Un fallo le confirmó la jubilación por invalidez pese a la oposición del ISSN en Neuquén

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ratificó un fallo de primera instancia que le otorgó la jubilación por invalidez a una mujer de 62 años, empleada del municipio de Plottier, y rechazó el recurso de apelación presentado por el Instituto de Seguridad Social de la provincia (ISSN).

La trabajadora se desempeñaba desde 2012 en el área de seguridad municipal y en 2019 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, seguido por un accidente cerebrovascular. A partir de esas afecciones pidió la jubilación por invalidez, que inicialmente le fue negada.

La jueza con competencia en lo Procesal Administrativo, María Cecilia Gómez, determinó que la mujer presenta secuelas físicas y psíquicas que le impiden continuar con sus tareas. En base a los informes de peritos subrayó que sus patologías son «definitivas» y que no es posible revertir su cuadro con tratamientos médicos.

Un derecho, una requisito

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«La jubilación por invalidez es el derecho que se concede al afiliado para obtener de manera anticipada la prestación jubilatoria, en razón de padecer patologías invalidantes para el desempeño de sus labores», explicó Gómez en su resolución. Para ello, la normativa exige acreditar al menos un 66% de incapacidad y evaluar si el trabajador podría desempeñarse en funciones adaptadas.

El ISSN apeló. Indicó que «en casos como el presente, en los que se encuentra en juego el sistema de seguridad social, corresponde extremar los recaudos» y afirmó que el perito interviniente «se limitó a sostener que la actora padecía una incapacidad superior al 66%, sin mayores precisiones sobre cómo se arribó a dicho valor conforme el baremo aplicable».

También dijo que la sentencia «genera un perjuicio grave al Instituto, al obligarlo a otorgar un beneficio sin estar reunidos los requisitos legales».

Qué dijo el TSJ

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La sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y María Soledad Gennari, respaldó el criterio de la magistrada de primera instancia. Señaló que Gómez «no adoptó pasivamente la opinión del perito, sino que contrastó sus afirmaciones con el baremo aplicable y los antecedentes médicos de la causa».

La mujer fue evaluada en distintas instancias médicas. En el último examen, realizado en 2023, se constató que sufría afasia, pérdida de fuerza muscular y déficit intelectual, con un grado de incapacidad estimado en 70%. Los especialistas concluyeron que su cuadro «no puede ser modificado por tratamientos médicos».

En su fallo, el TSJ también ponderó factores como la edad y el nivel educativo de la trabajadora. Concluyó que no está en condiciones de retomar sus tareas, «ni siquiera adaptadas», y que las secuelas derivadas del ACV sufrido «se han agravado con el tiempo».