Estafa con planes sociales en Neuquén: «Osuna era un esclavo» y «Sánz cumplía órdenes»

Las defensas de los dos principales colaboradores del exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, cargaron toda la responsabilidad de la estafa sobre su antiguo jefe. La abogada de Néstor Pablo Sánz y el abogado de Marcos Ariel Osuna negaron la existencia de una asociación ilícita como afirma la fiscalía, y solo reconocieron haber participado de algunas extracciones ráfaga en cajeros automáticos y cobro de cheques de beneficiarios, «como hicieron otros empleados que no fueron acusados».

En la trigésimo primera audiencia del juicio oral, también se escucharon los alegatos de la defensora pública Carolina Johansen, quien pidió la absolución de Valeria Honorio, y de Elio García quien solicitó lo mismo para Emanuel Victoria Contreras. La defensora pública de Circunscripción Laura Giuliani, en tanto, pidió la absolución de Isabel Montoya.

Este miércoles, en la última audiencia, será el alegato de Alfredo Cury como abogado defensor de Soiza y de sí mismo. Luego los imputados podrán decir las últimas palabras y el tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla informará la fecha del veredicto.

Todos contra Soiza

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Tal como se esperaba, Laura Giuliani (defensora de Sánz) y Juan Pablo Piombo (de Osuna) señalaron a Soiza como el máximo responsable de la estafa. Los tres integran el «grupo Rivadavia», están señalados como cabecillas de la presunta asociación ilícita y son los únicos con prisión domiciliaria.

El lunes, en sus alegatos, los defensores del «grupo Anaya» también habían apuntado hacia el exdirector de Planes Sociales como el responsable de la maniobra cometida entre septiembre del 2020 y julio del 2022, que le provocó al Estado una pérdida de 1.162.570.287,19 pesos a valores actualizados.

El informático

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Este martes, Piombo presentó a Osuna como «el informático» de la dirección de Planes Sociales ubicada en calle Rivadavia. «Era el que arreglaba los enchufes, cambiaba los foquitos quemados, lo llamaban cuando había problemas con las computadoras o las impresoras, atendía al público, hacía los listados de beneficiarios. No era el jefe, era un esclavo», exageró.

Reconoció que «lo único ilícito fue acudir a los cajeros y cobrar cheques», pero lo hizo porque «cumplió órdenes de Soiza». Se preguntó Piombo: «¿se puede ser jefe y subordinado a la vez?».

Lo ubicó incluso por debajo de Sánz: «no eran iguales. No reclutaba gente, no decidía sobre el listado de beneficiarios, no dirigía las extracciones ráfaga como Sánz, y recibía el dinero de los extractores sólo ocasionalmente».

Presión psicológica

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Afirmó que «lo metieron preso -en julio del 2023- para ejercer una acción psicológica sobre los demás. El mensaje tácito era ‘¿querés ir a juicio? Mirá que tu compañero está entre rejas’. Los cuatro arrepentidos hablaron a cambio de no ir presos».

El defensor Piombo dijo, en ese sentido, que Osuna debería ser equiparado con los cuatro arrepentidos y tendría que ser sobreseído.

Exhibió una especie de «tabla de posiciones» con los imputados según la cantidad de cheques cobrados: Osuna ocupa el sexto puesto, casi con la misma cantidad que dos de los arrepentidos. De los cinco primeros lugares, cuatro ya fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso.

Enriquecimiento y participación

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Por otra parte, el abogado destacó que «no se enriqueció, vive en una casa de 40 metros cuadrados que heredó su hija cuando falleció su esposa, tiene defensa pública. Hizo 5 extracciones de cajeros y cobró 29 cheques, no le pueden imputar 9.303 hechos de estafa como pretende la fiscalía».

«Si no hubiera participado, esto igual hubiera ocurrido», aseguró Piombo, por lo que consideró que debe ser declarado responsable de «partícipe secundario de defraudación por el uso indebido de tarjeta de débito».

Pidió que lo absuelvan de la acusación de jefe de una asociación ilícita, y de administración fraudulenta porque «no tenía a su disposición el manejo del dinero». También reclamó que el día del veredicto le levanten la prisión domiciliaria.