Investigación por corrupción: el intendente libertario Marcelo Román y un empresario en la mira de la fiscalía

La fiscal María Celeste Benatti impulsa una investigación contra el intendente de Allen, Marcelo Román (La Libertad Avanza), por el delito de peculado y al empresario de medios Horacio Sebastián Ocampo por su participación y usurpación de autoridad.

La causa se inició el 2 de julio luego de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas de Allen que planteó que Ocampo ejerció funciones propias del intendente sin tener designación formal en ningún cargo público y además hace uso de un teléfono celular abonado por la Municipalidad, todo con la venia del jefe comunal, que además es vicepresidente de LLA en Río Negro.

Diario RÍO NEGRO accedió a la resolución de la fiscalía 4 mediante la cual se dio inicio a la investigación y que tiene a Román y a Ocampo como eventuales imputados por los delitos de peculado (artículo 261 del Código Penal) en calidad de autor para el jefe comunal y partícipe para el empresario, al que además se le suma el delito 246 inciso 1 que contempla al “que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente”.

Esta causa es la que motivó los allanamientos el jueves pasado en propiedades del empresario dueño de Radio Terapia y un sitio web, ambos afines a la gestión del libertario.

El hecho que se investiga no tiene una fecha precisa, pero se comprende en el período desde fines de 2023 hasta abril de 2025. Señala que en ese plazo el intendente Román “sustrajo un teléfono celular perteneciente a la municipalidad para uso de Sebastián Ocampo, empresario de medios de comunicación, quien no tendría ninguna vinculación laboral con dicho ente municipal”.

También la fiscalía afirmó que en ese mismo tiempo Ocampo “habría ejercido funciones públicas municipales sin nombramiento alguno expedido por autoridad competente”.

La investigación preliminar de la fiscalía se inició por la denuncia radicada por el Tribunal de Cuentas el 26 de junio pasado, con la firma de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, ambas integrantes del organismo, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, aunque en la presentación también figuran los nombres de Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y Facundo jara Godoy.

Los integrantes del organismo de control municipal señalaron que Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”.

El tribunal indicó que cuenta con testimonios que certifican la “existencia de este ejercicio irregular del cargo”, constató la existencia de la línea telefónica que utiliza Ocampo y que abona la comuna; y el pago de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.