Un contrato y un pago millonario para mejorar el “clima laboral” en un organismo de Río Negro
Se requirió una consultoría para el manejo interno del personal que se completa con 150 agentes y funcionarios. Señalan que existe una “clara falta de coordinación entre áreas”.
El Tribunal de Cuentas de Río Negro tiene 150 agentes entre empleados y funcionarios y le falta coordinación entre áreas. Foto: Marcelo Ochoa
El Tribunal de Cuentas de Río Negro justificó un contrato de “comunicación” y de “compromiso organizacional” para su personal por la “clara falta de coordinación entre áreas” y la existencia de “compartimentación” en el organismo.
El órgano de control externo tiene un plantel total de 150 personas y su ejecución salarial del 2024 estará -según cálculos iniciales- en los 5.000 millones de pesos. Esa partida representa un 97% de sus erogaciones totales.
Puntualmente, en noviembre, el bloque de Vamos con Todos, con legisladores de otras bancadas, requirió información al Tribunal por la contratación de una consultoría por “más de 10 millones de pesos” para labores de “comunicación interpersonal” y el “buen manejo interno”, según la denuncia inicial del legislador Luciano Delgado Sempé.
El órgano de control respondió a la Legislatura por esa contratación. Según lo publicado, el monto de la compra directa N° 34/2024 fue de 10.350.000 pesos aunque esa cantidad no coincidiría con la referencia informada. Ocurre que minimiza el “impacto económico” del gasto. “Es poco significativo en relación a los beneficios sobre el personal y en la actividad” del organismo. Precisa que el “monto total representa el 4,69% del presupuesto general del Tribunal”.
Salvo el error, aquella cantidad no se comparece con esa relación informada, pues los números del presupuesto (inicial o vigente) ya arrojan un costo mayor de la consultoría difundida. El último ronda los 3.935 millones, por lo cual, aquel porcentaje derivaría un valor del contrato de algo más de los 18,4 millones de pesos.
En otro párrafo, se afirma que los recursos no “provienen del tesoro provincial” sino que se cumplirá por un “convenio con la SIGEN, a través de la Red Federal de Control Público”.
En su respuesta a la Legislatura, el Tribunal justifica la contratación en “procurar la optimización de la eficiencia y eficacia de la labor diaria” del organismo, “mejorando la organización interna, la comunicación entre áreas y el ambiente de trabajo”. Estas cuestiones — agregan— “redundarán en un mejor control del gasto público”.
Los legisladores habían consultado “qué evidencia o estudio previo demuestra la existencia de un problema de clima laboral” para concluir en esta contratación. A eso, el órgano indica que “existe una clara falta de coordinación entre áreas, resultando en la práctica una compartimentación” que “dificulta la unicidad de la labor del control”.
En su explicación, el órgano — que preside Maximiliano Suárez— aclara que hay “un área de Recursos Humanos”, pero su personal es de “corte administrativo y no posee la expertise para las tareas contratadas”. Se agrega que el Tribunal no tiene “medidas internas de gestión que suplanten los trabajos contratados”, ni existen “programas disponibles en el Estado provincial”.
La contratación recayó en la Fundación de la Universidad Nacional de Río Negro, aclarando que se presentó también la empresa BW Comunicación Interna SRL. La propuesta de la primera resultó la “más conveniente económicamente”, contemplaba “requerimientos específicos” y, además, se dio preferencia a las instituciones académicas locales, según lo fijado por la ley N° 4754.
El trabajo se estima en cuatro a seis meses, y se aclara que las “tareas no acaban en la evaluación del clima laboral, sino que ello resulta el punto de partida para la realización de actividades, implementación de políticas orientadas a mejorar la comunicación interpersonal entre áreas y desarrollar habilidades para resolución de conflictos”.
Se procura la “identificación de áreas de mejora en la comunicación interna, el fortalecimiento de la cohesión de los equipos” y de los “procesos de trabajo”. Agrega que los “resultados esperados son un impacto positivo en el ambiente laboral, puesto en evidencia en la satisfacción de los agentes, un mejoramiento en la colaboración entre áreas y un mayor compromiso organizacional”.
El pedido de garantías y el trabajo planteado por la consultoría
Los legisladores reclamaron “garantías” de resultados del trabajo abonado, pero el Tribunal afirmó que se trata de una contratación de “medios y no de resultados”. Afirmó que dependerán de múltiples factores, como las respuestas humanas.
En el plan requerido, el trabajo de la consultora comprenderá un plantel de unas 150 personas, entre empleados y funcionarios. Se propone una encuesta (vía mail) de los involucrados, unas 20 entrevistas (mínimo) “en profundidad, entre 4 a 6 talleres presenciales, coaching virtual a los vocales del Tribunal”, como también “entre 4 a 6 encuentros con la modalidad dinámica de grupos”.
El órgano de control y la cobertura pendiente
El Tribunal de Cuentas es el máximo de órgano externo de control administrativo y se integran con tres vocales, entre abogados y contadores.
Desde septiembre, el cuerpo funciona con dos miembros (Maximiliano Suárez y Natalia Falugi), tras la salida de Dolores Cardell para asumir como Fiscal de Investigaciones.
El Poder Ejecutivo no elevó a la Legislatura su propuesta para el nuevo integrante, que puede ser contador o abogado.
El Tribunal de Cuentas de Río Negro justificó un contrato de “comunicación” y de “compromiso organizacional” para su personal por la “clara falta de coordinación entre áreas” y la existencia de “compartimentación” en el organismo.
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