Sueldos, proveedores y subsidios: las finanzas de Río Negro apuran a la gobernadora Arabela Carreras

Tras la derrota en Bariloche, se pone a prueba la capacidad financiera del gobierno rionegrino. Ayer se retomaron las paritarias. Ofrecieron una suma de $ 60.000, que no será a cuenta de futuros aumentos. La semana próxima agregarían un porcentaje vinculado a la inflación.

Pasó el tiempo electoral y en 48 horas las presiones financieras se multiplicaron para la gobernadora, Arabela Carreras. Su gestión tuvo ayer la primera paritaria del segundo semestre con los gremios estatales, pero al mismo tiempo se profundizaron dos conflictos que también demandan fondos al Ejecutivo provincial: en Roca la Unter presentó un amparo por la falta de alimentos en los comedores escolares y en Bariloche se paralizó el sistema de transporte público, por un atraso salarial que el municipio vinculó directamente con la demora en las transferencias de los subsidios provinciales.

En las paritarias, la última propuesta salarial de ayer del gobierno provincial a los gremios estatales consistió en una suma de 60.000 pesos, en dos cuotas mensuales, y una suba porcentual que se resolverá la semana próxima cuando el Indec difunda el índice inflacionario de agosto.

Las negociaciones arrancaron con un ofrecimiento gubernamental de 40.000 pesos y un alza del 5% para septiembre pero, frente al rechazo sindical, los funcionarios pidieron un cuarto intermedio para volver con la oferta de 60.000 pesos.

Esta cantidad equivale a la asignación fijada por Nación aunque plantearía una diferencia pactada en los debates: Río Negro lo abonará por fuera de la paritaria cuando el diseño nacional lo prevé a cuenta de futuros aumentos.

La gacetilla oficial ni el acta de la Función Pública dejan expresamente aclarada esa circunstancia. El comunicado de ATE si alude que el bono no es “deducible de futuros aumentos”, que era un punto reclamado por los gremios.

En cambio, la alternativa rionegrina mantiene el límite de pago para los salarios netos de 400.000 pesos, que es otro punto rechazado por los sindicatos.

Según un cálculo preliminar, ese tope establece que lo cobrarán más de 40 mil estatales. El desembolso provincial entonces rondará los 2.400 millones.

El gobierno provincial prevé que cada cuota de 30.000 pesos se cancelará por planillas complementarias.

Según la gacetilla, se prevé «continuar con la revisión de la pauta en un nuevo encuentro el 14 de septiembre» y, además, el Gobierno plantea que la «liquidación de cualquiera de los componentes» -bono y pauta salarial- «estará supeditada a la aprobación integral» de los gremios.

Las negociaciones comenzaron con una hora de atraso.

Oferta de Apertura

40.000
pesos. Los funcionarios abrieron con esta suma fija que después subieron a los $60.000 frente a la oposición sindical.

Funcionarios y dirigentes se reencontraron después de jornadas de idas y vueltas, a partir de una negociación previa que fue. Ocurre que la semana pasada se realizaron reuniones informales, los representantes gubernamentales plantearon el bono de 60.000 pesos, propuesto por Nación, y los gremios lo rechazaron horas después. Economía, luego, completó la secuencia al negar la existencia del ofrecimiento.

El plan nacional establece el pago de 60.000 pesos, en dos cuotas, con depósitos de 30.000 pesos en septiembre y una suma igual en octubre, a cuenta de los futuros aumentos y el tope de los 400.000 pesos.

El martes pasado, la Provincia trasladó su idea de abonarlo y, horas después, tuvo el rechazo por parte de ATE y Unter por oposición a su descuento de las paritarias y las limitaciones para su otorgamiento.

Ayer se abrió con un monto inferior pero, después, se volvió a los 60.000 pesos como incremento ajeno a las negociaciones salariales.

El Gobierno estableció que la «liquidación» del bono y de la pauta salarial «estará supeditada a la aprobación integral» de los gremios.

En su comunicado, ATE resaltó que la «novedad de la propuesta» está en que el bono de 60.000 pesos no es «deducible de futuras negociaciones», recordando que era «una demanda» que esa organización «venía insistiendo para compensar la devaluación del peso» después de las PASO.

Aún así, ese sindicato remarcó que esa asignación se abonará a «sólo a una parcialidad de estatales que perciben menos de 400.000 pesos». Agregó que «la discriminación» llegará a «más de 3000 trabajadores» que no tendrán «ninguna compensación por el salto del 30% en los precios luego del 14 de agosto. Sólo 10.900 agentes” de “las leyes 1844 y 1904 serán beneficiados».

Vicente manifestó que la «nueva oferta es mejor, ya que tiene en cuenta una de las observaciones realizadas», como que la suma fija «no sea absorbida por futuros aumentos» y permite «compensar la devaluación por fuera de la paritaria». Pero, consideró que «es inaceptable» que «no contemple a todos los trabajadores y que de esta manera favorezca la discriminación». Pidió «un esfuerzo» para que «más de 3.000 estatales no pierdan poder adquisitivo de manera muy injusta».


Presentaron un amparo por la falta de alimentos frescos, que afecta a unos 800 alumnos en las escuelas de Roca


La Unter presentó ayer un amparo ante la Justicia, por la falta de alimentos frescos en los comedores escolares de Roca.

El amparo fue por una docena de colegios, pero desde Unter dicen que el problema se generalizó. Foto Pablo Leguizamón.

El gremio docente advirtió que el corte en la provisión de carne, lácteos y huevos afecta a unos 800 alumnos en los 25 establecimientos educativos de la ciudad, donde hace una semana se repiten los almuerzos con fideos, lentejas o verduras.

El problema fue denunciado a principios de la semana pasada por la conducción de ATE en el Alto Valle, a partir de los planteos realizados por cocineros y sus ayudantes. Luego se sumó la Unter, que el viernes pasado se presentó con sus dirigentes en la coordinación regional del Ministerio de Educación. Y ante la falta de respuestas del gobierno, ayer al mediodía la conducción de la Seccional Roca-Fiske se presentó en los Tribunales provinciales, para que intervenga la Justicia.

El expediente se abrió en la Unidad Jurisdiccional 1, a cargo de Agustina Naffa, con el pedido concreto de que se ordene a Educación “restablecer de inmediato la provisión de alimentos frescos e insumos en los establecimientos educativos de General Roca”.

El escrito detalla que “desde mediados de agosto del corriente años se viene advirtiendo un liso y llano incumplimiento por parte de la Provincia de Río Negro -a través del Consejo Provincial de Educación- de su obligación de provisión de alimentos frescos e insumos en los comedores escolares”.

En el amparo se consigna que los problemas más graves ocurrieron en las escuelas primarias 323, 56, 371, 86, 364, 317, 66, el CET 17, las escuelas especiales 1 y 12 y el Instituto de Formación Docente Continua. Sin embargo, la titular de Unter Roca, Patricia Ponce, sostuvo ayer en declaraciones radiales que, con el paso de las horas, todos los comedores escolares de la ciudad terminaron afectados, porque aquellos que pudieron racionalizar los productos que tenían congelados ya estaban llegando al final del stock.

“En razón de la gravedad de la situación planteada, la cual afecta con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos de sujetos merecedores de especial tutela por mandatos constitucional convencionales, es que se promueve la presente acción sumarísima de amparo de tales derechos, en las condiciones del art.43 de la Constitución de la Provincia de Río Negro y su homónimo de la Constitución Nacional”, sostiene el escrito de los dirigentes del gremio docente.

Previamente, un comunicado de la Unter había considerado “preocupante, en el contexto de la creciente crisis socio-económica agravada por la devaluación del lunes posterior a las elecciones, que el gobierno de Río Negro no cumpla con sus obligaciones y con negligencia ponga en juego la alimentación de miles de estudiantes que a diario asisten a los comedores escolares”.

“Los aumentos indiscriminados en los precios de los productos de la canasta básica castigan a todos los sectores de la sociedad, y las familias de nuestros estudiantes no son la excepción”, puntualizaron.


Transporte escolar en Roca: el STJ ordenó normalizar


El STJ ordenó a Educación que reestablezca el transporte en dos escuelas de Roca.

La sentencia llegó después de la apelación de la Provincia contra un fallo del juez Víctor Soto, que dispuso restablecer el servicio en la especial N° 1 y la Laboral N° 2, porque se “estaban violando los derechos de los estudiantes”.

El fallo -que fundamentó la jueza Cecilia Criado y respaldaron Sergio Barotto y Sergio Ceci- otorgó al ministerio “15 días hábiles administrativos” para cumplir con esos servicios de transporte.


El transporte paró 17 horas en Bariloche: contrapunto entre Gennuso y Provincia


El paro del gremio UTA en Bariloche, que se prolongó durante 17 horas y dejó ayer a miles de usuarios a pie, generó un contrapunto entre la empresa Mi Bus, el intendente Gustavo Gennuso y el Gobierno provincial, señalado como responsable de la situación, junto a Nación, por las demoras en los subsidios.

Riesgo latente: la UTA espera para mañana los sueldos de agosto. Foto Pablo Leguizamón.

La medida de fuerza se realizó por el incumplimiento de Mi Bus en abonar un retroactivo salarial el lunes, correspondiente a mayo, que finalmente saldó ayer cerca de las 17. El origen de todo es la demora en la transferencia de subsidios nacionales, que según Gennuso y la empresa, se debe a la tardanza en las liquidaciones que debe enviar la Provincia, algo que el secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, descartó.

El funcionario remarcó que la Provincia la semana pasada -para destrabar el conflicto anterior- pagó 41,3 millones a Mi Bus del subsidio de junio, anticipándose a la transferencia de Nación que hasta ayer estaba demorada. La amenaza de paro anterior se dio hace diez días en plena campaña y el Gobierno intervino de inmediato para no afectar la imagen de Arabela Carreras, que por entonces era candidata a la Intendencia.

El intendente, distanciado de la gobernadora, anunció ayer un freno en las gestiones para cubrir al gobierno de Carreras. Ocurría que el Municipio habitualmente anticipaba a Mi Bus el subsidio provincial de sus cuentas. “Decidimos no ser más rehenes del sistema”, dijo.

El gerente de Mi Bus, Juan Pablo Follonier, coincidió con Gennuso al señalar que la Provincia habría incumplido con su parte en relación a las rendiciones.

Ciancaglini aclaró que las reglas las fija Nación, que estableció que cada vez que abona una cuota de subsidio, la Provincia debe otorgar a las empresas el mismo monto, y así se hace de inmediato.


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