El costo del trabajo vuelve al centro de la escena

Encontrar el origen del valor de las mercancías, fue el desvelo de los autores que fundaron la ciencia económica. Adam Smith, fue el primero en incursionar el tema, pero es la teoría del valor de David Ricardo la que con el tiempo se convirtió en fundamento basal de la teoría económica clásica. La misma postula que el valor de un bien o servicio está determinado por la ‘cantidad de trabajo necesario para producirlo’. Desde 1817, momento en que Ricardo publicó los postulados de su teoría del valor en su libro “Principios de economía política y tributación”, la discusión de los filósofos-economistas del Siglo XIX pasó a ser cuál es la forma correcta de cuantificar el ‘trabajo’ y la forma de monetizar el mismo a fin de concretar las nociones de ‘precio’, ‘remuneración’ y ‘renta’. En efecto, si bien la definición ricardiana más rústica podría afirmar que el valor está dado por la cantidad de horas incorporadas al bien durante la producción, existe un sin número de factores que inciden en dicho proceso. Para clarificar, dos artesanos que fabrican mesas, pueden no contar con la misma calificación o habilidad, pueden no trabajar en el mismo contexto, no contar con la misma materia prima o con las mismas herramientas (capital).

Quien recoje el guante y avanza un paso más allá en la construcción teórica, es Karl Marx, quien introduce el concepto de ‘trabajo socialmente necesario’. Al incorporar el factor social como parte del valor, se abre la puerta a que si existen dos artesanos que fabrican la misma mesa en diferentes contextos (por ejemplo diferentes países) y utilizando medios de producción diferentes (distintas dotaciones de capital o un nivel diferente de desarrollo tecnológico), el valor incorporado a la mesa sea también diferente. En pocas palabras, la misma mesa puede ‘valer’ diferente en base al contexto social.

Según la teoría económica, cada factor productivo individual recibe una remuneración acorde a su rendimiento marginal, es decir, a su productividad.

Sin embargo a nivel social, son las distintas combinacines de capital, trabajo y tecnología, las que generan diferentes grados de productividad, y por lo tanto distintas remuneraciones en diferentes contextos, y junto a ello diferentes grados de crecimiento y desarrollo económico. En contextos que cuentan con mayor dotación de capital, la mano de obra requerida será más calificada y más cara, mientras que en otros donde existe menos capital, la producción será ‘mano de obra intensiva’, con un nivel de calificación menor y un costo laboral más bajo.

Sin dudas, allí radica gran parte de la dinámica de la historia del desarrollo global de los últimos dos siglos, con un grupo de países avanzados en la acumulación de capital, que buscan colocar su producción allí donde pueden aprovechar el bajo costo laboral para lograr mejoras en la ecuación de rentabilidad, al tiempo que el segundo grupo de países, rezagados en la acumulación, puja por abrirse camino al progreso. El proceso recibió diferentes nombres a lo largo de la historia: centro-periferia, desarrollo-sub desarrollo, primer mundo-tercer mundo, avanzados-emergentes.

En un país como Argentina, que se inscribe claramente en el segundo grupo de países, la discusión desde la implantación del modelo agroexportador hasta nuestros días, gira en torno a la productividad y el costo del trabajo, con el grado de apertura económico como moderador.

La ortodoxia propone que la forma de generar desarrollo es permitiendo que el capital fluya desde el exterior. Ello requiere mano de obra barata y por tanto, una legislación laxa con menos derechos laborales, menos controles y menor carga impositiva. Según esta visión, la protección del trabajo genera mano de obra artificialmente cara, lo cual es ‘ineficiente’ en términos globales, y posterga el desarrollo.

En la vereda opuesta se inscriben quienes indican que desproteger el trabajo local no redunda en acumulación y desarrollo local, sino que genera mayor acumulación de capital para los propietarios del mismo, los cuales están en el extranjero. Así, una adecuada regulación del mercado laboral permite mejor remuneración al factor trabajo, lo cual genera ascenso social, mayor consumo, y a la larga, desarrollo.

Sin dudas uno de los debates ideológicos que hace décadas ocupa a la dirigencia política.

Coyuntura recesiva, datos crueles

Una ‘reforma laboral’, que flexibilice la contratación, abarate las cargas patronales y/o quite ciertos privilegios, está en los planes del gobierno desde el primer día de gestión. La iniciativa fue postergada una y otra vez porque el gobierno no cuenta con la relación de fuerzas suficiente en el Congreso, y por la resistencia social que podría generar la mediada. Para tener noción del impacto potencial, basta recordar lo sucedido con la ‘reforma previsional’ sancionada a fines de 2017. Pese a ello, la idea volvió a cobrar fuerza de la mano del último acuerdo alcanzado con el FMI, que históricamente ha incluido la desregulación laboral como parte de sus recetas.

“No le pondría el nombre de ‘reforma laboral. Lo llamaría modernizar, que es lo que está intentando llevar adelante el Gobierno de la mano del ministro de Producción, Dante Sica”, indicó esta semana el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al ser consultado sobre la intención del gobierno de avanzar este año en ese sentido.

Mirando en retrospectiva, la llegada de inversiones productivas, fue uno de los principales argumentos de Mauricio Macri al inicio de la gestión. Pueden conjeturarse muchos motivos por los cuales la ‘lluvia de inversiones’ nunca se concretó. Lo cierto es que si hubo inversiones, fueron especulativas y de cortísimo plazo. Pese a que el gobierno implementó una fuerte apertura al capital extranjero quitando controles y requisitos de permanencia mínimos, ampliando cupos y liberando el tipo de cambio, lejos estuvo la llegada de capitales de generar empleo productivo.

En voz baja, algunos funcionarios del gobierno atribuyen la escasa llegada de inversiones, al alto costo laboral.

“Hay mejoras en el frente fiscal que no se pueden anunciar porque nos pejudicaría en lo político, como por ejemplo la caída del salario real”, manifestó en el mes de agosto Mario Quintana cuando aun se desempeñaba como Vice Jefe de Gabinete, frente a un grupo de inversores en Wall Street. El funcionario se refería a enorme golpe que la devaluación significó sobre el poder adquisitivo, y lo exhibía como un logro frente a aquellos que toman las decisiones respecto al flujo de capital hacia el país. “Vengan, ahora el trabajo es más barato”, podría traducirse la frase de Quinatana.

En efecto, el número relevante para los inversores, es el nivel de salario en dólares. Si se toman como referencia los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, y el tipo de cambio vigente en cada momento, resulta que en diciembre de 2015 el salario promedio de la economía argentina era de u$s 812. A fines de 2017, la remuneración promedio era de u$s 763, y todavía continuaba siendo de las más altas de la región. Tras la devaluación de 2018, a fines del año pasado, el salario promedio en Argentina se derrumbó hasta los u$s 460, por debajo del nivel registrado en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Paraguay.

¿Significa entonces que ahora sí los capitales comenzarán a fluir a la Argentina y habrá una inundación de inversiones buscando aprovechar la rebaja en el costo laboral?

La realidad parece no seguir una secuencia tan líneal como propone la teoría. La economía argentina se encuentra inmersa en un proceso recesivo, producto de su incapacidad para solventar con recursos genuinos sus necesidades financieras. El consumo no deja de caer, la producción industrial cerró su peor ciclo anual en una década, las tasas de interés internas son altísimas y la inflación no cede. No hay un contexto peor para generar la llegada de inversiones.

Las malas noticias en relación a la economía real, se suceden una tras otra. Esta semana, la marca japonesa Hitachi anunció el cierre de suplanta en el país, dejando sin trabajo a 60 operarios. Algo similar sucedió con las históricas márcas de jean Lee y Wrangler, que anunciaron el retiro de sus operaciones en Argentina, dejando sin trabajo a otros 200 trabajadores desde marzo. Un informe de la consultora Ecolatina en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), indica que entre abril y noviembre de 2018 se perdieron 200.000 puestos de trabajo, y que la cantidad de trabajadores registrados, retorno a los niveles de enero de 2015.

¿Significa entonces que no alcanza con la apertura financiera y caída del costo laboral?

Los aperturistas, diran que la caída del salario en dólares llegó tarde, que la regulación argentina sigue siendo rígida y que la protección al trabajo sigue siendo excesiva.

Desde la postura progresista, sostendrán que todo gira en torno a un plan que busca precarizar el trabajo con el objetivo de mejorar las ganancias de las mismas empresas que ya estaban en el país antes de la apertura y previo a la devaluación.

Mientras ellos debaten, los números muestran que el salario no solo cayó en dólares, sino que al año pasado perdío al menos 10% contra la inflación en pesos, y que el mercado laboral parece hoy más dispuesto a expulsar trabajadores que a incorporarlos.

Como si ello fuera poco, nuevas formas de trabajo ligadas a la tecnología y las redes, aparecen en el horizonte y se cuelan en el debate. Plataformas como UBER, Pedidos Ya, Glovo o Rappi, absorben mano de obra joven en un marco regulatorio difuso y a un costo menor, y a la vez encuentran amplia recepción en la demanda de los sectores medios por comodidad, seguridad y rapidez en la respuesta. ¿Precarización laboral o innovación?

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