Imponen en Bariloche la licitación obligatoria para las concesiones públicas del municipio

Pese al rechazo del bloque oficialista, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que obliga a llamar a licitación antes del otorgamiento de cualquier concesión y le cierra el paso a las prórrogas directas. El texto no lo dice, pero el efecto directo es bloquear la continuidad automática de la empresa Amancay/Mi Bus en la explotación del servicio de transporte.

El impulsor del proyecto fue Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), quien aclaró que al abrogar la ordenanza 502/95 que habilitaba el salteo de licitaciones lo que buscan es “más transparencia y seguridad jurídica”.

Señaló que se trata de una ordenanza “constructiva” y no se propuso ir contra nadie en especial. Pero ante una consulta de este medio, reconoció que la preocupación central pasó por evitar la prórroga automática de Mi Bus a comienzos de 2027, cuando vence el contrato.

“Alguna negociación hay. Nadie lo dijo abiertamente salvo el gremio UTA, que reconoció la existencia de un preacuerdo entre el intendente Walter Cortés y el empresario Pedro Ponte”, sostuvo el concejal. Aunque todavía falta un tiempo considerable, esa sería el compromiso para que la firma asegure nuevas inversiones.

Hace más de dos meses, cuando el proyecto ingresó al Deliberante, el sindicato de choferes llegó a amenazar con uma medida de fuerza si aparecían obstáculos a la contratación directa, porque veía allí un riesgo para las fuentes laborales.

A pesar de esa presión, el Concejo en la última sesión aprobó la iniciativa con los votos de Incluyendo Bariloche, JSRN, Nos Une y Primero Río Negro. Con votos negativos (y sin argumentar) se manifestaron los dos concejales presentes del oficialismo, Gerardo del Río y Tomás Hercigonja. Estuvieron ausentes las concejales María Coronado y Samanta Echenique.

Asegurar transparencia

El apoyo clave fue el de JSRN, que hace dos años se había opuesto a un proyecto similar, cuando el concejo evaluó y aprobó la prórroga sin licitación de la concesión en el cerro Campanario.

La concejal de ese bloque Natalia Almonacid (quien en ese momento presidía el Concejo) reconoció su cambio de postura. “Aquella vez me opuse a eliminarla, en dos oportunidades, porque a mi entender era positiva para la ciudadanía, Pero ahora considero que no fue una buena herramienta” afirmó, respecto de la ordenanza que permitía eludir las licitaciones.

“Tal vez en otro momento haya servido, pero hoy nos reclaman transparencia”, abundó Almonacid.

Costa Brutten dijo que las expresiones públicas de UTA son “un caso increíble de lobby” en favor de la actual prestadora de transporte urbano. Advirtió que en menos de dos años estará en juego el rediseño del sistema y debe realizarse por licitación. “Si no se presenta nadie, el paso siguiente sería estudiar la municipalización, que debería ser considerada -dijo Costa Brutten- porque hoy de hecho Mi Bus funciona a fuerza de subsidios descontrolados”.

Aun así, dijo que el llamado a licitación obligatorio es “un planteo hacia el futuro” y busca poner fin a mecanismos que “no han funcionado”. Señaló que es indispensable la compulsa pública para garantizar igualdad a todos los oferentes y su proyecto “no es un castigo, ni tiene segundas intenciones”.

En los considerandos la nueva ordenanza señala que la anterior pudo estar orientada a “simplificar los trámites administrativos”, pero su aplicación “ha dado lugar a consecuencias que afectan negativamente la competencia”.

Agrega además que la adjudicación sin mediar proceso licitatorio “impide la exposición pública de los criterios de selección y la justificación de las decisiones, lo que puede generar desconfianza entre la ciudadanía y otros sectores involucrados. La transparencia es esencial para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente”.