Estafa con planes sociales en Neuquén | Tras 28 audiencias, ¿hay pruebas suficientes de una asociación ilícita?

«Vamos a probar que existió una asociación ilícita (…) desde el ministro hasta el último integrante se encontraban de acuerdo, de manera tácita o expresa, en defraudar al Estado (…)». Son palabras del fiscal jefe Pablo Vignaroli el 21 de julio pasado, en su alegato de apertura en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén.

También afirmó: «Los jefes tenían el control del trámite administrativo (y los colaboradores) no cumplían una orden, tenían la facultad de, si había una orden ilícita, no cumplirla (…). Vamos a acreditar que el destino de ese dinero era para la política, era para mantener punteros del MPN y era utilizado en forma personal por algunos de los imputados».

Seis semanas, 28 audiencias y 70 testigos después, la gran incógnita es si cumplió con su promesa.

3 años después

---

Este domingo 31 de agosto se cumplen 3 años de los 11 allanamientos simultáneos en la dirección de Planes Sociales y las viviendas de los sospechosos, el puntapié inicial de esta investigación. El jueves 4 de septiembre está programado el alegato de la fiscalía que cerrará el círculo abierto aquel día.

Por lo que trascendió, Vignaroli y el fiscal el caso Juan Narváez sostendrán la acusación de «asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos». Pero quizá no lo hagan contra los 14 imputados.

Seguramente pedirán que declaren responsables a los que están señalados como jefes: el exministro Abel Di Luca; el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz. ¿También a Marcos Osuna, exjefe de Departamento? Primer test para conocer si funcionó la paciente estrategia de su defensor público Juan Pablo Piombo.

Optimismo en las defensas

---

Del lado de las defensas hay optimismo. Aseguran, en diálogos de pasillo que se producen durante los cuartos intermedios, que la fiscalía no logró probar la asociación ilícita, el delito más grave de todos los enunciados.

Dos explicaciones un tanto esquemáticas.

Un sector de los imputados integran el «Grupo Rivadavia», donde funcionaba la dirección de Planes Sociales: Soiza, Sánz, Osuna, Isabel Montoya, Valeria Honorio. Allí se elaboraban los listados de beneficiarios (reales y paralelos), se ponía el cuerpo (literalmente) a las extracciones ráfaga y el cobro de cheques.

El otro es el «Grupo Anaya», sede administrativa del Ministerio de Desarrollo Social: Di Luca, Siegenthaler, Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo. Por allí circulaban los expedientes y los alcances, que iban y venían a la Tesorería y a la Contaduría General donde había un topo, un integrante de la organización que avalaba todo sin que -en teoría- sus jefas se enteraran.

A ellas, generalas de la Contaduría, no se las puede nombrar, pasaron por el juicio oral de manera anónima pese a los altísimos cargos públicos que ocupan u ocuparon. De rendir cuentas ni hablemos.

El link

---

¿Cuál es el link que une «Rivadavia» con «Anaya»? O en términos de la acusación fiscal, ¿cuál es la prueba irrefutable de que ambos grupos formaban una banda criminal?

Esa es la piedra de toque de la investigación. ¿Hay reuniones, correos electrónicos, cruces telefónicos, intervenciones telefónicas? Lo que se escuchó durante el juicio fueron testimonios que aportaron indicios. Habrá que ver cómo los anuda el alegato del Ministerio Público para darles fortaleza.

El precedente

---

La otra explicación: todos los abogados defensores conocen en detalle el fallo de la causa «Vialidad». Allí la fiscalía acusó por asociación ilícita pero el tribunal no hizo lugar a esa figura.

En esa causa, según los jueces, no se probó un acuerdo previo explícito o implícito entre todos los integrantes para formar una estructura organizada con una finalidad delictiva excluyente y continua.

Se consideró que fueron delitos cometidos en conjunto o coincidencias irregulares pero no con la habitualidad, permanencia y consenso de una organización criminal formalizada.

¿Faltó presupuesto?

---

El período investigado en este juicio abarca desde el 30 de septiembre del 2020 hasta el 31 de julio del 2022, cuando se descubrió la maniobra.

En 2022, el presupuesto aprobado para el Poder Ejecutivo de Neuquén fue de más de 250.836 millones de pesos.

Según la jefa de los Contadores de la provincia, su trabajo era que al final del ejercicio las cuentas cerraran: si entraban 100 y se gastaban 100, que estuvieran los recibos correspondientes. Y así sucedía. Ni la Contaduría ni el Tribunal de Cuentas -una de cuyas vocales compite ahora para ser camarista civil- ni ningún organismo de control encontró jamás nada fuera de lugar.

Sistemas y personas

---

Mal que les pese: fallaron los sistemas y las personas. Y una dosis de laisser-aller en una administración por décadas en las mismas manos hizo lo suyo.

Según dijo Vignaroli en el alegato de apertura, «estaba tan aceitada la maniobra que esto se descubre por azar«.

La historia oficial cuenta que la maquinaria se derrumbó cuando un beneficiario de planes sociales al que casi nadie le conoce la cara reclamó porque había encontrado su cuenta vacía. Pavada de efecto mariposa.