Las cámaras de videovigilancia en la vía publica crecen en todo Río Negro

Hace solo una década la tecnología todavía no lo permitía, pero hoy la demanda de mayor seguridad en la vía pública es atendida en parte por la policía y también por los municipios con el emplazamiento de cámaras de videovigilancia, que lograron sortear la polémica inicial y quedaron incorporadas a la vida cotidiana.

Las inversiones para instalar equipos y el control permanente de las imágenes -que demandan atención las 24 horas, sin feriados- son asumidas en general por el ministerio de Seguridad, a través de la red 911, aunque en algunos casos también se involucran los municipios. El de Bariloche, por ejemplo, fue pionero en la materia.

En Viedma existen 75 cámaras en funcionamiento, a partir de un convenio entre la provincia y el municipio, con un centro de monitoreo a cargo de la central de Río Negro Emergencia (911).

El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Río Negro, José Arcajo, dijo que “la provincia se hace cargo de toda la infraestructura, la tecnología y, a veces la compra de las cámaras, y los municipios se hacen cargo de la conectividad y la energía sobre el terreno”. Señaló que el objetivo para la capital rionegrina es llegar a las 110 cámaras antes de fin de año.

En Roca, desde el municipio informaron que la responsabilidad de la seguridad es del gobierno provincial, a través del ministerio respectivo y de la policía, aunque la municipalidad “colabora de diferentes formas”, en respuesta a las demandas e la comunidad.

El monitoreo de las cámaras de videovigilancia está en manos de la policía y el municipio aporta a la red 30 cámaras propias ubicadas en distintos puntos de la ciudad, más 20 cámaras para contravenciones de tránsito.

Se aclaró que las tecnologías son distintas -no todos los equipos tienen la misma prestación- y que el gobierno local pone a disposición las imágenes que registra cuando lo piden la policía o la Justicia.

El subsecretario municipal de Protección Civil de Bariloche, Carlos Madjinca, dijo que esa ciudad acumula una experiencia de diez años en la materia y que en la actualidad cuenta con 145 cámaras operativas, cuya distribución cubre buena parte del área céntrica y algunos puntos estratégicos en los barrios.

El funcionario dijo que se trata de una red importante, pero igual “es poco para Bariloche” y hay pedidos constantes de los vecinos para que se instalen cámaras nuevas, que no se pueden satisfacer.

El centro de monitoreo funciona “las 24 horas de los 365 días del año”, con un supervisor y seis “visualizadores” por turno, que se desempeñan de acuerdo a un protocolo de actuación con especificaciones muy claras sobre cómo realizar seguimientos cuando se detectan actitudes delictivas o sospechosas.

Algunas cámaras son fijas y otras son tipo “domos” con capacidad de rotación en 360 grados. Madjinca dijo que las tecnologías evolucionan y que hoy el costo de un “domo” ronda hoy los 2.700 dólares. Explicó que a veces es difícil concretar las compras de acuerdo a lo planificado, porque “todo es importado y los proveedores no siempre tienen”.

Hoy el municipio de Bariloche tiene cinco equipos en reparación. El subsecretario explicó que a la hora de instalar nuevas cámaras buscan la prioridad está en cubrir los “puntos ciegos” en avenidas y arterias principales. Cada cámara tiene un radio de cobertura aproximado de 400 metros y en algunos casos fueron instaladas a distancias de 1.500 metros.

Señaló que el intercambio con la policía y la Justicia es muy fluido, que responden con la búsqueda y aporte de registros ante cada “oficio” y que las imágenes se almacenan entre 90 y 120 días, aunque esa capacidad “depende de la memoria” de cada equipo.

Discusiones archivadas

La vigilancia en la vía pública a través de cámaras tanto de organismos públicos como de comercios, empresas o viviendas particulares es hoy moneda común y dejó atrás los cuestionamientos originales, cuando surgían reparos ante las posible colisión con el “derecho a la privacidad” que podía representar el seguimiento permanente, y la inversión que insumiría para mantener un ojo atento del Estado sobre todos los ciudadanos.

Esto último terminó por ser asumido como un costo más para la administración, ante la exigencia creciente de la población por los casos de inseguridad. El municipio de Bariloche tiene asignado para este año un presupuesto de 650 millones de pesos para “mantenimiento de equipos de seguridad y gestión de monitoreo”.

Según lo informado desde la provincia, en la capital provincial la conectividad para el control de las cámaras en tiempo real es un servicio de Altec.

Arcajo explicó que para lograr un seguimiento más eficiente le piden a la policía la “base de datos” sobre los hechos delictivos más frecuentes”, que en buena medida ocurren en horarios nocturnos y en lugares “con baja iluminación y baja transitabilidad”.

La provincia desplegó desde en el último año unas 30 cámaras nuevas en localidades como Cinco Saltos, Cipolletti, Villa Regina, San Antonio Oeste, Las Grutas y El Bolsón. Según Arcajo, se valieron de la “experiencia de los operadores del centro de monitoreo”, la información policial y datos de los municipios en la búsqueda de “coincidencias” para definir el lugar de las cámaras.

Sostuvo que en Viedma está proyectado mudar el centro de monitoreo al edificio de la vieja terminal, donde también tienen la intención de emplazar dependencias administrativas de Seguridad y Defensa Civil.

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Fiscalía: “Las cámaras son de mucha utilidad”

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El fiscal jefe de la Circunscripción Tercera Martín Lozada, reconoció que la investigación criminal cambió por completo desde que se generalizó la instalación de videocámaras en las áreas urbanas, y afirmó que las imágenes han contribuido a resolver muchos hechos delictivos.

“Hay una proliferación de cámaras y es verdad que son de mucha utilidad” dijo el fiscal, aunque advirtió que las tecnologías son muy desparejas. Algunos dispositivos son obsoletos y otras “no tienen el service” adecuado y la información que aportan es muy relativa.

Señaló también que hay mucho por hacer en la sistematización y conservación de las imágenes y en la distribución geográfica de las cámaras, que en general se realizan sin consultar al poder judicial. “Hay áreas más sobrecargadas que otras”, sostuvo el fiscal.

Señaló que si bien no existe un mecanismo fluido de consultas sobre la mejor forma de extender la red de videovigilancia, mantienen una relación complementaria entre los organismos. “Vamos interactuando y sugiriendo a los operadores”, afirmó.

Según Lozada, la investigación de los delitos “varió sustancialmente” desde que existen las videocámaras y desde que hay “un teléfono celular en la mano de cada persona”.

Observó también que ya no es materia de discusión si la cámaras en la vía pública son “una invasión a la privacidad”, como algunas voces lo advertían años atrás. Aunque dijo que todavía puede ser materia de debate la instalación en lugares “semipúblicos”, por ejemplo dentro de un centro comercial. Lo que sí está vedado y socialmente convenido, por ahora, que no corresponde ubicar cámaras en un baño.

Lozada dijo de todos modos que las ciudades de la región están lejos todavía de una situación como la de Londres, donde en los espacios públicos “no hay un solo metro cuadrado” que quede a salvo de los registros en video digitalizado.