Por la «zona liberada» piden investigar a los jefes

NEUQUEN (AN).- El abogado Marcelo Inaudi pidió a la Justicia que lo autorice a constituirse en querellante como representante del comisario mayor Leonel Seguel y del subcomisario Mario Zambrano, en la causa por la «zona liberada». El también diputado radical pidió que se investigue al jefe y subjefe de la Policía provincial, Carlos David Salazar y Moisés Soto, porque considera que dictaron órdenes ilegítimas y contrarias a la legislación vigente cuando grupos identificados con la Uocra desalojaron con violencia a los docentes que bloqueaban el acceso a la refinería de Plaza Huincul.

Inaudi representa a Seguel y Zambrano, los denunciantes de la «zona liberada» que originó la causa judicial. Seguel fue desplazado por las autoridades policiales por supuesta desobediencia a las órdenes impartidas por Salazar y Soto. Y Zambrano fue sumariado por las denuncias que realizó a los medios. El comisario inspector Luis Alberto Morales también fue puesto en disponibilidad.

Seguel se desempeñaba como director de seguridad interior de Cutral Co y Zambrano, como jefe del comando radioeléctrico de Cutral Co y Plaza Huincul, cuando se desencadenó el violento desalojo.

Inaudi se presentó en el juzgado de instrucción 5 de esta capital, que tomó las riendas de la causa porque la jueza de Cutral Co Beatriz Martínez se declaró incompetente para investigarla.

Recordó que las amenazas de grupos que se identificaron como de la Uocra contra los docentes comenzaron el 28 de marzo pasado y que Zambrano dispuso la presencia policial permanente en los piquetes para evitar los choques. Indicó que el subjefe de la Policía llamó a Zambrano y le ordenó el retiro de los policías y que «no se metieran».

Rememoró que el 30 de marzo, cuando finalmente se produjeron los incidentes, hubo reiterados llamados del jefe y subjefe policial «dando órdenes expresas de no intervenir y sacar a todo el personal policial del lugar».

Recalcó que «la presencia de un pequeño grupo policial evitó una verdadera masacre que se hubiera producido si se obedecían las órdenes vertidas desde la Jefatura de Policía».

Para Inaudi, Salazar y Soto procedieron en forma ilegítima porque «impartieron órdenes claramente contrarias a la legislación que regula el quehacer policial. Y lo que es más grave aún, atribuyeron generosamente responsabilidades, disponibilidades y sumarios administrativos a quienes desobedecieron el ilegal proceder que exigían».

Sostuvo que hubo una «firme decisión del gobierno provincial de desalojar el piquete docente, no por medios legales, no valiéndose de la fuerza policial ni de órdenes de desalojo emanadas del Poder Judicial».

Denunció que para producir el desalojo «se acudió a los servicios d un grupo de matones, algunos de ellos reclutados, financiados y trasladados por el partido provincial, a los cuales incluso se les brindó indumentaria pertinente para disfrazarlos de obreros de la Uocra».

Además, dijo que «se impartieron las órdenes precisas a través de la cadena de mandos, para liberar la zona del accionar preventivo policial».

Afirmó que «no existe norma alguna que obligue al personal policial a obedecer una orden que implica lisa y llanamente la declinación de sus facultades, competencias y obligaciones preventivas».

Y recordó que el gobernador Jorge Sobisch reconoció el pasado 20 de abril que era el jefe político de la Policía. Pero observó que las obligaciones de la Policía, «conforme al criterio expuesto por el gobernador, están sujetas al capricho político del gobernante de turno, que es quien dispone antojadizamente cuándo el orden público, la tranquilidad de la población y la seguridad de las personas deben ser protegidos por la Policía y cuando no».