Muertes en la Unidad 11 de Neuquén: qué dijeron la jueza, la defensa y la fiscalía sobre las responsabilidades
Dos personas murieron en diferentes circunstancias en la Unidad 11, en marzo y abril. Se habló de la responsabilidad del Estado en la tensa audiencia por la crisis carcelaria.
La última discusión entre la fiscalía, la fiscalía de Estado y la defensa pública por la crisis carcelaria en una audiencia judicial tuvo como telón de fondo las dos muertes que ocurrieron en la Unidad de Detención 11 de Neuquén en marzo y abril, ambas bajo investigación por ahora sin resultados. Lo que se debatió fue la reapertura del cupo que la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, impuso en la Unidad 11 en noviembre del 2022, justamente después de otras dos muertes en las celdas. Poco ha cambiado en estos dos años y medio.
Como informó diario RÍO NEGRO, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y el representante de la fiscalía de Estado Gustavo Kohon, en representación del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, le pidieron a la jueza Raquel Gass que permita el ingreso a la Unidad 11 de 30 personas que cumplen condena en comisaría en condiciones indignas.
La magistrada rechazó la solicitud porque dijo que en la cárcel no se crearon plazas genuinas sino ficticias, por ejemplo apilando el doble de camas en el mismo espacio. «Lo que propone el Ejecutivo es que estén todos mal, en comisarías y en la Unidad 11. No parece razonable«, afirmó en su resolución.
Movimientos de personas
En la audiencia declaró como testigo el jefe de la Unidad, comisario Alejandro Rodríguez. A pedido del fiscal jefe Breide Obeid, explicó que cuando terminaron de reparar el pabellón 8 decidieron reubicar allí a 37 internos de los pabellones 3 y 5, de máxima seguridad.
En un tetris, a los pabellones 3 y 5 llevaron a los internos de los pabellones 2 y 3, que hoy están vacíos y en reparación, con 20 camas cada uno. Según las cuentas del jefe de la Unidad, ahora en la cárcel hay 40 lugares más.
Qué pasó en el pabellón 8
Como también informó este diario, el traslado al pabellón 8 eso generó una protesta que fue reprimida el 24 de marzo. Los internos del 5, uno de los sectores más tranquilos, pidieron volver a su lugar de origen, incluso escribieron una carta con esa solicitud.
Según relató Rodríguez, «los ex pabellón 3 y 5 llegaron a un acuerdo el viernes 28. Nos sorprendió lo rápido que lo alcanzaron, unificaron el uso del patio y el taller».
«Una situación lamentable»
Pero pocos días después, el 18 de abril, se produjo lo que describió como «una situación lamentable».
Señaló que «por problemas de convivencia entre los internos, resultó que perdió la vida Aguilar Michel. Fue muy violento el enfrentamiento que hubo».
«¿Cómo se explica, no había un acuerdo?» le preguntó el fiscal jefe. «No se explica -respondió el comisario- Los internos constantemente tienen emociones, dentro del contexto de encierro el manejo de las emociones es muy difícil».
La responsabilidad del Estado
En su alegato, la defensora de Ejecución Luciana Petraglia relacionó la falta de espacio con las muertes de Aguilar y de Emanuel Franco, quien falleció al prender fuego un colchón durante una protesta.
«El derecho humano fundamental es la vida, y acá se murieron dos personas», dijo Petraglia. «Una en el Pabellón 6 por el incumplimiento del Estado, porque no dieron colchones ignífugos tal como ordenó la jueza. La otra en un conflicto entre dos pabellones que fueron juntados para generar plazas ficticias para venir a esta audiencia y decir ‘tenemos 40 lugares más'».
«Generaron estos nuevos cupos apilando gente en otro lugar, y esto generó la muerte de Aguilar, no sé si la fiscalía investiga la responsabilidad del Estado en esto», continuó. «Nosotros establecimos que si se creaban nuevas plazas, en el traspaso y en los movimientos se tenía que guardar especial cuidado a la vida y a la integridad física de las personas que movieran, esto no se cumplió».
El evento no querido
El abogado Gustavo Kohon tuvo a su cargo la réplica, como si respondiera una demanda: «Rechaza la imputación de que hubiera responsabilidad del Estado en los sucesos ocurridos». Dijo que en el caso de Franco, «él mismo reconoce que prendió fuego un colchón, eso le produjo el evento no querido (se refiere a su muerte), esa es la causa, pretender responsabilizar al Estado no es correcto, el Estado no es un asegurador de todos los eventos que puedan suceder, deben darse determinadas condiciones».
Sí hay responsabilidad estatal
La jueza Raquel Gass, por su parte, tuvo una frase elogiosa para el comisario Rodríguez («su trabajo diario impidió que se pierdan muchas más vidas humanas») pero recordó que «la responsabilidad estatal en las personas sujetas a control del Estado es distinta que extramuros, en esto sí hay una responsabilidad estatal, por eso el resguardo de la integridad física tiene que ser la consigna primaria al momento de trasladar y alojar personas de las comisarías y en las Unidades de Detención».
La última discusión entre la fiscalía, la fiscalía de Estado y la defensa pública por la crisis carcelaria en una audiencia judicial tuvo como telón de fondo las dos muertes que ocurrieron en la Unidad de Detención 11 de Neuquén en marzo y abril, ambas bajo investigación por ahora sin resultados. Lo que se debatió fue la reapertura del cupo que la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, impuso en la Unidad 11 en noviembre del 2022, justamente después de otras dos muertes en las celdas. Poco ha cambiado en estos dos años y medio.
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