Violencia hacia los docentes: ¿Prevención o seguridad privada en las escuelas de Río Negro?

Crecen los casos de agresiones en los establecimientos educativos de la provincia. Hay dos propuestas: Unter tiene un anteproyecto que comenzó a circular y busca que se traduzca en ley. Un legislador impulsó otra iniciativa con enfoque distinto.

Los hechos de violencia hacia docentes en las escuelas son cada vez más recurrentes en Río Negro, por eso la Unter inició una ronda de consultas con legisladores para proponer un proyecto de ley basado en la prevención, mientras que en el Parlamento otra iniciativa apunta a una solución distinta con agentes de seguridad privada en los establecimientos.

Los proyectos son opuestos, con algunos puntos en común en la parte punitiva y de sanciones, pero ambos coinciden en que se debe abordar la problemática en las escuelas y apelan a que sea un tema que tome la Legislatura en este semestre.

Unter tiene un anteproyecto que esta semana comenzó a compartir. El martes se reunió con la legisladores Patricia Mc Kidd (Cambia Río Negro) que integra la comisión de Educación. Fue el primer paso y la próxima semana la conducción gremial pretende generar encuentros con los presidentes de cada bloque para instalar el tema y la necesidad de que se traduzca en ley.

Unter va por la prevención, Delgado por el cuidado con seguridad


El eje de Unter es la “prevención, erradicación y sanción” de la violencia en las escuelas con la creación de un equipo interdisciplinario, en cada zona supervisora, conformado por un licenciado en servicio social, un psicólogo social, un psicopedagogo y un licenciado en psicología.

“Nos enfocamos en la prevención de estas situaciones, entendemos que tiene que haber equipos interdisciplinarios por consejos escolares, para poder prevenir y trabajar con las instituciones educativas, con las familias, para que no suceda”, explicó Silvana Inostroza, secretaria general de Unter quien valoró que “las escuelas tienen que ser territorios de paz”.

En paralelo, esta semana ingresó un proyecto del legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) que propone un método distinto de prevención y protección al personal docente con la “contratación de servicios de seguridad privada” que resguarden los establecimientos.

“Sé que es un proyecto polémico, a muchos no les gusta el tema de la seguridad en las escuelas, pero hay que hablarlo, quizá va a ser un proyecto inicial para poder mejorarlo”, dijo el legislador en declaraciones radiales.

Puntualizó que incluyó la seguridad privada y no la policía provincial porque no llevan armas. “El personal tiene que estar preparado con cursos especializados para la contención sin armas, proponemos que también tiene que tener una capacitación absoluta y específica para poder estar en un colegio secundario o primario”, acotó.

La iniciativa abarca a toda la provincia, pero la seguridad en la escuela sería a demanda de la comunidad educativa porque entendió que en localidades o parajes chicos se vive otra situación, pero sí sería necesario en las escuelas de ciudades como Bariloche, Viedma, Roca, Cipolletti, entre otras. ¿El costo? Para Delgado Sempé no es un imposible si se ahorra en otros gastos como el destino de fondos a promocionar una carrera automovilística, señaló.

Mc Kidd, tras reunirse con Unter, admitió a Diario RÍO NEGRO que “la violencia en las escuelas es una realidad que no es nueva pero se ha vuelto insostenible”. Entendió que los dos proyectos son contrarios y un primer paso para “empezar a trabajar el tema en la comisión”.

“Ha cambiado nuestra sociedad, antes uno le decía a su madre que te había retado la maestra y te retaba tu mamá de mala manera. Ahora se invierte la situación: le decís me retó la maestra y va la mamá a la escuela, insulta a la maestra y la agrede”, ejemplificó Delgado Sempé.

El proyecto de la Unter puntualiza que el equipo interdisciplinario “articule y coordine acciones, realice actividades para prevenir y detectar situaciones de violencia, efectuar diagnósticos y estados de situación, brindar espacios de formación, capacitación, discusión, debate, articulación, consulta y asesoramiento”.


Sanciones y un registro de agresores, puntos en común


En dos puntos acuerdan Unter y Delgado Sempé. Ambos impulsan la creación de un registro provincial de agresores a trabajadores de la educación. Uno de ellos establece un plazo de 2 años para salir de esa nómina y que durante ese período no podrá ser prestador del Estado ni ingresar como empleado público.

Por otro lado, se fijan sanciones para los agresores. El sindicato incorpora un artículo en el Código Contravencional con una sanción para quien provoque daño físico, psicológico o moral a un docente, con una pena de dos a diez días de trabajo de utilidad pública o multa de 50 a 500 (unidad de medida) o arresto cuando la gravedad de la conducta así lo amerite.

Delgado Sempé distingue entre agresores que sean agentes estatales, quienes tendrían sanciones disciplinarias también en sus trabajos, y en materia contravencional establece multas de hasta 100 JUS (unidad de medida judicial), arresto de hasta 30 días o trabajo comunitario de hasta 120 horas.


Los hechos de violencia hacia docentes en las escuelas son cada vez más recurrentes en Río Negro, por eso la Unter inició una ronda de consultas con legisladores para proponer un proyecto de ley basado en la prevención, mientras que en el Parlamento otra iniciativa apunta a una solución distinta con agentes de seguridad privada en los establecimientos.

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