Radiografía de la violencia policial en Cipolletti

En los últimos años, la violencia policial en Cipolletti se transformó en una piedra en el zapato para el poder político de Río Negro. A pesar de la ola de denuncias por abuso de autoridad que llegan al Ministerio Público Fiscal, el silencio fue la carta que hasta ahora mostró el Ministerio de Seguridad para dar respuesta a la sociedad sobre el desempeño de la fuerza.

En el último tiempo, RIO NEGRO publicó varios artículos sobre las investigaciones penales que se siguen contra los efectivos de la policía. Incluso, reveló la falta de capacitación de la fuerza en varias normativas nacionales.

La violenta detención en febrero pasado a una mujer por tenencia de marihuana puso en evidencia las falencias de los uniformados, en este caso de la Comisaría 24, sobre la normativa del cannabis medicinal.

Quienes salieron a dar explicaciones fueron el titular de la comisaría Néstor Montero y el referente de la Regional Quinta Daniel Uribe: se contradijeron y no hicieron más que echar confusión al procedimiento.
Peor aún, la jueza de Paz de Cipolletti desestimó la contravención que presentó la propia policía por una inexistente falta cometida por la mujer.

Ese procedimiento, que por la desmedida violencia recorrió los medios nacionales, sumó un cúmulo de irregularidades. No solo detuvieron a la joven madre sino también a su pareja, pero dejaron desamparada en la vía pública a la pequeña hija que tienen en común y que ese día se encontraba con ellos.

No quedó ahí: luego de perseguir a un testigo allanaron ilegalmente un domicilio para detenerlo. Se presentó una denuncia, sin embargo la fiscalía no avanzó en la investigación, al menos no se solicitó la audiencia de formulación de cargos. La ministra de Seguridad Betiana Minor no dio explicaciones sobre el tema a pesar de los insistentes pedidos de este medio.

Scorolli

El homicidio del joven Nicolás Scorolli en las vísperas de la Navidad de 2011 a manos del suboficial Leonardo David Carrasco marcó un hito sin precedentes en la ciudad valletana. El efectivo le disparó a la cabeza con la escopeta antitumulto en medio de un procedimiento y lo mató.

Algo similar sucedió con Matías Vásquez quien la semana pasada se despertó del coma tras 40 días de internación. El oficial Franco Águila quedó imputado por lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego. El hecho ocurrió a mediados de abril en la plaza San Martín.

Pastene condenado y nuevamente imputado en otro hecho

En ese mismo lugar hay carteles con las fotos de Santiago Sagredo, un joven que murió en un calabozo de la Cuarta en 2016. Por eso ese hecho condenaron a tres policías por distintos delitos todos vinculados a la función pública. La fiscalía no logró comprobar el dolo y fueron sentenciados, en el lenguaje coloquial, por un mal procedimiento. Leandro Pastene, Cristian Correa, y Daniel Ferreyra recibieron penas en suspensos.

A pesar de la condena, Pastene continuó en la fuerzas policial y hace menos de un mes fue imputado nuevamente por una causa de abuso policial. El efectivo formó parte del operativo policial en Costa Norte que culminó con un joven con un balazo en la cabeza. Estuvo varios meses en coma, pero sobrevivió. Además de Pastene, Damián Barona y Oscar Coronel están investigados por el hecho.

La primera versión que dieron es que se había tratado de un enfrentamiento entre bandas. Nada de eso se comprobó, por el contrario le dispararon por la espalda.

En 2017 la Justicia condenó Mario Gustavo Leitón de los delitos de vejaciones en concurso ideal con lesiones graves calificadas por haber sido cometidas en abuso de su función como policía, con el empleo de arma de fuego, mientras que Matías Nicolás Gutiérrez solo fue condenado por vejaciones. Un joven de 15 años fue víctima del abuso policial y perdió la visión del ojo derecho por un balazo que recibió.

Torturas

Recientemente se definió el juicio contra dos policías por torturas. Fue la primera vez que se juzgó a la fuerza por ese delito en democracia. Cristian Caumillan fue hallado penalmente responsable del hecho que incluyó un abuso sexual. Resta el juicio de cesura para definir la pena que va de 8 a 25 años de prisión.

Ocurrió durante la pandemia y no es un dato menor. Desde la irrupción del coronavirus, los casos de abuso policial se amontonaron. Fue la madrugada del 17 de mayo de 2020 en una iglesia ubicada en las inmediaciones del barrio Anai Mapu.

Un par de días antes, el 12 de mayo, dos policías detuvieron a una pareja y, según consta en la denuncia, los golpearon salvajemente. El hombre fue el más comprometido porque a raíz de la golpiza perdió parte de audición en ambos oídos. A pesar de la gravedad del caso, no hubo grandes avances en la investigación. A más de un año del hecho ni siquiera hubo formulación de cargos. Días atrás, en ese mismo proceso, la querella hizo una presentación para solicitar que se acuse formalmente a los efectivos.

La semana pasada, la madre de un adolescente denunció que dos policías de la Comisaría Cuarta los golpearon y amenazaron con abusarlos sexualmente. Describió en fiscalía que los chicos de 14 años estaban jugando en la zona de las vías, sobre la calle Fernández Oro. Eran cerca de las 21 cuando un móvil de la Comisaría Cuarta arribó al lugar y persiguió a los jóvenes que salieron corriendo porque “asustaron”.

Luego de detenerlos detrás de un contenedor en el Centro Cultural los amenazaron con que iban a “conocer el tuco” que en la jerga implica abusar sexualmente por el ano con algún objeto, justo el hecho que se estaba juzgado contra el policía Caumillan. La mañana siguiente, la ministra Minor estuvo de recorrida por Cipolletti pero no se refirió al tema.

La lista de casos de violencia es extensa. Por ejemplo en los últimos días en Fernández Oro un hombre que ejercía violencia de género recibió tal paliza que quedó internado en el hospital de Cinco Saltos. Le formularon cargos por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género aunque nada sucedió con los policías que participaron de ese desmedido procedimiento.

Desde la reforma procesal penal, la fiscalía cuenta – por ley – con la discrecionalidad de decidir en nombre de la sociedad qué hechos investiga y cuáles no. El contexto demuestra que para las fiscalías de la Cuarta Circunscripción no es prioridad frenar la violencia policial. Se observa que no se imprime la misma celeridad a los delitos que involucran policías, por ejemplo, que a otros que tienen como acusados a sectores marginados por la sociedad.

No hubo avances sobre la creación de una policía judicial

De un tiempo a esta parte también se evidencia que las investigaciones contra policías llegan a juicio con desprolijidades evidentes, como las torturas dentro de la iglesia del Anai Mapu. No se conoce si responde a la inoperancia de un sistema cuyos principales colaboradores son los policías o simplemente errores en las investigaciones.

Esta situación fue contemplada en la ley con la creación de una policía judicial propia, que no tenga jefes en las comisarías sino que responda directamente a la estructura del Poder Judicial. Hasta el momento no se avanzó en ese sentido.

Existe además un proyecto Legislativo que busca recortar algún grado de discrecionalidad en la aplicación del digesto contravencional. Se observa también que la policía hasta desoye las órdenes de las juezas de Paz, como ocurrió en Catriel con la detención ilegal de un periodista.

Caso por caso: en qué estado está cada causa

Scorolli (2011): En 2015 David Carrasco fue condenado a cadena perpetua por matar de un balazo al joven de 16 años tras una persecución el 25 de noviembre de 2011. En 2019 la Corte Suprema dejó firme el caso. En 2014 Carrasco fue condenado a 14 años, pero luego del recurso que presentó la parte acusadora se fijó la pena mayor.
Leitón- Gutierrez (2015) Los policías Mario Leiton y Matías Nicolás Gutiérrez fueron condenados por ejercer vejaciones contra un joven de 15 años que perdió su ojo derecho por un balazo que le propinó Leiton. Ocurrió en septiembre del 2015.
Sagredo (2016) En noviembre de 2020 se conoció las condenadas en suspenso para tres policías: Leandro Pastene (6 meses) , Cristian Correa (1 año) y Daniel Ferreyra (8 meses). Santiago Sagredo fue detenido por conducir alcoholizado y murió en un calabozo de la Comisaría Cuarta.
Costa Norte (2020) Después de 2 años, la fiscalía acusó a tres policías por el disparo en la cabeza que sufrió un joven en el barrio cipoleño. Semanas atrás se imputó a Damián Barona, Oscar Coronel y Orlando Pastene.
Torturas (2020) El mes pasado Cristian Caumillan fue hallado penalmente responsable por torturar a un joven en un procedimiento, el 17 de mayo de 2020. Resta el juicio de cesura para definir la pena que va de 8 a 25 años.
Vejaciones en la 24 (2021) La denuncia es contra dos efectivos de la 24 por vejaciones contra una pareja, el hombre perdió la audición de ambos odios. Todavía no hubo formulación de cargos.
Cannabis medicinal (2022) En febrero pasado, policías de la Comisaría 24 realizaron un sinfín de irregularidades en una violenta detención a una mujer. No hubo avances en la investigación.
Golpes a dos adolescentes (2022) La semana pasada, una mujer denunció que efectivos de la comisaría Cuarta golpearon a dos jóvenes de 14 años y los amenazaron con abusarlos sexualmente.