Techo Digno: se encamina el primer juicio en Bariloche contra exfuncionarios y empresarios
En febrero será el control de acusación, paso previo al debate. En el resto de las circunscripciones el proceso va más lento, pero todas las acusaciones están firmes. La causa involucra exintendentes, exfuncionarios y empresarios de la región.
La exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini es una de las imputadas en la causa judicial por Techo Digno. Archivo
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro logró sortear el primer escollo en la causa Techo Digno que por años estuvo empantanada entre recursos jurídicos e idas y vueltas entre el fuero federal y la justicia provincial. Llevó muchos años encaminar el proceso penal contra exintendentes, exfuncionarios y empresarios de la región acusados por fraude al Estado en la construcción de viviendas en la provincia entre 2011 y 2015, pero que se extendieron hasta la gestión siguiente.
La investigación se centra en el uso público de casi 700 millones de pesos, enviados entre el 2013 y el 2015 por Nación a los municipios investigados. Esos desembolsos representaban entonces unos 80 millones de dólares.
Los fiscales tienen todavía la compleja tarea de probar en juicio las acusaciones que en todos los casos están firmes. Por otro lado, muchos defensores de renombre que patrocinan a varios imputados están convencidos que los delitos no existieron, también deberán convencer a los jueces en caso de llegar a juicio oral y público.
En las cuatro circunscripciones que tiene la provincia hay alrededor de 30 imputados, mayormente empresarios, pero también exfuncionarios exintendentes y políticos que aún tienen cargos públicos como el diputado nacional por Río Negro Aníbal Tortoriello o Luis Ivancich quien fue jefe comunal de Godoy y hoy es diputado provincial.
Semanas atrás allanaron la vivienda Alfredo Milano, hasta hace unos días subsecretario de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas de Bariloche, quien fue funcionario en la gestión de María Eugenia Martini en la ciudad cordillerana. Ambos están imputados en la causa. La investigación involucra a 12 municipios de Río Negro, la mayoría en el corredor del Alto Valle, entre Cervantes y Campo Grande.
Con la confirmación de todas las formulaciones de cargos el siguiente paso es avanzar al control de actuación; segunda instancia y última antes de llegar a debate. Solamente en Bariloche está fijada la audiencia para febrero de 2024. Desde el área de comunicación del Ministerio Público aseguraron que el primer juicio podría ser en el primer semestre del año próximo.
El control de acusación fijado para el 29 de febrero involucra a la exintendenta Martini y los empresarios Alberto Uzandizaga y Juan Armando Castelli. Martini está imputada por el delito de fraude en perjuicio a la administración pública y administración infiel o fraudulenta, mientras que el resto por fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta en calidad de partícipes necesarios.
Resta definir qué sucederá con Alfredo Milano, exsubsecretario de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas de Bariloche quien también está imputado, pero en otro legajo. Semanas atrás la justicia habilitó una orden de allanamiento en su domicilio donde se secuestró computadoras y otros elementos que podrían abonar la teoría de los investigadores. Fuentes del MPF señalaron que podrían unificarse las causas para realizar un solo juicio.
El área de comunicación informó que en el marco de la investigación penal preparatoria se realizaron medidas de prueba constantes: allanamientos y pedidos de documentación, pedidos de informes a bancos, ampliación de pericia contable, análisis e incorporación de toda la nueva documentación.
Los allanamientos realizados en la mayor parte de los casos fueron positivos. Todas las prórrogas admitidas por jueces y juezas y requeridas en consenso entre Fiscalía y Defensores vencen durante el primer cuatrimestre del 2024
Primera Circunscripción
En la primera sede judicial con asiento en Viedma hay causas en Sierra Grande, San Antonio Oeste y Conesa. En septiembre de 2021 la justicia imputó al intendente de Sierra Grande Renzo Tamburri (intendente) y al empresario Guillermo Luis Gazia.
En agosto pasado se confirmó la formulación de cargos en San Antonio contra Javier Alejandro Iud (actual funcionario provincial), María Alejandra Más y Juan Armando Castelli.
Luego de varios recursos de apelación el STJ revocó el sobreseimiento que dictó el Tribunal de Impugnación y confirmó las imputaciones pero le exigió a los fiscales mayor precisión en la siguiente etapa.
Segunda Circunscripción
En la Segunda Circunscripción, en Cervantes, el exjefe comunal Gilberto Montanaro quedó formalmente acusado por defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso. También están acusados los empresarios Longinos P. De Dios (ECA), Néstor Sarasola (Eraiki) y Jacobo Baskir (Baskir).
En Godoy, el exintendente y actual diputado provincial Luis Ivancich y el empresario De Dios, nuevamente, mientras que en Choele Choel el exintendente y actual legislador Daniel Belloso y Longinos De Dios que acumula su tercer acusación.
Finalmente, Río Colorado es la cuarta ciudad con legajo abierto. Está acusado Carlos Pilotti, exintendente y De Dios. En mayo de este año se realizó un allanamiento en el municipio en búsqueda de documentación sobre los planes de viviendas iniciados en la gestión de Pilotti.
Varias prórrogas demoraron el proceso en Cipolletti
El proceso en la Cuarta Circunscripción fue uno de los más complejos y tediosos para las partes, porque además de las revisiones ordinarias que prevé el código, hubo un sinfín de prorrogas pedidas especialmente por las defensas. Muchas audiencias suspendidas que dilataron el proceso más de lo habitual. Como en el resto de las causas se le otorgó prórroga por causa compleja que proporciona más tiempo para investigar.
En Fernández Oro está acusado el exintendente Juan Reggioni, Diego Quinteros, Fabio Leonardo Huenchunao y Luis Eladio Mendez (partícipe necesario) Nestor Sarasola (empresario).
En Cipolletti hay dos jefes comunales imputados; el peronista Abel Barattti y el diputado nacional Aníbal Tortoriello.
Además la exfuncionaria Lucila Chiocconi (era contadora municipal y fue quien autorizó las órdenes de pago) y los empresarios Arturo Mediberri, Domingo Mocciola y José Zoppi (empresarios).
Cinco Saltos también tiene dos mandatarios implicados la peronista Liliana Alvarado y Germán Epul.
Además, también está implicado el empresario Mendiblerri La Jueza de Garantías tuvo por no formulados los cargos en el caso de la administración fraudulenta y los cargos por peculado los aceptó pero por la calificación de malversación de caudales públicos. El juez de revisión revocó lo anterior y tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por el MPF.
El caso particular de Pedro Dantas, actual diputado provincial
El caso del exintendente de Campo Grande y actual diputado provincial Pedro Dantas es el más particular. Si bien el municipio está implicado en el proceso, el peronista sorteó la acusación porque fue el único jefe comunal, de los acusados, que cumplió con los términos del acuerdo designando inspector de obra. Mantuvo los comprobantes de pago en orden, pagando según los certificados de obra (incluso de menos) y no utilizó los fondos para otros fines que no fueran los específicamente estipulados.
El inspector de obra municipal, sería quien “sobrecertificó” los avances de obra. En esa localidad están imputados Luis Saiz y Gustavo Asenjo.
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