Planes Sociales: la fiscalía de Estado ratificó que apelará e insistirá con la asociación ilícita

La Fiscalía de Estado de Neuquén reiteró que interpondrá el recurso ante el Tribunal de Impugnación, el equivalente a una apelación, «para que se examine nuevamente la acusación por asociación ilícita, tal como se sostuvo durante todo el proceso», en contra de las 12 personas condenadas por la estafa con planes sociales.

La información oficial fue difundida este jueves, horas después de que el Tribunal de Juicio diera a conocer la sentencia de determinación de la pena contra los imputados, a los que condenó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

«Es importante señalar que estas condenas alcanzan únicamente a dicho delito y no abarcan otras conductas que fueron materia de acusación», como por ejemplo la asociación ilícita.

La fiscalía de Estado fue querellante en la causa, que se inició por una denuncia del Banco Provincia de Neuquén en junio del 2022. En las audiencias estuvo representada por Gustavo Kohon.

«La valoración integral de la prueba permitió identificar una dinámica organizada, sustentada en un entendimiento previo entre varios intervinientes, con roles diferenciados y una estructura funcional que se mantuvo en el tiempo, elementos que justifican la revisión solicitada», dice el comunicado.

La sentencia conocida este jueves tampoco hizo lugar a los pedidos de decomiso de algunos bienes de ciertos imputados, y dispuso que se levante el embargo e inhibición de sus bienes cuando quede firme.

La fiscalía de Estado señaló que «en relación con los daños económicos ocasionados al erario, prosiguen las acciones civiles en curso, orientadas a la recuperación de los fondos públicos afectados».

«De la misma manera, se recurrirán todas aquellas resoluciones que, de alguna forma, puedan comprometer o poner en riesgo el patrimonio fiscal, tal como lo exige la misión institucional de este organismo».

Por último, «ratificamos que nuestro objetivo es que la respuesta judicial sea integral y proporcione la máxima tutela al patrimonio público y a la confianza ciudadana».