Reabren la causa contra los abogados del Ejército por las tierras de una comunidad mapuche en Bariloche

El juez Rafecas había desestimado la denuncia y enviado el expediente a archivo.

La Cámara Criminal Federal de Buenos Aires anuló el sobreseimiento de los abogados del Ejército que había dictado el juez Daniel Rafecas en la causa que se investiga la apelación fuera de término de un fallo que reconoció el dominio que la comunidad mapuche Millalonco-Ranquehue sobre las tierras en las que viven desde hace décadas, en detrimento de la pretensión de la fuerza. La decisión que, que se conoció este miércoles, significa la reapertura del expediente que el magistrado había archivado.

El fallo lleva las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos camaristas cuestionados por su nombramiento sin concurso sino por traslado durante el gobierno de Mauricio Macri.

«Compartimos el carácter prematuro asignado por el impugnante a la resolución puesta en crisis, por lo cual no será confirmada, debiendo el señor juez de primera instancia continuar con el trámite de la presente pesquisa. Ello así, porque entendemos que las distintas aristas incriminatorias plasmadas por la Fiscalía, no pueden ser desestimadas sin la realización de las correspondientes constataciones que diluciden esos interrogantes, siendo insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo los elementos de convicción hasta aquí reunidos, sobre todo a la luz de medidas de prueba cuya producción no ha sido asumida», escribieron.

La acusación es contra Silvia Vázquez, abogada del Ejército en Bariloche; Rodríguez Vaccarezza; Leonardo Havela, Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa; Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; y Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Les imputan la apelación fuera de término de un fallo de la jueza federal Silvina Domínguez, de Zapala pero en con funciones también en Bariloche, que le reconoció la propiedad de esa tierra, ubicada en la zona de Virgen de las Nieves, a la comunidad mapuche. El fiscal Carlos Stornelli sospecha que hubo una actitud dolosa y premeditada, pero las defensas sostienen que hubo un entredicho de horarios con la Cámara de Apelaciones de General Roca.


Los fundamentos


Bertuzzi y Bruglia escribieron: «consideramos que la instrucción vislumbra aún un estado incipiente que no ha esclarecido todos los puntos relevantes de los sucesos que componen su núcleo procesal. En consecuencia, el temperamento adoptado deviene apresurado, por lo que corresponde revocarlo y continuar con el trámite de la pesquisa, debiendo realizarse las disposiciones aquí referidas y toda otra que se juzgue conducente para corroborar o desechar la hipótesis ilícita planteada».

«En referencia a la medida cautelar pretendida, advertimos que resulta procedente frente al cuadro incriminatorio impulsado por el Representante del Ministerio Público Fiscal y cuyo examen aquí se viabiliza. Por lo tanto y en virtud de los potenciales efectos que el devenir de este expediente pudiera ocasionar, se hará lugar a la anotación de este proceso en el registro de la Propiedad Inmueble respectivo a las tierras cuya mesura fuera aprobada por resolución N° 1174 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al sólo objeto de dar publicidad de la existencia de esta causa ante terceros», decidieron además.


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