Las contratistas exigen una ley de emergencia, bajo amenaza de parar la obra pública de Neuquén
Exigen que se ajusten los pagos a la inflación y el valor del dólar. Esperan ser recibidos por el gobernador Gutiérrez.
Las empresas pusieron como fecha límite el 24 de julio. Si no hay respuesta a sus demandas, pararán sus obras. (Foto archivo Matías Subat).-
Un grupo de empresas contratistas del Estado se unió para exigir una ley de emergencia, bajo amenaza de parar la obra pública en Neuquén si no tienen respuesta. Esperan mantener un encuentro con el gobernador Omar Gutiérrez y que sea él quien presente el proyecto en la Legislatura. Aseguran que necesitan que los valores se ajusten a la inflación y al valor del dólar.
La advertencia surgió del Grupo de Empresarios Ejecutores de la Obra Pública (Geeop). Detallaron que se trata de Línea Eco, Dazzi Ale|andra y Bruno Torreisan, Limayaer SRL, Carlos Carmaran y Gustavo Marinell, Zoppi Hnos SA, Amoldo Baumann y Dino Zoppi, Okume SA, Carlos Verta, Castro Mariela, Marcelo Blanda, A-O.I SRL, Hector E. Oxagaray – Fines SRL, Gilberto Groppa, Blackhall Construcciones SRL, Matías Blackhall- Saiquen Construcciones SRL, Pablo Sáez, Quatro SRL, Ing. Marcelo Carvi, Arq. Agustin Giells, Maiolo Construcciones y Servicios, Ignacio F. Malolo, OMEGA S A, Ezequlel Regente – EKKIS, Nelson Iglesias – Ello Tarifeño, CONFORMAR, Silvano Cuevas, EMCOPAT S.A- Mcon SA, Solange Verónica Dohollain.
Explicaron que pretenden una norma legal para hacer frente al «deterioro de la ecuación económico financiera» para que se restablezca el «equilibrio prestacional» de forma automática.
Aseguraron que los índices que se emplean actualmente no son representativos y que esto se suma a la mora en el pago, la emisión de los certificados de obra y las redeterminaciones. También piden que se tengan en cuenta la inflación, la incidencia real de la variación del dólar en relación con los productos importados o con precio internacional y la pérdida de ritmo de las obras con la suspensión parcial o total.
Para enfrentar este panorama, esperan que Gutiérrez eleve una ley de emergencia de la obra pública. También, que la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) se ponga al día con los certificados y la redeterminación de precios de las obras, y que se devuelvan las multas de Tesorería.
Para finalizar, las empresas decidieron que si no tienen respuesta del Ejecutivo, paralizarán las 71 obras públicas que tienen a cargo, desde el 24 de julio.
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