La Corte Interamericana revisará la destitución de una jueza de Neuquén

Más de 12 años después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el caso. Advirtió sobre el cuidado en el uso del Jurado de Enjuiciamiento como mecanismo para remover funcionarios.

El 27 de junio de 2013, por mayoría, el Jurado de Enjuiciamiento decidió la destitución de la entonces jueza civil de Chos Malal, Graciela Beatriz Rossi, por «mal desempeño». El largo camino de impugnaciones que recorrió la exmagistrada la llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de declarar admisible su reclamo.

«Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumirá mi representación para analizar el fondo de la cuestión, y no hay ningún caso en el que no dicte un fallo acorde con las pretensiones del denunciante», dijo Rossi a diario RÍO NEGRO.

Añadió que «los fallos son de cumplimiento obligatorio, pero el Estado de Neuquén tiene la posibilidad de plantear una solución amistosa para evitar una condena absurda».

Negociación frustrada


La exjueza señaló que «en octubre del 2024 hubo conversaciones con la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia para alcanzar una solución de ese tipo, pero en otra muestra de violencia institucional me tuvieron siete meses dando vueltas sin ninguna respuesta. Ahora mi planteo ante la Comisión fue declarado admisible».

Rossi entregó una copia de la resolución de la Comisión IDH y destacó los conceptos que incluye sobre la independencia judicial.

Independencia judicial


«La CIDH recuerda que la figura de juicio político debe observar las garantías de debido proceso a fin de asegurar el principio de independencia judicial respecto de magistrados sometidos a dicho procedimiento. Ello en virtud de que el principio de independencia judicial es un pilar inherente a un sistema democrático y un prerrequisito fundamental para la protección de los derechos humanos».

«La Comisión ha determinado que si bien la figura de juicio político se ha reconocido como forma legítima de control respecto de otros órganos estatales (…) sólo excepcionalmente puede utilizarse como mecanismo de remoción de jueces».

En esta línea, «la Comisión considera que el presente asunto requiere de un estudio de fondo a fin de verificar que el juicio político tramitado contra Rossi haya respetado los estándares en la materia y la garantía de inamovilidad en el cargo y de independencia judicial».

Denuncias del sindicato


El Jurado de Enjuiciamiento contra Rossi se abrió por denuncias del sindicato Sejun de «presuntos actos de acoso u hostigamiento laboral» y «persecución y amenazas» contra empleados. Cada 27 de junio, cuando salió el fallo, es considerado por el gremio «Día de lucha contra la violencia laboral en el Poder Judicial». Uno de los denunciantes fue Mario Alonso, padre de Santiago Alonso, flamante secretario general del sindicato.

El juri lo integraron subrogantes en representación del Tribunal Superior de Justicia: Alejandra Bozzano, Andrés Luchino y Adolfo Manson. Por la Legislatura fueron Pamela Mucci y Manuel Fuertes (autor del voto más extenso, hoy es secretario de Superintendencia del TSJ) y por los colegios de abogados María Soledad Valls y Pablo Cédola.

La acusación estuvo a cargo del fiscal general José Gerez y el defensor de Rossi fue el abogado Gustavo Olivera. La remoción fue por mal desempeño.


El 27 de junio de 2013, por mayoría, el Jurado de Enjuiciamiento decidió la destitución de la entonces jueza civil de Chos Malal, Graciela Beatriz Rossi, por "mal desempeño". El largo camino de impugnaciones que recorrió la exmagistrada la llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de declarar admisible su reclamo.

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