Fin a ocho programas ganaderos: el gobierno de Javier Milei disolvió regímenes de promoción y fomento
Se publicó este miércoles 18 de junio en el Boletín Oficial. Podría afectar actividades económicas en la Patagonia.
Fin a programas ganaderos: podría impacta en Neuquén y Río Negro por decreto nacional. Foto: Gentileza Nicolás Fuentes.
El Gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 408/2025 publicado este miércoles 18 de junio en el Boletín Oficial, disolvió ocho regímenes de promoción y fomento de actividades agropecuarias. Esta medida podría tener un impacto en las provincias de la Patagonia, como Neuquén y Río Negro. “La actividad administrativa tradicionalmente denominada como de ‘fomento’ o ‘ayudas públicas’ ya no forma parte del nuevo diseño de gestión estatal”, señala el documento.
La normativa, difundida hoy en el Boletín Oficial, establece la derogación de cinco leyes que sostenían programas de desarrollo ganadero clave para la Patagonia, como el ovino y caprino. El Poder Ejecutivo Nacional, según se desprende del decreto, asegura que «este contexto, en el que las políticas del Gobierno Nacional se orientan a reducir la intervención estatal y a maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas».
Entre las disoluciones más relevantes para la región patagónica se encuentran:
- El Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, creado por la Ley 25.422.
- El Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda y su Registro Nacional de Sericicultura, establecidos por la Ley 25.747.
- El Régimen para la Recuperación de la Actividad Caprina (Ley 26.141).
- El Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas (Ley 27.066).
- El Programa de Fomento para la Producción de Bubalus Bubalis (búfalo de agua) y el Consejo Federal Bubalino, creados por la Ley 27.076.
El decreto también disuelve los consejos y comisiones asesoras técnicas asociadas a estos regímenes, que funcionaban en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
Estas leyes, que ahora quedan sin efecto, otorgaban aportes económicos reintegrables o no reintegrables para la ejecución de proyectos, además de subsidios y fondos para la capacitación de productores y técnicos.
Su propósito era fomentar el desarrollo sostenido, la modernización y la radicación de la población rural. La medida se enmarca en las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró la emergencia pública en diversas áreas.
El impacto del decreto en la ganadería de la Patagonia: ¿afecta a Neuquén y Río Negro?
La disolución de estos regímenes de promoción ganadera podría tener repercusiones directas en las provincias de Neuquén y Río Negro. Ambas provincias cuentan con una fuerte presencia de la actividad ovina y caprina, fundamental para la subsistencia de muchas comunidades rurales y el desarrollo de economías locales.
Los productores de la Patagonia que dependían de estos programas para modernizar sus sistemas, acceder a financiamiento o capacitarse, deberán ahora buscar nuevas fuentes de apoyo o reestructurar sus modelos de negocio.
La eliminación de las Comisiones Asesoras Técnicas (CAT) asociadas a estos regímenes también implica la pérdida de espacios de consulta y seguimiento que articulaban las políticas nacionales con las necesidades provinciales.
Contexto de Desregulación y Emergencia
La decisión del Gobierno nacional se fundamenta en la búsqueda de una amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria, así como en la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal. El Decreto 408/2025 cita como base el Decreto N° 70/23, que promueve un sistema económico basado en decisiones libres y la eliminación de restricciones que distorsionen los precios de mercado.
La declaración de emergencia pública por parte del Congreso Nacional a través de la Ley N° 27.742 es el marco legal que faculta al Poder Ejecutivo a disponer la modificación o eliminación de competencias y la disolución de organismos.
El Gobierno sostiene que la situación administrativa exige medidas urgentes para mitigar problemáticas y asegurar una asignación más racional y eficiente de los recursos públicos. La medida es un paso más en la agenda de desregulación y ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.
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