En el espejo de Lula

Si, como algunos aseguran, la corrupción alcanzó en Argentina el grado de sistema, el sistema incluye a los jueces. Es la particularidad del caso argentino, lo que lo hace singular. La Justicia, parte de ella, forma parte de ese mecanismo perverso al menos desde comienzos de la década de los ’90. Si se quisiera buscar una fecha caprichosa se podría hablar de 1992, cuando se crearon nuevos juzgados federales de primera instancia en la Capital Federal –hoy son doce los jueces–, que controlan las causas de corrupción. Comodoro Py, en la jerga. En la práctica, su principal función en esa máquina ha sido la garantía de impunidad.

El sistema de corrupción en Brasil ha demostrado ser mucho más sofisticado, monumental y multimillonario que su espejo argentino. Las brasileñas son siempre proporciones continentales. Allí sin embargo los jueces han jugado otro rol. Si la justicia argentina posee una tradición de sujeción al poder político –largamente anterior incluso a la recuperación democrática- o en países como Colombia y Chile se las considera un poder independiente, es cada vez más frecuente escuchar entre los analistas que la justicia en Brasil ha pasado de arbitrar en conflictos vinculados a los otros poderes o entre el oficialismo y la oposición, a convertirse en un poder independiente con “fuerte protagonismo político”, según una de las caracterizaciones. La justicia, un actor de la política. Eso parecemos estar viendo en estas horas en ese país.

El gobierno y la oposición en la Argentina siguieron con preocupación el proceso que conduce a la cárcel en Brasil al ex presidente Lula da Silva. Por razones diferentes.

“Brasil es nuestro socio estratégico. Nuestra posición es de tranquilidad y respeto al proceso institucional”, dijo ayer a “Río Negro” una fuente de la jefatura de Gabinete. El canciller Jorge Fourie mantuvo el viernes contactos con su par brasileño Aloysio Nunes Ferreira para informarse sobre la situación. El gobierno de Mauricio Macri se manejó con prudencia frente al drama político que vive el vecino a seis meses de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Michel Temer y para las que Lula sigue siendo claro favorito en primera vuelta.

La detención y –de confirmarse esta semana por tribunal electoral– el virtual desplazamiento del ex presidente Lula de la carrera presidencial podría despejar el camino a la alternativa neofascista del diputado por Río de Janeiro Jair Bolsonaro, del Partido Social Cristiano.

Emergente de la crisis estructural de un sistema político estragado por la corrupción, la irrupción de Bolsonaro se emparienta con los fenómenos de las derechas ultras en Europa y con el nacionalismo de Donald Trump, con el que él mismo se identifica. Si la aparición de un candidato que reivindica la tortura como método y los 21 años de dictadura militar no es desconcertante, lo que representa Bolsonaro en términos económicos es un auténtico enigma en Brasil: podría ser tanto un liberal (su posible ministro de Hacienda tiene ese signo) como revelarse un proteccionista a lo Trump o un desarrollista-estatizante (como muestra su trayectoria). “Confieso públicamente que no entiendo nada de economía”, ha dicho.

Para la Argentina, la clave por el momento es si el factor Lula podría impactar en la vigorosa recuperación de la economía brasileña, que se calcula crecerá este año por encima del 3 por ciento. Los especialistas suelen decir que la economía local se expande 0,25 por cada punto de crecimiento de Brasil. Nada indica en los análisis que la prisión de Lula vaya a interrumpir ese proceso. Siendo como es uno de los escasos liderazgos carismáticos que sobreviven en América latina, Lula aceptó las reglas de la institucionalidad brasileña y garantizó personalmente su entrega a las autoridades en un contexto ordenado y pacífico.

La orden de detención contra Lula da Silva generó un rechazo abierto en el kirchnerismo y la izquierda local. La CGT emitió un comunicado de repudio por la “proscriptiva decisión judicial”. Fue tema en el lanzamiento del peronismo “federal”, el viernes en Gualeguaychú. Desde la llegada de Macri al poder ha habido pocas cuestiones, si hubo alguna, que encontrara a la oposición en un punto en común.

La cuestión conduce a Cristina Kirchner. La ex presidenta suma cuatro procesamientos por asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación al Estado, entre las imputaciones más graves con las que carga. Tres de las causas ya fueron enviadas a juicio oral: las que investigan irregularidades en las operaciones de dólar futuro, la obra pública y el pacto con Irán. En la última, se descuenta que el pedido de detención y desafuero de la senadora se tornó abstracto tras las recientes excarcelaciones en la misma causa dispuestas por un tribunal oral. Los juicios tendrían lugar recién el año próximo, en plena campaña para la elección presidencial.

Aunque aún es temprano, la senadora ha hecho saber que no será candidata a presidente. Guardián del peronismo, el senador Miguel Pichetto trabaja activamente para sacarla del juego con la convicción de que la señora es el principal obstáculo para un proceso de renovación. Con la misma convicción, Pichetto defiende la idea de que los ex presidentes, cualesquiera fueran, no deben terminar su carrera en una prisión.

La expresidenta suma cuatro procesamientos por asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación al Estado, entre las imputaciones más graves.

Con la misma convicción, Pichetto cree que los expresidentes, cualesquiera fueran, no pueden terminar su carrera en prisión.