Proponen la “prejudicialidad” en casos de préstamos usurarios

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El Concejo Deliberante aprobó una comunicación a la Legislatura provincial, para que propicie un proyecto de ley que llegue al Congreso, con el objeto de incorporar la “prejudicialidad” como excepción admisible al artículo 544 del Código Procesal Civil y Comercial, de modo de suspender ejecuciones por mora surgidas de préstamos usurarios mientras se sustancian causas penales que involucran al concedente del crédito. El proyecto fue aprobado por unanimidad y presentado por los concejales del MPN, Carlos Saloniti y Natalia Vita. Apunta a “frenar los embargos mientras avanza la etapa penal y luego continuar con la ejecución, siempre y cuando no se compruebe que hubo un delito”. La preocupación surgió por un sonado caso ocurrido en esta ciudad en 2008, a propósito de los perjuicios económicos y sociales ocasionados a vecinos por la toma de créditos personales con intereses exorbitantes, acompañados de una metodología de inducción a la mora. En ese contexto, solicitaron a los jueces en lo Civil, Comercial y Laboral de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en Junín de los Andes y que intervienen en causas donde se ejecutan embargos con intereses desmedidos, que permitan la suspensión de los juicios mientras la Fiscalía avanza con la investigación sobre los delitos de Usura y Estafa. Sostienen en los fundamentos que el proyecto “tiene por razón la imperiosa necesidad de proteger a innumerables vecinos de nuestra ciudad y Junín de los Andes, de los reiterados embargos a los que fueron inducidos a través del accionar malicioso y claramente intencional por parte de particulares, que valiéndose de su ignorancia procuraron beneficiarse de manera absolutamente ilegal”. Señalan que la preocupación por la cantidad de casos presentados requirió el acompañamiento a las víctimas a realizar las denuncias a la Fiscalía, en virtud de la “desesperante situación que viven muchos vecinos”. Saloniti y Vita dicen que la “prejudicialidad” evitaría los reiterados embargos a los damnificados”, por lo que instan a solicitar al Congreso, a través de la Cámara de Diputados o Senadores, que elabore un proyecto de ley para incorporar la Prejudicialidad al Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación. Como se apuntó, dicen, esa ley “permitirá frenar los embargos, que avance la etapa penal y luego continuar con la ejecución, siempre y cuando no se compruebe que hubo un delito”.