Por un alquiler justo

BUENOS AIRES

La acuciante situación que vivimos millones de inquilinos a lo largo y ancho del país producto de la pandemia, que está significando pérdida de fuentes laborales, disminución de ingresos y un creciente endeudamiento, requiere del esfuerzo mancomunado del Estado junto a las organizaciones del sector, para impulsar políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda digna y a un alquiler justo.


El panorama actual señala que existen 1,5 millones de hogares con deudas, de las cuales el promedio de deuda es de 150.000 pesos, llegando a sectores que adeudaron más de 250.000. A esto se suma que un 70% (datos que coinciden con los entes reguladores) posee deudas en materia de servicios.


Reivindicamos las resoluciones del gobierno nacional establecidas en el decreto 320/2020 y sus sucesivas prórrogas, que entre sus principales puntos establece que: los contratos que tengan vencimiento antes del 31 de enero se prorrogan automáticamente hasta esa fecha en las mismas condiciones, los aumentos quedan prorrogados hasta la finalización del decreto, congelándose en el valor correspondiente al mes de marzo; y se suspenden los desalojos hasta el 31 de enero.


Creemos que el decreto estableció un piso para defender los derechos de los inquilinos e inquilinas.


Extendemos al Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación la urgente solicitud de extensión del decreto 320/2020 y la necesidad de avanzar en definiciones sobre los siguientes puntos:

Asociaciones de Inquilinos
de 22 distritos del país, incluido el rionegrino


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