Los retiros voluntarios en Río Negro siguen bajos y hay problemas en su tramitación

Después de más de un año de implementación, el plan de desvinculación del Estado rionegrino se mantiene con bajas respuestas.

En los 13 meses de aplicación, el registro totaliza 103 renuncias de estatales que adhirieron al nuevo régimen de retiro voluntario, basado en una norma de 1997 aunque se actualizaron sus condiciones.
Otros 60 expedientes ya fueron aprobados mientras decenas más se tramitan en los organismos.

Los tiempos de finalización o su efectivo pago de la indemnización son puntos de cuestionamientos por parte de los agentes públicos.

En un caso extremo, una empleada del Ipross, de Fernández Oro y con 21 años de antigüedad, formalizó su renuncia en enero y, ocho meses después, no logró su desvinculación. Aún no percibió su indemnización y, obviamente, ya no cobra su haber estatal. La tramitación incluyó un fallido decreto.
También aparecen quejas por atrasos en las cancelaciones por parte de la Tesorería, que alcanzan entre cuatro y cinco meses, en algunos expedientes.

En Hacienda relativizan esos plazos, pero se esgrime que cada cartera tiene planificada su disponibilidad de fondos y puede ocurrir que las órdenes de pago superen sus límites.

En el gobierno provincial aceptan otros inconvenientes, como fallas administrativas en los organismos u observaciones de la Función Pública.

En mayo del 2024, la Legislatura aprobó el nuevo esquema de retiros, con su puesta en marcha en junio, con su reglamento y su posibilidad de adhesión.

No existe -por ahora- plazo de cierre de solicitud para la incorporación al programa estatal.

La concreción del retiro se cumple con el decreto de aceptación de la dimisión y, en principio, los funcionarios preveía unos dos meses para que los estatales cobren o inicien la percepción de los montos asignados, previendo su cancelación de hasta en 12 cuotas.

Hasta ahora, el número de adhesiones suman 103, que representan ocho alejamientos mensuales.
El segmento estatal comprendido por el régimen alcanza a unos 12.000 estatales.

El listado de adhesiones está encabezado por el ministerio de Educación, con 46 formalizaciones. Son porteros ya que la ley actualizada no permite la incorporación de docentes, como tampoco, de policías y de penitenciarios. Esas exclusiones se argumentaron en que esos alejamientos generaban vacantes que exigirían nuevas designaciones.

El personal de apoyo en las escuelas también requiere de nombramientos y eso está ocurriendo.
La nómina continúa con la Agencia de Recaudación, con 12, y la cartera de Gobierno, con 11.

Seis renuncias sumaron en Vialidad y en el ministerio de Desarrollo Económico; cinco en Desarrollo Humano y cuatro en el Ipross.

Sigue el DPA, con tres presentaciones, mientras que dos se formalizaron en el IPPV, el ministerio de Seguridad y la Secretaría General. Una sola adhesión figuran en Contaduría, Idevi, Lotería, Obras Públicas, Hacienda, Salud y Energía.

Las condiciones

La indemnización fijada equivale a 1,2 sueldos por cada año de antigüedad, previéndose un pago al contado y en cuotas a partir de los seis años de antigüedad.

El nuevo sistema garantiza al desvinculado la cobertura de la obra social provincial por un año.
Según el esquema de la cancelación de la indemnización, el desembolso será totalmente al contado en los empleados de menos de cinco años.

En el resto incluirá cuotas, con la siguiente escala: de 6 a 10 años se abonarán seis sueldos al desvincularse y el saldo en tres cuotas mensuales; de 11 a 15 años se abonará el 50% al contado y en seis cuotas; y superiores a 16 años se cancelará la mitad al contado y en 12 cuotas.

Los montos de las cuotas se irán actualizando de acuerdo con los aumentos recibidos en la categoría en la que se retiró.

Los estatales que adhieran no podrán ingresar nuevamente como agente público al Estado provincial, excepto quienes ejerzan docencia.

Una indemnización demorada y un frustrado proyecto personal

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Paola Vázquez en septiembre pasado comenzó con la gestión de desvinculación del Ipross, con 21 años de antigüedad.

Vive en Fernández Oro y aceptó la oferta estatal para encarar otro proyecto: un Centro Estético. Pero, la concreción del retiro se demoró. El 6 de enero pensó que se aceleraría porque la llamaron desde la obra social para que presente su renuncia. Así, lo hizo pero, casi ocho meses después, aún espera por su conclusión y su indemnización cuando ya no percibe su haber del Ipross.

En una ta enviada a Río Negro contó que “ahora estoy sin trabajo y sin el dinero que me corresponde. No sé a quien más reclamar”.

Agregaría que sus reclamos llegaban a una empleada de Recursos Humanos del Ipross, pues nunca logró respuesta de la jefa del área. Logró sí cruzar mensajes con el gobernador Alberto Weretilneck, que hasta le contestó que se ocupaba pero, en realidad, el expediente se concluía.

El trámite tuvo un fallido importante a fines de mayo cuando el decreto N° 419 de renuncia y de la desvinculación se formalizó con un error, que obligó a anularlo y cumplir con su rectificación.
Los funcionarios admiten que ocurre que la norma se redacta sin aclarar que el agente estatal continúa con la cobertura del Ipross por un año.

Vázquez recuerda de demoras similares en dos compañeras suyas del Ipross que optaron por irse y repasa de casos de ingresos posteriores al Estado provincial, con lo cual, descree que el programa procure reducir la planta de personal. Pero, esencialmente, se lamenta que ya no podrá cumplir con su propósito de la apertura de un Centro Estético en Fernández Oro.