Defensores pidieron absolución para seis mapuches por usurpación en Villa Mascardi

Los abogados patrocinantes de los seis mapuches acusados de usurpación y despojo de tierras en cercanías del lago Mascardi expusieron hoy sus alegatos finales en el juicio que podría terminar con condenas de prisión efectiva y pidieron la absolución de sus defendidos.

El juicio que se lleva adelante por zoom es encabezado por el juez federal Alejandro Silva ingresó ya en su tramo final. La última jornada está programada para el lunes 26, con las “réplicas” de las partes a sus respectivos alegatos, las palabras finales de los acusados y el veredicto final, que Silva prometió para ese mismo día.

En la audiencia anterior la fiscalía y las querellas habían fundado las acusaciones por “usurpación por despojo”, por tres hechos cometidos entre 2019 y 2022 en un hotel abandonado de Parques Nacionales y en dos predios privados, Los Radales y la Escondida.

Los pedidos de pena variaron entre los dos años de prisión en suspenso para Celeste Güenumil -que habría participado de uno solo de los hechos- y los cuatro años de prisión efectiva para Luciana Jaramillo, Jésica Bonefoi, Romina Rosas, para la machi Betiana Colhuan y para el único varón llevado a juicio, Matías Santana.

El fiscal titular es Rafael Vehil Ruiz y como querellantes intervienen Natalia Cardozo en representación de Parques Nacionales y Martín Maschwitz, por uno de los particulares damnificados.

Los defensores descargaron fuertes descalificaciones sobre los planteos de la acusación y dijeron que los mapuches, integrantes en su mayoría de la comunidad Lafken Winkul Mapu son víctimas de una “persecución política”. Uno de los letrados, Eduardo Soares, pidió disculpas por su vehemencia y la justificó en que sus clientes “se juegan cuatro años y medio de cana”.

Algunos de ellos ya tienen condenas anteriores por un delito similar y perderían el derecho al cumplimiento condicional.

Soares cuestionó por “supremacistas y racistas” a los acusadores y le pidió al juez que a la hora de dictar el fallo no atienda sus razones. “Usted tiene el conocimiento del derecho, la honorabilidad y la apertura ideológica para no darle bola a esta gente” le pidió al juez, que instantes después lo amonestó por su lenguaje.

El fracaso del diálogo

La abogada Laura Taffetani cuestionó otros aspectos de la imputación, hizo notar que una casilla de Gendarmería incendiada durante los incidentes “estaba dentro de un predio privado”, y consideró que era una connivencia inaceptable.

También apuntó contra la “mesa de diálogo” dispuesta durante el gobierno anterior para buscar una solución acordada con la comunidad que había ocupado las tierras. “Fue una mesa en la que se exigía la rendición previa y que se retiren del lugar -cuestionó Taffetani-. Es un insulto. Así no se resuelve ningún conflicto”.

Todos los defensores pidieron la absolución de los referentes mapuches, que fueron desalojados por la fuerza en octubre de 2022. Las mujeres estuvieron detenidas varios meses al comienzo del proceso y también Santana cumplió prisión cuando fue capturado luego de estar prófugo durante un año y medio.

Otro de los abogados, Virgilio Sánchez, pidió “no olvidar que los pueblos originarios han sido despojados de su territorio”, y allí estuvo el punto de partida de los conflictos hasta hoy irresueltos.

Señaló que las reivindicaciones territoriales mapuches tiene siempre la forma de “propiedad comuntaria indígena”, distinta a la propiedad privada, porque “no se puede vender ni trasnaccionar”.

Pidió también al juez que a la hora de fallar “analice el concepto de pena natural, que tiene que ver con la proporcionalidad del mal que se le impone al imputado durante el proceso en relación con la pena del delito”. Dijo que las acusadas sufrieron maltratos en prisión, “requisas humillantes”, traslados a Buenos Aires y una de ellas debió dar a luz privada de la libertad.

Su par Gustavo Franquet aportó una cita pormenorizada de los tratados internacionales de derecho indígena y sostuvo que “desconocer el Estado argentino no es ningún delito”. Sobre el caso de Güenumil, que no pertenece a la lof y estaba en Mascardi con un problema de salud, para ser asistida por la machi, señaló que “era paciente” y la fiscalía debía “probar conexión con el despojo, pero no hay manera, porque no participó”.

También fue motivo de controversia el rehue o espacio ceremonial mapuche que emplazó la comunidad en Mascardi y que perdura hasta hoy. La fiscalía pidió poner fin a ese resguardo y restituir el predio a Parques Nacionales

El abogado de Güenumil, Álvaro Arias Camacho, reclamó respeto para esa expresión de espiritualidad y pidió no asociarla con delitos contra la proiedad. “Con los altares al gauchito Gil -argumentó- nadie entiende que estén cometiendo usurpación o que se trate de prácticas delictivas”. Pidió “entender el sentir religioso que difiere del sentir preponderante. Al no entender eso, se banaliza y se toma como excusa para criminalizar”.