Rareza de una incursión judicial

El legislador justicialista y dirigente del gremio judicial Pablo Barreno será imputado por violar el aislamiento, después de que en mayo pasado lo denunciara la entonces presidente del STJ, Liliana Piccinini.

Ese accionar penal alertó, especialmente, a las organizaciones sindicales, a partir de las llamativas limitaciones que trasluce.

Pero, más allá de las razones y su foco en la oposición, la exploración judicial al poder político ya es una rareza en Río Negro. Salvo excepciones, hay que bucear en archivos de años para encontrar expedientes donde la Justicia indagó en las covachas poderosas.

Los involucrados aluden a otra matriz en el uso de fondos públicos. Es una conclusión demasiado benévola.

Hay otros motivos innegables. La rotación de la prioridad fiscal, combinada por sus modificados roles con la reforma del Código Procesal. La presente ponderación investigativa y acusatoria, que casi desterró la actuación de oficio del Ministerio Público, se inició con la procuradora Silvia Baquero Lazcano y continúa con Jorge Crespo.

El mayor reposo radica en los órganos de control externo, destinados constitucionalmente para la fiscalización de los recursos estatales. El Tribunal de Cuentas está ensimismado en formalidades. Aun sus motivaciones, este cuerpo -con otra integración- supo paralizar la política cuando escarbó en los gastos reservados de la Legislatura, luego archivada, pero sí forzó la regularización de esos pagos. Impulsó también la causa del manejo irregular del Fondo de Viviendas por parte de APEL, que concluyó con pactos y la Justicia hoy está en una encrucijada porque no sabe cómo lograr que el mayor imputado, Alejandro Gatica, cumpla con los desembolsos prometidos para su sentencia.

La Fiscalía de Investigación ya es intrascendente, si no fuera por los 143 millones anuales que requiere del Estado. Tan imperceptible que se ignoró hasta un escándalo de su segundo, el secretario Juan Manuel Vega, a quien se le secuestró, en una madrugada de junio, con horas de diferencia, dos autos que conducía, con tests positivos de alcoholemia. Abonó, al otro día, ambas multas por unos 44.000 pesos, y todo siguió en el anonimato, como la FIA.

La inercia de la Fiscalía era previsible con el ascenso de Fabián Gatti, con su linaje oficialista. Otro eslabón del resguardo armado por Juntos que, por ahora, casi no tiene fisuras.

Hay causas rezagadas de la política que aún giran por despachos fiscales. Son aquellas ligadas con los manejos municipales de los planes de viviendas de Techo Digno. Ya hace dos años y medio que los expedientes fueron devueltos a Río Negro por la Justicia Federal. Hay una decena de exintendentes alcanzados, entre ellos, hoy legisladores del Frente de Todos, incluyendo a la presidenta del bloque, María E. Martini y la titular del PJ, Alejandra Mas.

La presente evaluación judicial está en la segmentación de las irregularidades, llegando a los desvíos de fondos. A Martini lo espera un proceso embrollado y esa evidente debilidad explica que la bancada del FdT no tuvo manifestación frente a la anunciada imputación a Barreno.
En su reunión en Roca, el sorismo reivindicó y promocionó su estirpe acusadora, devaluada por sus resultados políticos e ignorada por la mayoría del bloque. Aún sus desbordes, sus denuncias de antaño aportaron a cierta fiscalización en el Estado.

El curso de los sucesos anticipa otra instancia en esa bancada cuando próximamente se revisen las integraciones parlamentarias. Por ejemplo, en minoría, el sorismo plantea participar en el Consejo de la Magistratura menor. La oposición tiene uno de los tres consejeros. Barreno o José Berros pretenderán el lugar que hoy ocupa Nicolás Rochás, que no es más feligrés de la comunidad de Martín Soria.

La última muestra: el roquense se enteró por los medios del nombramiento de Fernando Romera -por unanimidad- como juez de Ejecución de Roca, es decir, el encargado de supervisar la situación de detención de su madre, Susana Freydoz.