Hubo un pedido de los jueces de Neuquén al TSJ, preocupados por ataques a su independencia

Todos los jueces penales de la provincia le pidieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, una reunión «a la brevedad» para transmitirle su «preocupación» por «la afectación de nuestra independencia funcional a nivel interno como externo».

Fue mediante una nota el 24 de septiembre pasado, aunque recién se conoció ahora. Pese a la urgencia del pedido, el Tribunal respondió que abordaría el tema en la reunión de acuerdo del 29 de octubre. Los Colegios de Jueces, que esperaban «celeridad en el tratamiento de un tema tan sensible para nuestro sistema democrático», tomaron una drástica decisión: retiraron la solicitud.

La información de la reunión frustrada fue revelada por fuentes judiciales a partir de la entrevista que Mazieres le brindó a diario RÍO NEGRO, en la que fue consultado sobre los cruces entre legisladores y magistrados por fallos sobre la ley de reiterancia.

Una «petición concreta»

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Mazieres evitó ingresar en la polémica. Dijo que el Tribunal le dará «tratamiento institucional» sólo en el caso de que un juez «sienta que agreden su independencia y hace una petición concreta».

Ahora se sabe que la petición concreta existió, no de parte de un magistrado sino de los 30 que integran los Colegios de Jueces penales de la capital, el interior y el Tribunal de Impugnación.

Diario RÍO NEGRO consultó en el Tribunal Superior de Justicia. La respuesta, extraoficial, fue que por lo delicado del tema se decidió que debía analizarlo el acuerdo con los cinco vocales presentes, y que los colegios no dieron tiempo a tratarlo. «Presentaron el pedido de reunión y en menos de un mes lo retiraron», fue la explicación.

Por correo electrónico

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La coyuntura, en aquellos días de septiembre cuando enviaron la nota al presidente del TSJ, era muy especial. El bloque de diputados del PRO le había enviado un correo electrónico a la casilla institucional del juez Maximiliano Bagnat para pedirle explicaciones porque no había aplicado la ley de reiterancia en un caso concreto.

La decisión del magistrado fue consentida por la fiscalía, único órgano facultado por la ley para apelar. Sin embargo en ese entonces el diputado Damián Canuto dijo a este diario: «el juez me tiene que dar a mí una razón y esto es una explicación razonable, porque en todo caso queremos entender por qué no se aplica una ley que está sancionada».

Bagnat no respondió el mail: el Colegio de Jueces del interior le contestó a Zulma Reina, la diputada a cargo de la presidencia de la Legislatura. «El requerimiento directo de explicaciones a un juez por otro poder del Estado, sobre un caso en trámite o resuelto, fuera de esos cauces no se encuentra previsto en nuestro sistema y podría vulnerar el principio de división de poderes«, dice parte del texto enviado.

El conflicto quedó latente.

La presión interna

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En el pedido del reunión a Mazieres, los Colegios hicieron referencia a «la afectación de nuestra independencia funcional tanto a niveles internos como externos». Los externos estaban claros: el correo electrónico de los diputados. ¿Y los internos?

La referencia fue a un fallo de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del 28 de agosto del 2025 en el cual se le sugiere a la fiscalía que les pida un Jurado de Enjuiciamiento a las juezas del Tribunal de Impugnación que dictaron una sentencia.

Sobre ese episodio también informó este diario. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid pidió la nulidad de un fallo y sanciones a las juezas Florencia Martini y Patricia Lúpica Cristo.

Doble voto

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La vocal del TSJ, Soledad Gennari, le respondió que no aplicarían las amonestaciones solicitadas pero le recordó al fiscal que tenía abierta la vía del jurado de enjuiciamiento «para determinar las responsabilidades que considere pertinentes».

Al voto de Gennari adhirió «en todo lo propuesto» el vocal Evaldo Moya. Sin embargo el año anterior, en la sentencia del caso «Comarsa», Moya había adoptado la actitud diametralmente opuesta.

Cuando el fiscal Breide Obeid afirmó que los jueces del Tribunal de Impugnación Florencia Martini y Richard Tincheri «incurrieron en prevaricato» (un delito) el vocal del TSJ no lo mandó a denunciar sino que le lanzó «una advertencia al fiscal jefe para que en lo sucesivo se abstenga de utilizar términos que puedan resultar ofensivos y agraviantes para la judicatura».