La fiscalía avanza contra el intendente Bertolini y le abre un frente político con el Deliberante de Plottier

La fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero, pidió que fijen fecha a la audiencia para formularle cargos al intendente de Plottier, Luis Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada. Los presuntos delitos son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La audiencia se realizará ante un juez de Garantías en día y hora a determinar. Si el magistrado tiene por formulados los cargos y abre el período formal de investigación, Bertolini podría ser suspendido en el cargo.

El artículo 79 de la Carta Orgánica de Plottier dice: «Cuando se imputare la comisión de un delito doloso al intendente, concejal/les (…) su suspensión preventiva, procederá de pleno derecho, cuando el juez competente, interviniente en la causa, dictare el auto de procesamiento (…)».

El auto de procesamiento no existe en la provincia, pero se lo suele equiparar con la formulación de cargos.

El orden sucesorio

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Si lo suspenden, asumiría en su lugar la presidenta del Concejo Deliberante. Se trata de Malena Resa, del partido Comunidad, que conduce la actual senadora Julieta Corroza, espacio que también impulsó políticamente al gobernador Rolando Figueroa dentro del frente Neuquinizate.

Bertolini perteneció a Desarrollo Ciudadano, el partido creado por Gloria Ruiz, del cual se bajó cuando la exvicegobernadora fue destituida.

La acusación formal

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La fiscalía informó de manera oficial que su objetivo es «formalizar la acusación contra las tres personas en el contexto de una investigación que inició en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo con dos ejes: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales».

Como ya informó diario RÍO NEGRO, el mes pasado hubo una serie de allanamientos destinados a recoger documentación.

Facturación bajo sospecha y vínculos familiares

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Uno de los puntos más críticos de la pesquisa es el análisis de una planilla que detalla pagos por 200 millones de pesos a nombre de un particular vinculado a la cúpula de Hacienda. Sobre este hallazgo, Vignaroli explicó a AM 550: «Ayer tuve a la vista una planilla donde se detallaban 6 o 7 facturas a nombre de Pedro Vilches, con una denominación de fantasía que decía VALCO y la suma total llega casi a los 200 millones».

Asimismo, el fiscal aclaró la composición de la firma y la necesidad de revisar el cumplimiento de la Ley 2141 de Administración Financiera, que exige licitaciones públicas como norma general. Al ser consultado sobre el parentesco de los involucrados, precisó que «Vilches es el socio del hijo (de la Subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramirez) en la empresa Valco, con lo cual ahora tenemos que ampliar la investigación para ver de qué modo la contrataban».

Vignaroli fue contundente al afirmar que existe una falta de transparencia deliberada en la gestión de estos expedientes para evitar el ojo público. En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que «buscaban un mecanismo de facturación para ocultar el vínculo de uno de los socios de Valco con la subsecretaria de Hacienda».

Bertolini, quien designó como abogados a Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez, dijo en reiteradas ocasiones que no renunciará.