Un reclamo por «defectos estructurales» de un complejo habitacional de Las Grutas terminó en sumario de un juez penal
El exintendente reginense Daniel Miocevic denunció al vocal del Tribunal de Impugnación, Miguel Cardella, por su intervención en un conflicto por el deterioro de un complejo en Las Grutas.
Complejo comercial y habitacional El Paseo de Las Grutas. Un reclamo por el estado edilicio fue el inicio del conflicto. Foto: Luciano Cutrera.
Un miembro importante del Poder Judicial de Río Negro respondió una misiva privada por un conflicto en un complejo inmobiliario y esa intervención le significó un sumario del Consejo de la Magistratura, a partir de que los jueces no pueden ejercer como abogado.
El suceso se potencia con los protagonistas. El denunciante es el exintendente de Villa Regina, Daniel Miocevic, esposo de la exlegisladora y exDefensora del Pueblo, Ana Piccinini, mientras que la acusación recae en el juez del Tribunal de Impugnación, Miguel Cardella, que integra un grupo familiar de inversores inmobiliarios.
El reginense adquirió en el 2016 un departamento en el edificio El Paseo (Las Grutas), construido y comercializado por esa sociedad inversora.
La discusión se originó en las denuncias de Miocevic por “graves defectos estructurales” del complejo que, en el 2023, transformó en una intimación para que los cuatro vendedores abonen “expensas extraordinarias” surgidas para reparar daños en el edificio. Cardella fue uno de los intimados y respondió en su nombre y también como “apoderados” del resto.
Luego, en el 2024, Miocevic presenta una denuncia penal por “estafa” en los tribunales de Viedma contra los cuatro desarrolladores y seis personas como responsables de una “serie de ardides, engaños y actos de abuso de confianza” para “defraudar y estafar” a los dueños de las unidades, siempre en relación a las deficiencias detectadas y las soluciones planteadas.
En ese escrito, el denunciante también pide la intervención del Consejo de la Magistratura por la conducta de Cardella al entender que su accionar fue “claramente incompatible con su función de juez», en “clara desatención a los principios de Bangalore». Alude a su respuesta a la intimación y entiende que “ha actuado como letrado” cuando “tendría la matrícula suspendida” para el “desarrollo de la Magistratura”.
En lo penal, el fiscal Juan Pedro Peralta ordenó el archivo de acción por estafa, y el Procurador General, Jorge Crespo remitió el accionar de Cardella a la Magistratura, con una previa intervención del Auditor General, Juan Manuel Montoto. Este funcionario convoca a Miocevic, quien ratificó su cuestionamiento al proceder del magistrado.
En su descargo, el juez alude a que a esa “intimación patrimonial respondí de manera personal, ya que fui incluido en el reclamo y como apoderado de los otros nombrados”. Agrega que ser “apoderado no significa automáticamente el ejercicio profesional, procesal, judicial de la abogacía”. Remarca que una “persona que no es abogada responde una intimación” y “no está ejerciendo la abogacía”.
Luego, Cardella insiste en que respondió como “apoderado familiar” y aclaró que no mencionó su “condición de juez, no utilicé sello profesional, matrícula, ni ningún elemento que vincule mi rol institucional con esa intimación”, considerando subjetividad en el “apriete” aludido por el denunciante.
En su informe al Consejo, Montono acepta que no hay mención de Cardella a su condición de abogado o juez pero aceptó que “no asoma ilógico que a los ojos de un observador razonable en los términos del Código de Bangolore” esa conducta sea “calificada como reprochable o, al menos, no sea la esperada” para un magistrado.
El Auditor consideró la conducta del juez como “reprochable”, y el Consejo avanzó en un sumario, cuyo plazo no debe pasar los 90 días.
Abunda que lo «reprochable es, en todo caso», su intervención en “un conflicto relacionado con un desarrollo inmobiliario» y «sus compradores en cuestiones exclusivamente relacionadas con dicho emprendimiento o negocio”.
La mayoría del Consejo desestimó su envío al STJ (que podía llegar a un apercibimiento) y optó por un análisis más profundo por parte de ese cuerpo. La apertura del sumario fue respaldada por los tres legisladores Lucas Pica y Marcelo Szczygol (ambos de JSRN), y Juan Murillo (PRO), y los representantes del Colegio de Abogados, Gastón Suracce, Valentina Baigorria Funes, y Maximiliano Mullally. Los jueces del STJ, Cecilia Criado y Ricardo Apcarian se abstuvieron.
Mullally fue nombrado sumariante y tiene 90 días para su informe, que podría alentar su archivo, su remisión al STJ o su envío a la Procuración para un juicio político.
Cardella y su descargo
El juez Cardella fue consultado por el DIARIO RIO NEGRO. “Miocevic tiene un problema conmigo de índole personal. No cuestiona -afirmó- mi desempeño como magistrado”.
Pero, ¿el Consejo de la Magistratura abrió su análisis?», se le repreguntó. «Ya hice el descargo y presenté pruebas, y estoy a la espera del resultado.
Repitió no haber violado ninguna norma y haber actuado como apoderado, que «no significa el ejercicio de la profesión. No hice uso del título, ni cargo de juez, y el domicilio fijado corresponde a mi vivienda».
No agregó más, aunque hizo referencia a su labor en el Tribunal de Impugnación, aludiendo a un informe de la Oficina Judicial que “permite dimensionar mi tarea”, donde surge que “soy el juez que ha participado en la mayor cantidad de audiencias, con el mayor número de primeros votos y la mayor participación en el total de sentencias”. Afirmó que esos “datos reflejan de manera concreta mi labor en la magistratura”.
Además, hizo un repaso a su capacitación y publicaciones para remarcar que esa es su “imagen que la denuncia pretende desacreditar y deshonrar”.
Un reclamo por “deficiencias” y su derivación judicial
En el 2016, Miocevic adquirió el departamento 10 del complejo El Paseo, construido en el 2008, y en el 2022 indicó que se comenzó a notar «desperfectos estructurales”.
En su denuncia penal, el exintendente mencionó “graves fisuras en distintas partes” y aseguró que los dueños originales se ocuparon de “ocultar que la obra estaba deliberadamente mal hecha desde el comienzo”.
En esa maniobra incorpora después a dos constructores y partícipes del consorcio. Su teoría luego se reafirma con las “observaciones y conclusiones” de un ingeniero que indica que dejaron en “claro graves deficiencias en la construcción”.
La exigencia del consorcio para el pago de “expensas extraordinarias” fue otro desencadenante, pues Miocivic exigió que esos costos fueran abonados por los vendedores y, por eso, la intimación a los inversores. En un momento, los vendedores -que también son propietarias de algunos departamentos- optaron por una “donación” de 20.000 dólares, como “buena voluntad” y sin que eso “signifique aceptar la responsabilidad”.
Para Miocevid, ese pago fue “sumamente sospechoso” y lo consideró un “manotazo de ahogado”, según menciona en su escrito penal.
Un miembro importante del Poder Judicial de Río Negro respondió una misiva privada por un conflicto en un complejo inmobiliario y esa intervención le significó un sumario del Consejo de la Magistratura, a partir de que los jueces no pueden ejercer como abogado.
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