Nueve años de Chiqui Tapia en la AFA: logros deportivos y desafíos judiciales a tres meses del Mundial

Claudio “Chiqui” Tapia cumple nueve años al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con un ciclo marcado por logros deportivos, ordenamiento institucional y crecimiento económico, aunque atraviesa un escenario judicial que suma presión a menos de tres meses del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

AFA bajo Chiqui Tapia: del orden económico y deportivo a las causas judiciales

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La AFA informó que, desde la asunción del 29 de marzo de 2017, la gestión avanzó en la normalización institucional tras una etapa de crisis, con el fortalecimiento de la estructura interna, la consolidación del vínculo con clubes y ligas y una mayor federalización con participación del interior.

Además, destacó la modernización administrativa mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y mejoras en los procesos de control y gestión.

En el plano deportivo, señaló la recuperación del protagonismo internacional de la selección argentina, junto con el desarrollo de los seleccionados juveniles y del fútbol femenino, bajo un esquema de identidad, continuidad y planificación a largo plazo.

En lo económico, indicó un incremento de ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración que permitió sostener las competiciones e invertir en infraestructura y capacitación.

La actualidad institucional convive con causas judiciales. El juez en lo penal económico, Diego Amarante, rechazó el pedido de Tapia para salir del país por 60 días en una causa por presunta retención indebida de aportes, al considerar que “la imprecisión de los motivos alegados” y la falta de documentación actualizada impiden flexibilizar la medida.

En paralelo, el juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos en Viamonte y Ezeiza en una investigación por el presunto manejo de fondos a través de la empresa TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni. El expediente alcanza también al tesorero Pablo Toviggino por la presunta relación con una propiedad en Pilar y posibles desvíos.

Además, el Gobierno dispuso una veeduría por 180 días. Los designados Rubén Miguel Pappacena y Agustín Ortiz de Marco analizarán balances, contratos, aportes y vínculos comerciales.

NA