La Libertad Avanza, a pocas fichas de obtener su sello en Neuquén: la afiliación de dos muertos trajo más demoras
El partido que lidera la diputada nacional Nadia Márquez necesita la aprobación definitiva de la justicia federal para competir en las elecciones de octubre.
Nadia Márquez, diputada nacional de LLA en Neuquén. Foto: Matías Subat.
La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei que se está armando en Neuquén con la diputada Nadia Márquez a la cabeza, quedó a poco menos de 150 fichas de afiliación de tener su reconocimiento definitivo en la justicia federal para las elecciones del 26 de octubre. El último informe de control volvió a detectar fichas de afiliación de personas muertas, además de otras irregularidades que echaron para atrás 53 incorporaciones.
El partido, como todos los que buscan inscribirse en el juzgado federal de Neuquén este 2025, necesita un mínimo de 2.280 afiliaciones para obtener su personería. La Libertad Avanza alcanzó un reconocimiento provisorio en febrero de este año, donde también se le hicieron observaciones en la Carta Orgánica que debe subsanar en esta instancia.
La agrupación presentó su nuevo texto esta semana y quedó para control de la jueza Carolina Pandolfi.
En cuanto a las fichas de afiliación, la última entrega que hicieron los apoderados fue de 709 fichas, de las cuales se aceptaron 656.
La justicia rechazó algunas que registraban baja del padrón electoral por cambio de domicilio, otras de ciudadanos excluidos del padrón, otras que tenían errores en los datos consignados y, más importante, dos que pertenecían a personas ya fallecidas.
Se trata de Aníbal Alberto Goycochea, quien registra la baja por fallecimiento desde el 23 de agosto del 2024, y de Norma Elizabeth Pascal, fallecida el 23 de enero de 2025.
La jueza Pandolfi removió como certificadores a los dos integrantes del partido que avalaron ambas fichas: Esteban Sebastián Salas y y Juan Manuel Brizuela. Antes, por la presentación de otras dos fichas de afiliación de personas muertas, había hecho lo mismo con los certificadores Andrés Ros y Cintia Natalia Zamora.
En esos casos, la justicia envía las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si corresponde iniciar una investigación penal contra las personas que certificaron esas firmas.
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