Ruta 151 deteriorada: Catriel toma medidas ante la falta de obras por parte de Nación
La intendenta denunció el abandono del corredor en Río Negro y advirtió "sin ruta, sin inversión, no hay Vaca Muerta".
La municipalidad de Catriel nuevamente bachea con recursos propios la Ruta Nacional 151. (Foto: Archivo)
En pleno auge del malestar por el crítico estado de la Ruta Nacional 151, la Municipalidad de Catriel volvió a intervenir con recursos propios para reparar el deteriorado corredor. Se trata de una traza estratégica para el desarrollo de la región, hoy «intransitable, rota y olvidada», según denunció la intendenta Daniela Salzotto.
«Desde hace años vengo reclamando por esta situación: como concejal, como legisladora y ahora como intendenta. No es un reclamo nuevo», aseguró Salzotto a través de sus redes sociales. Un informe de Vialidad Nacional confirma el grave deterioro de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite de La Pampa, donde se registran deformaciones, ahuellamientos, baches y descascaramientos.
«Una vez más, el municipio de Catriel pone recursos propios para intervenir y bachear los tramos más críticos. Nos hacemos cargo de lo que no nos corresponde, porque no podemos seguir esperando mientras se pone en riesgo la vida de nuestra comunidad», advirtió la jefa comunal.
Ruta 151: una deuda histórica que afecta a miles de personas
A lo largo del tiempo, se han presentado distintos proyectos para mantener y mejorar la Ruta Nacional 151, pero muchos no se concretaron. Esta vía resulta fundamental para quienes se trasladan desde el Alto Valle hacia el centro del país, y su deterioro impacta directamente en la seguridad vial y en las actividades económicas de la región.
Hace una semana, el gobernador Alberto Weretilneck y cinco intendentes del Alto Valle, incluida la jefa comunal de Catriel, presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado nacional y la Dirección Nacional de Vialidad. Buscan que la Justicia intervenga y ordene la reparación integral de la Ruta Nacional 151.
El recurso judicial sostiene que el mal estado de la ruta afecta el acceso al sistema de salud pública, perjudica a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas, y obstaculiza actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
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