Prevén más presión de gobernadores para enfrentar aumentos salariales

Fuentes del gabinete económico nacional admitieron que la presión de los gobernadores sobre el Poder Ejecutivo se va a incrementar en las próximas semanas, ya que la gran mayoría de los mandatarios provinciales recalcaron que necesitarán un fuerte aumento en las transferencias de la Nación para hacer frente a las subas que marcarán las paritarias del interior del país.

Ya hubo varias provincias, cuyos gobernadores, fueron “desfilando” paulatinamente por la Casa de Gobierno, a excepción hasta el momento de Juan Schiaretti, de Córdoba.

El último jueves estuvieron en la Casa Rosada los gobernadores Gustavo Bordet, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Gerardo Morales, que tienen en agenda una cita, por separado, con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que se encarga, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de recepcionar los pedidos de los mandatarios.

A su vez, en la última semana, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial un anticipo financiero “en forma transitoria (para) atender los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas” de $5.650 millones a Chaco -$2.000 millones-, Río Negro -$1.000 millones-, Santa Cruz -$650 millones-, Chubut -$1.000 millones- y Tucumán -$1.000 millones-.

Si bien aún no hay cálculos precisos, se estima que globalmente en la primera parte del año habrá que asistir a las provincias en un monto superior a los 10.000 millones de pesos.

“El punto central es que la inflación del último año fue complicando mucho el panorama fiscal de diversos distritos. Hubo caída fuerte de la actividad económica, de la recaudación impositiva, y aumento de salarios y de costos en las distintas regiones del país, con lo cual el panorama sin dudas requiere de asistencia”, recalcó a Río Negro una fuente del Ministerio de Economía de la Nación.

El esquema de asistencia por parte de la Nación, se basa hasta el momento, en conseguir recursos vía emisión monetaria y aumento de impuestos.

Pero este último punto es el que está empezando a generar una olla de presión de quejas por parte de distintos sectores empresarios.

Advertencia

Precisamente, en las últimas horas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en virtud de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, solicitó que los derechos de exportación no superen el 5% para las producciones de arroz, maní, legumbres, lácteos, algodón y cítricos, entre otras.

Desde la entidad también advirtieron sobre la situación de la región del Alto Valle, con la pérdida de rentabilidad de los sectores productivos, que se enfrentar ahora a mayor presión tributaria.

“Es importante que se definan como productos de las economías regionales a aquellas actividades agroindustriales que posean una alta incidencia en la economía de la región en la que se desempeñan y requieran la contratación de mano de obra intensiva”, expresó Eduardo Rodríguez, titular del sector representativo de las pymes agropecuarias de la cámara empresarial.

“Cabe destacar que el sector de Economías Regionales de CAME nuclea a más de 430 entidades de pequeños y medianos productores de todo el país de 32 complejos productivos quienes, además de padecer una asfixiante presión impositiva a nivel local también deben afrontar, en ciertos mercados internacionales, el pago de aranceles que atentan contra la competitividad de sus actividades”, advirtió también el informe de CAME.

El nuevo Consenso Fiscal se trataría el 22

El nuevo Consenso Fiscal firmado con las provincias será uno de los temas que Diputados tratará entre el 22 y 29 de enero, en extraordinarias. La iniciativa, que el Senado aprobó el 20 de diciembre y que pone un freno a la baja de Ingresos Brutos e impuestos distorsivos hasta el 31 de diciembre de 2020, busca conseguir un alivio fiscal de $ 60.000 millones para las provincias y CABA. Entre otros impuestos que se modifican están Sellos, tributos sobre la nómina salarial, otros tributos específicos, límites a Ganancias, la ley de Responsabilidad Fiscal y de Bienes Personales.