El pago de intereses será la herencia más pesada a futuro

La cátedra económica vernácula, mantiene algunas vacas sagradas a las que durante décadas ha rendido religioso culto. La devoción es tal, que permanece intacta pese a que la heterogénea dinámica de la realidad política, social y económica, suela contradecirla no solo con datos estadísticos, sino con el resultado de las propias medidas y modelos inspirados en tal devoción. Una de esas piezas sagradas, es la premisa que establece que el déficit fiscal es la raíz de todos los males de la economía nacional.

La base empírica en los países más grandes del mundo, que mantienen sostenidos déficit en sus cuentas públicas al mismo tiempo que crecen, debiera ser prueba suficiente para evitar las sentencias absolutas. Cierto es que tales países financian sus desequilibrios fiscales sirviéndose de su posición dominante en el comercio global y en los mercados financieros. La discusión entonces, parece fuera de foco. Naturalmente la ausencia de déficit es la situación ideal, y la meta que debiera procurarse. Pero en la coyuntura el problema no es solo el déficit, sino la forma de financiarlo. En efecto, el rojo fiscal es insostenible en el tiempo en países emergentes como Argentina, con enormes dificultades para generar saldos comerciales positivos y sortear una restricción externa endémica.

Es en ese contexto, con un déficit público estructural, acumulativo y creciente, cuando el Estado se ve obligado a optar entre la emisión monetaria desmedida, una presión tributaria asfixiante, o el endeudamiento externo para poder financiarse. Durante las últimas dos décadas, Argentina incrementó el tamaño de su sector público abusando de los tres instrumentos, sin procurar como contrapartida una matriz productiva focalizada en la generación de divisas genuinas.

Cuando el Presidente Mauricio Macri arribó al poder, lo hizo con un discurso eficientista, que a priori se valía del diagnóstico ortodoxo tradicional: era necesario achicar el Estado, reducir el gasto, corregir las tarifas atrasadas y achicar el déficit.

Sin embargo, la praxis gradualista aplicada bien podría catalogarse como un ejemplo de lo que la teoría económica define como ‘riesgo moral’. Se trata de aquella situación en que ‘los individuos toman cursos de acción que de antemano se saben más riesgosos, cuando las consecuencias negativas de esos cursos de acción no son asumidas por ellos, sino por un tercero’. Es el caso de quien contrata un seguro contra todo riesgo en su vivienda, y desde el momento en que cuenta con la cobertura, pierde el incentivo a ser cuidadoso.

En diciembre de 2015, el flamante gobierno estaba convencido de la necesidad de iniciar un fuerte ajuste del gasto y una reforma estructural del Estado. Optó sin embargo por mantener una estructura de gasto similar a la que heredó del kirchnerismo, y tres años más tarde debió emprender a la fuerza el ajuste al que se negó al inicio de la gestión. La secuencia tiene una única explicación: comodidad política. En pocas palabras, al eficientismo discursivo se lo llevó puesto el cuasi populismo práctico, necesario para ganar las elecciones en 2017, y mantener las chances de seguir en el poder hasta 2023.

El espejo de Bolsonaro en Brasil, hace que el contraste sea todavía más fuerte. El mandatario del vecino país emprendió la agenda conservadora desde el primer día de gestión. En definitiva, se muestra coherente con el discurso que lo llevó a ganar el apoyo mayoritario de la población y lo catapultó al poder.

Parecidos pero diferentes

Tras haber logrado el apoyo financiero del FMI, el principal compromiso que asumió el gobierno con el organismo multilateral, es alcanzar el ‘déficit cero’ durante 2019. El objetivo anunciado con bombos y platillos, guarda en sí mismo una trampa discursiva, pero a la vez fundamental. El referido déficit, hace referencia al resultado primario de las cuentas del Estado nacional. Es decir, aquel que no contempla el pago de los intereses de la deuda pública. En sus apariciones discursivas, el Ministro de Hacienda omite sistemáticamente referir al resultado financiero, como si el costo de los intereses de la deuda no debiera ser asumido por el Estado.

Observar la dinámica del déficit primario y del déficit financiero entre 2015 y 2018, es un ejercicio valioso en tanto permite poner en perspectiva muchas de las discusiones que han tenido lugar en la época reciente. La mejor forma de hacerlo, es considerando el peso relativo del rojo fiscal en relación al Producto Bruto Interno (PBI).

El primer infograma, muestra en base a los datos del actual Ministerio de Finanzas de la Nación, que durante los dos primeros años de gestión macrista, el rojo del Estado (tanto el primario como el financiero), no solo no se redujo, sino que se incrementó en términos de PBI. Recién en 2018, el apremio por acordar con el FMI pone de manifiesto una verdadera política de reducción de los desequilibrios. Pese a ello, a tres años de asumir, la administración Macri exhibe una situación financiera más deteriorada que la que recibió en 2015, que pone a la Argentina nuevamente ante la necesidad de volver a tomar deuda para pagar intereses o renegociar vencimientos. Será la herencia más pesada que el gobierno deje a su sucesor.

La distribución como telón de fondo

Si existe un ítem del presupuesto en que la gestión Cambiemos puso el foco desde el primer día, es en los subsidios económicos a las empresas de servicios públicos. El objetivo era ‘normalizar’ las tarifas atrasadas, procurando que los usuarios paguen el valor real de la energía y el transporte. De cumplirse la meta, ello implicaría en el largo plazo la mejora en la matriz energética, ampliando la red de servicios, dando acceso a miles de habitantes que aun carecen de los mismos y evitando cortes en periodo estival.

El segundo infograma revela que los subsidios representaban en 4,25% de PBI en 2015, mientras que a fines de 2018 implican el 1,98%. Todo el costo de la racionalización de los servicios, pesa hoy sobre el bolsillo de los usuarios. No solo ello, sino que para eliminar por completo los subsidios, los tarifazos debieran continuar en 2019 y 2020.

Como contracara, vale observar la dinámica de los intereses de la deuda pública (ver tercer infograma). Los mismos llegaban al 2,06% del PBI en 2015, y representan hoy un 2,51%, producto del sistemático endeudamiento al que recurrió el gobierno para financiar el gradualismo.

Si se toma la serie completa de subsidios e intereses en pesos pagados por el Estado entre 2015 y 2018 y se quita la componente inflacionaria, resulta que en términos reales los subsidios se redujeron un 54% mientras que el pago de intereses se incrementó un 21%. Significa que dos de cada cinco pesos que el Estado quitó del pago de subsidios, se destina al pago de intereses. En otras palabras, el 40% del castigo que recibió el bolsillo de los usuarios vía tarifazos, no se utiliza para recomponer la matriz energética, sino para seguir financiando los desequilibrios que el gobierno siempre dijo querer corregir, pero que prefirió mantener por comodidad política.

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