Finalmente, se conoció la letra chica del acuerdo con el Fondo

El diccionario de la lengua española define una “señal” como un indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Ese precisamente es el valor de las señales en política económica. Y es exactamente lo que logró el gobierno de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una señal de respaldo que genere confianza en los capitales extranjeros. Así puede catalogarse el acuerdo rubricado en septiembre con el organismo, y la confirmación de la presencia de Christine Lagarde en la Cumbre del G20 a realizarse en Buenos Aires a fin de mes.

Durante más de un mes, se tejieron especulaciones respecto a los detalles que incluiría el nuevo acuerdo con el FMI. No fue casualidad la demora. El organismo aguardó la media sanción del Proyecto de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados, y al día siguiente el board del organismo se reunió en Washington para dar el visto bueno. La aprobación garantizó al gobierno el desembolso inmediato de u$s 5.700 millones, los cuales ingresaron esta semana al país. A ello se suma un segundo desembolso u$s 7.600 millones a mediados de diciembre, y un tercero por u$s 10.800 a mediados de marzo de 2019. A priori, los fondos permiten contar con el aire financiero necesario hasta las elecciones presidenciales.

Tras la aprobación del board, el gobierno argentino publicó de inmediato la carta de intención que dio origen al entendimiento, la cual no es otra cosa que la transcripción de los principales ejes que atraviesan el Presupuesto 2019. Otra señal. Aquella que indica que el gobierno está dispuesto a acatar las condiciones solicitadas por el organismo a fin de recibir la asistencia financiera.

Al analizar la letra chica, no existen sorpresas. No obstante, surgen indicios de gestión que permiten prever el rumbo.

En cuanto a la política fiscal, el gobierno argentino se compromete a lograr el déficit primario cero el año próximo y el superávit primario desde 2020. Para ello establece una serie de medidas, algunas de las cuales son las habituales en un programa de ajuste. Entre ellas se inscribe el congelamiento en la contratación de empleados públicos, la reducción de las transferencias a las provincias, el recorte en el gasto y en las transferencias a las empresas del estado. Otras medidas en cambio, lucen polémicas. En esa lista figura por ejemplo el aumento de las retenciones a la exportación, una herramienta emblema del kirchnerismo. O la expansión del Impuesto a las Ganancias sobre algunas categorías de empleados públicos que actualmente se encuentran exentos. Se trata de una medida que va exactamente en dirección contraria a lo que el Presidente Macri se comprometió en campaña, cuando afirmó que los trabajadores dejarían de ser alcanzados por el tributo. Respecto a lo fiscal, se anticipa además que el estado reducirá el gasto de capital y dará fuerza a los proyectos de participación público-privada, y que continuará la reducción de subsidios a la energía, lo que permite prever nuevos tarifazos al inicio del 2019.

La pata monetaria es un capítulo aparte. El acápite explica en detalle la política de bandas de flotación para el tipo de cambio. Reconoce además el fracaso del programa monetario aplicado desde 2016. A continuación se compromete a mantener la base monetaria estable hasta junio de 2019. Agrega que para evitar cualquier ‘relajamiento involuntario de las condiciones monetarias’ se mantendrán las tasas a corto plazo (Leliq a 7 días) en o por encima del 60% hasta tanto el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central, muestre la inflación con tendencia decreciente por dos meses consecutivos. En pocas palabras, es la confirmación de que las tasas de interés seguirán altas al menos hasta entrado el 2019. También de que la nueva versión del carry trade que permite entrar en dólares, colocar fondos en pesos, obtener rentabilidad, y salir, vuelve a ser atractiva para los inversores.

Por último, el acuerdo dedica un espacio a la cuestión de género. El gobierno se compromete a incrementar un 12% el gasto en guarderías y jardines de infantes públicos, a fin de aumentar la participación de la fuerza laboral femenina. Insta además a los legisladores argentinos a discutir y aprobar la extensión de la licencia por maternidad y paternidad.

Las señales positivas son el objetivo principal de un acuerdo clave para la gobernabilidad, de cara a un año difícil, que incluye la puja electoral.

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