destinadas a cometer «hechos de corrupción», pero despegó a sus tres defendidos.

Habló extensamente de la figura de asociación ilícita y administración fraudulenta, y concluyó que «no hay forma de responsabilizar a Siegenthaler, Reznik ni Oviedo» y pidió la absolución de los tres imputados.

«Había que ir más arriba»

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Fabián Flores, defensor del exdirector de Finanzas Luis Gallo junto con Carlos David Fernández, también cuestionó la «selección arbitraria de imputados» que hizo la fiscalía a cargo de Pablo Vignaroli y Juan Narváez y solicitó que lo absuelvan.

«Se dieron cuenta que con un director de Planes Sociales (por Soiza) no alcanzaba, había que ir más arriba, y Gallo fue el vehículo» para llegar al «grupo Anaya».

En efecto, es el nexo entre los dos sectores: Gallo recibía correos electrónicos que le enviaba Marcos Osuna y los remitía a Siegenthaler y Di Luca. «No existe ninguna orden ilícita en esos mail», remarcó el abogado.

Con ironía, planteó: «fue director de Finanzas hasta que le salió la jubilación y lo reemplazó Laura Reznik. ¿Se jubiló del cargo administrativo y de la asociación ilícita? Es absurdo».

«Se probó una defraudación»

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El cierre de la jornada del lunes estuvo a cargo de Gonzalo Rodríguez, representante de Abel Di Luca. Fue el más directo al señalar que «se probó una defraudación al Estado» pero «el ministro resulta ajeno» y «se circunscribe a los funcionarios y empleados de Rivadavia».

Afirmó que en todo el juicio «no pudieron poner un listado de beneficiarios (el instrumento clave para cometer la maniobra) en manos de Di Luca; ni en expediente papel ni digital. Sólo con eso se cae la acusación».

Les habló a los jueces: «no sé si les estoy pidiendo la decisión más difícil, pero es la que deben tomar: tienen que absolver» al exministro, porque «condenarlo con esta orfandad probatoria, a él o a cualquier persona, es de gravedad institucional».

La confianza en Legales

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Argumentó que Di Luca confiaba en su departamento de Legales, que le traía resoluciones para firmar. «Era un ministro político, no técnico como puede ser uno de Hacienda», lo justificó. Y dijo que «si no firmaba, cometía abuso de autoridad».

«El responsable administrativo era Soiza, y Di Luca confiaba. ¿El ministro pagaba los planes? ¿Certificaba la lista de beneficiarios? No. Él aprobaba el trámite administrativo. No tenía elementos para sospechar que había una maniobra detrás», puntualizó Rodríguez.

Tal como había observado su colega Flores, afirmó que «la única vía de conexión» entre los dos grupos «son los correos que Osuna le enviaba a Gallo, quien a su vez los reenviaba. Ahí se separa la actividad criminal que se cometía en Rivadavia de la actividad legal de Anaya». E insistió en que la fiscalía no demostró que Di Luca abrió esos correos.

Otro de sus argumentos fue que no está probada la existencia de una banda. «A todas estas personas las designó el gobernador (Omar Gutiérrez), así que sería el organizador», señaló.

Describió que la asociación ilícita provoca «conmoción pública», y puso como ejemplo a «Los Monos» de Rosario. «No me imagino a nadie diciendo ojo si vas a Neuquén, hay conmoción por una asociación ilícita», en referencia a este grupo.