Posibilidades y límites del plan exportador

Ernesto A. O’Connor *


La producción agropecuaria y las cadenas agroindustriales no necesitan exenciones impositivas, sino estabilidad tributaria.


El nuevo Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), conformado por 44 entidades, ha presentado la Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. El plan busca “definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros”, a través de la sanción de una ley de desarrollo, que aumente las exportaciones en U$S 16.000M y genere 700.000 empleos adicionales, de los cuales 210.000 serían generados en sectores propios. Algunos comentarios sobre las posibilidades y límites de esta iniciativa.

El CAA propone que el plan sea “sin subsidios del Estado”. Si es consensuado con las 44 entidades, el proyecto debería asegurar que no haya subsidios cruzados de la producción agropecuaria a la agroindustria, como ocurrió entre 2009 y 2015. Con estos subsidios, que fueron vía ROES y DEX diferenciales, hay transferencia de rentas de un sector al otro. Un riesgo asociado es que ocurra como con el biodiésel, con reclamos de países ante la OMC por subsidios cruzados desde el ámbito primario a la industria.

Esto ya aconteció en el contexto del plan oficial PEAA 2010-2020, en similitudes y metas, pero coincidentes con alta presión tributaria, retenciones, controles de precios, y regulaciones para la producción agropecuaria. En granos la meta 2020 era lograr una producción de 157.5 M tn, partiendo de 100 M tn en 2010. Lo que se logró es que en 2014/15 se produjeran 100 M tn.

Por su parte, el CAA propone un proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador, con inclusión social y federal, y estabilidad fiscal y financiera de 10 años. No queda claro con qué presión tributaria en relación a la actual, en particular los DEX, para los cuales ni siquiera se propone un cronograma de reducción.

El CAA propone lograr USD 100.000 M anuales de exportación, ante los USD 65.000 M actuales. El aumento propuesto es de USD 16.043 M entre 2021-25.

Algunas estimaciones parecen optimistas aún para el mediano plazo. Ejemplo, el gran incremento en exportaciones de frutas frescas de USD 3.500 M, que incluye a todas las frutas exportables, peras, manzanas, cítricos, etc. Esto no parece posible sin la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con accesos preferenciales, y no se sabe si considera los tiempos inversión, crecimiento y maduración de eventuales nuevas plantas. Es tan elevado como el incremento estimado para cereales, oleaginosas y forrajeras, de USD 4.000 M, producciones de más potencial que el estimado.

El tema es cómo funciona el mercado mundial. Los commodities se venden directamente a países en general de gran población, muchos de Asia Pacífico, de alta demanda global porque no los tienen. Una mayor producción argentina de granos redunda en mayores exportaciones, de alto volumen e impacto en el balance de pagos, mejorando sustancialmente la oferta de divisas, en un país donde son habitualmente escasas. Sobre todo si hay reactivación y suben fuerte las importaciones de manufacturas industriales.

En cambio, el comercio mundial de agroalimentos funciona de otra manera. Enfrenta barreras para-arancelarias, y suele requerir la firma de TLC. Así, se generan accesos preferenciales y un horizonte de retorno de inversiones de ciclos productivos que muchas veces son quinquenales por lo menos. No es realista pensar en un shock de exportaciones en estos rubros, sin la apertura de mercados puntuales.

En cuanto al aumento de la producción y la agregación de valor, si es atraer Inversión Extranjera Directa, bienvenido. Si es con un país puntual, como China con las posibles mega-inversiones para carne porcina, por tomar un ejemplo, es lógico suponer que sea con los estándares productivos del SENASA, con inversores argentinos también, y con mano de obra local. Que sea sin subsidios cruzados desde la producción de maíz y soja hacia la producción porcina. Y con un marco jurídico previsto en caso de fiebre porcina, sobre todo para asistencia de productores y trabadores.

Este régimen estableció dos exenciones tributarias importantes: la desgravación del 60% en impuesto a las Ganancias, y la conversión de hasta el 70% de las contribuciones patronales en un bono de crédito fiscal intransferible (esta actividad tiene al costo laboral como costo principal). El resultado fue un aumento de las ventas (incluyendo exportaciones), de 218% entre 2005 y 2017, pasando de USD 1.279 M, a USD 4.076 M. Desde 2018, casualmente cuando se introdujeron DEX sobre las exportaciones de software, estas bajaron, a USD 3.078 M en 2019. La producción agropecuaria y las cadenas agroindustriales, por su parte, no necesitan exenciones impositivas, sino estabilidad tributaria y el establecimiento de un cronograma de reducción de los DEX, impuestos que no existen en Brasil, Uruguay, Paraguay, y en casi ningún país del mundo.

* Economista. Exsubsecretario de Planificación Económica Regional y Sectorial.


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