Provoca discordia la cesión de un costoso terreno oficial

Lote en discusión

El trámite de enajenación de un céntrico y costoso baldío de propiedad del Estado provincial está causando algunos tironeos políticos y gremiales. Fue promovido por la actual gestión dentro de un intercambio de propiedades basado en acuerdos que se remonta a la administración Saiz, involucrando a Educación, el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), la Legislatura y el Poder Judicial.

El litigio tomó estado público luego de que la legisladora Susana Diéguez (FpV) elevó un pedido de informes. Pretende conocer algunos detalles puntuales dado que entre las instituciones firmantes aparece el Ministerio de Educación entregando uno de los inmuebles con la firma de su actual titular, Mónica Silva. Está ubicado en Roca y Belgrano, y podría costar entre los 3,6 millones y 4,3 millones de pesos.

A juicio de la parlamentaria, el traspaso de un cuarto de manzana de Educación al Ipross fue “una expresión de deseos” de carácter electoral.

Argumentó que en los datos obtenidos del requerimiento no aparece la aprobación del trámite por parte del órgano colegiado, es decir el Consejo Provincial de Educación (CPE). El reglamento estipula que debe aprobar iniciativas con el voto de los vocales gubernamental, gremial, y de los padres; agregándose el de la presidencia del CPE.

Insistió en que las respuestas al pedido de informes son parciales dado que “debe tener el aprobado” de la transferencia, y esa parte “no la contestaron” en la documentación que remitieron a la Legislatura. Esta última referencia está ligada a la pregunta N° 4 del pedido de informes en el que se solicitan detalles sobre “qué autoridad o cuerpo colegio autorizó la cesión”.

La legisladora hizo público un secreto a voces. En su momento el exministro Marcelo Mango se había opuesto a la firma del convenio por el baldío de 1.815 metros cuadrados. Allí, funciona una playa de estacionamiento de la obra social provincial, cuyo edificio central se encuentra al lado.

La papelería que llegó a la Legislatura hace mención a un acta en la que Silva se compromete a efectuar “las acciones y procedimientos necesarios” para formalizar la entrega a cambio de otro inmueble.

El gobierno no respondió tampoco acerca de los valores fiscal y venal del predio. Aún así, algunas consultas efectuadas por este medio dentro del volátil mercado inmobiliario capitalino, las tasaciones orientativas mínimas recomendarían una cotización de venta de entre 2.000 y 2.500 pesos el metro cuadrado.

En la mencionada triangulación, el Ipross prometió construir en el contiguo predio una nueva sede y un centro de convenciones con capacidad máxima de 400 personas. En este marco, la Legislatura cedería el actual bloque radical a la Justicia, y este Poder entregaría a cambio, un predio cercano a la exescuela industrial.

DeViedma