Reclaman a Figueroa y Reina que cumplan la Constitución y designen al Defensor del Pueblo de Neuquén

La Constitución establece desde 2006 que Neuquén debe tener un Defensor del Pueblo provincial. Para hacer efectiva la designación se necesita una ley que lo reglamente, es decir, que defina entre otros aspectos cómo va a ser esa selección. El tema volverá a tratarse en la Legislatura, luego de que en 2017 el debate naufragara.

Esta vez el pedido de que se cumpla con el mandato constitucional lo hicieron los defensores del Pueblo de las ciudades de San Martín de los Andes (Fernando Bravo), Villa La Angostura (Sebastián Baltanás), Centenario (Valeria Caffaratti), Zapala (Oscar Vázquez) y Neuquén capital (Gustavo Pereyra). En una nota dirigida al gobernador Rolando Figueroa y a la presidenta de la Cámara, Zulma Reina, plantearon que es necesario impulsar la sanción de la ley.

«Consideramos que es parte de nuestra misión darle sentido y entidad a la definición constituyente que ordena la creación de las Defensorías como una instancia de fortalecimiento de la institucionalidad democrática, orientada a garantizar a los ciudadanos una instancia accesible de contralor y fiscalización de los asuntos públicos y la defensa de los intereses y derechos colectivos», afirmaron.

Remarcaron que «actualmente transcurrimos en una etapa de fuertes y profundos cuestionamientos al modelo representativo y el ejercicio de la función pública, lo que se traduce en una reacción de la ciudadanía ante la falta de transparencia en el manejo y la administración de los ingresos públicos, el deficiente funcionamiento de los servicios públicos y la idoneidad de los agentes que representan al Estado».

Aseguraron que en este contexto las defensorías «tenemos una misión histórica vinculada a ser agentes de canalización y escucha atenta a las demandas actuales de nuestras comunidades».

Justamente el cargo provincial se creo para controlar al gobierno. Quien ocupe el puesto tiene competencia para investigar todo lo que llega a su conocimiento y accionar judicialmente. Puede también actuar ante la administración de los municipios que lo requieran por no tener defensor del Pueblo.

Lo nombra y lo destituye la Legislatura por 3/5 partes de sus integrantes. Percibe el mismo salario que un diputado o diputada. Tiene un mandato de cinco años y no puede ser reelecto.

En la sesión de hoy la nota fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda para reactivar el debate.