Procesan a De la Rúa y lo embargan por $ 500.000

El juez Rafecas consideró probado que el ex presidente ordenó el pago a senadores.

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De Santibañes, ex jefe de la SIDE. De allí habrían salido los fondos. Flamarique, el ex ministro que negociaba la reforma laboral. De la Rúa habría dicho "Arréglenlo" (con De Santibañes). Ex senador Remo Costanzo, acusado junto sus pares de "cobrar".

El ex presidente Fernando de la Rúa fue procesado ayer por la Justicia federal, que consideró probado que ordenó el pago de coimas a un grupo de senadores nacionales para lograr que en abril del 2000 se aprobara la ley de Reforma Laboral en la Cámara Alta.

La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien procesó al ex jefe de Estado por el delito de "cohecho agravado" y le trabó un embargo de medio millón de pesos sobre sus bienes.

En una extensa resolución de 900 páginas, el magistrado enumeró los elementos que lo llevaron a la convicción de que el ex presidente estuvo al tanto del pago de sobornos -por cinco millones de pesos/dólares- a senadores justicialistas y radicales y consideró probada una reunión en la Casa de Gobierno en la que se habría acordado el pago del soborno.

El "arrepentido" ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto fue quien introdujo en la causa la existencia de la presunta reunión en la Rosada, tras referir que entre "fines de marzo y principios de abril" existió un encuentro en el despacho de la De la Rúa del que participaron además el radical José Genoud, el ex ministro de trabajo Alberto Flamarique y los ex senadores peronistas Alberto Tell y Augusto Alasino. Allí, cuando Genoud le hizo saber a De la Rúa que el justicialismo necesitaba de "otras cosas" para destrabar la sanción de la ley, el ex presidente habría contestado -siempre según los dichos del arrepentido ahora avalados por el juez- ese tema "arréglenlo con (el ex jefe de la SIDE Fernando de) Santibañes".

Pero el juez Rafecas avanzó más sobre las afirmaciones del ex secretario parlamentario y no sólo dio por probado que el cónclave existió sino que además lo precisó en tiempo y espacio: la reunión sucedió "el 30 de marzo de 2000 a las 12:30 horas", sostuvo.

La convicción del juez surge de entrecruzamientos de llamados que analizó y que confirmaron que ese día y a esa hora estaban en la zona de la Casa de Gobierno los celulares que pertenecían a Tell y Flamarique.

Los teléfonos móviles efectuaron comunicaciones en esa franja horaria y en una celda donde nunca antes habían estado.

El juez hizo cruces de llamados que le permitieron corroborar que De la Rúa y De Santibañes mantuvieron comunicaciones secretas entre ellos desde los teléfonos de edecanes.

Esta práctica poco común y excepcional estaba motivada, según el juez, en que ambos ex funcionarios intentaban mantener en secreto esas comunicaciones porque estaban referidas al presunto pago de sobornos.

El uso de los teléfonos de los edecanes había sido confirmado además en declaración testimonial por los propios ex asistentes.

En su fallo el magistrado dejó sin efecto la falta de mérito de De la Rúa, tras escucharlo en declaración indagatoria en cuatro oportunidades, siempre a pedido de la defensa del ex jefe de Estado, que ahora -según anticipó a la agencia DyN- apelará la resolución.

En su fallo Rafecas dispuso además realizar una serie de denuncias, dos de ellas contra ex secretarios de De la Rúa a quienes acusó por presunto falso testimonio.

El magistrado resolvió la situación procesal de De la Rúa luego de que el Tribunal Oral Federal 3 le hizo saber a Rafecas la importancia de que el ex jefe de Estado pueda ser sometido a juicio oral y público en forma conjunta con los otros nueve procesados.

En esta investigación están procesados y ya enviados a juicio oral por el delito de "cohecho pasivo" (cobro de coimas) los ex senadores justicialistas Emilio Cantarero, Tell, Alasino, Ricardo Branda y Remo Costanzo y Genoud y por "cohecho activo" (pago de coimas) los ex funcionarios Flamarique y De Santibañes y el "arrepentido" Pontaquarto.

Para la Justicia, el ex jefe de la SIDE fue el encargado de suministrarle a Pontaquarto los cinco millones de pesos/dólares que él se encargó de repartir. El escándalo se destapó cuando el dirigente camionero y actual titular de la CGT, Hugo Moyano, reveló que el Gobierno de De la Rúa habría usado la "Banelco" -en alusión a la tarjeta de débito bancario- para sobornar a los senadores.

Además de esta causa, el ex presidente también está procesado por "homicidio culposo" por los cruentos incidentes registrados en la Plaza de Mayo previos a su renuncia al cargo en diciembre del 2001, donde murieron cinco personas. (DyN)


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