Ratifican acusación por los saqueos a La Anónima
El procesamiento confirmado recae sobre dos mujeres y diez hombres que habrían recibido gran cantidad de mercadería sustraída de la sucursal de Albarracín en 2012.
INVESTIGACIÓN
Una de las causas secundarias abiertas tras los saqueos del 20 de diciembre de 2012 tuvo un importante avance en los últimos días de julio con la ratificación el procesamiento de una docena de personas acusada de recibir y retener en su poder parte de la mercadería sustraída del local de Albarracin 601 de la cadena de supermercados La Anónima.
Los jueces de la Cámara Primera del Crimen, Alejandro Ramos Mejía, Miguel Gaimaro Pozzi y Marcelo Barrutia rechazaron las apelaciones interpuestas por dos mujeres y diez hombres y confirmaron los cargos impuestos el juez Marcos Burgos que los encontró responsables de los delitos de participación criminal y encubrimiento.
Uno de los aspectos centrales de la acusación es que los imputados tenían conocimiento del origen ilícito de los artículos. Durante la defensa ejercida en la instrucción ninguno de ellos pudo brindar una explicación razonable del origen de la mercadería hallada en sus domicilios.
La investigación es una de las actuaciones derivadas de la causa Mansilla Miguel Angel y otros s /Robo Agravado y extorsión, que se desprendió del expediente original para darle un mejor tratamiento.
La instrucción tomo como base el resultado de los allanamientos realizados 24 de diciembre, cuatro días después de los saqueos que afectaron a distintos comercios de la ciudad. Los procedimientos e información recolectada por las distintas unidades policiales se concentraron en el Escuadrón 34 de Gendarmería, que conformó los equipos de investigación de los numerosos ilícitos que causaron el estado de conmoción pública en la comunidad.
Los investigadores analizaron filmaciones y fotografías de las cámaras de seguridad de los establecimientos damnificados y el materia aportado por medios de prensa locales y nacionales que brindó importantes elementos orientadores. También se asimilaron las filmaciones y fotos facilitadas por particulares que presenciaron los saqueos.
En todos esos registros se observa a personas cargando mercaderías en vehículos detenidos en el exterior de los comercios saqueados, que fueron rastreados a través del registro del automotor para dar con los domicilios de sus propietarios. Con esa información se orientaron los allanamientos.
El procesamiento ratificado por la cámara Burgos sostiene que “del análisis de los elementos probatorios e indiciarios recabados, entiendo verificada, con el grado de probabilidad positiva la materialidad de los hechos atribuidos (participación criminal y encubrimiento) y la autoría responsable que respectivamente se les atribuyera” a los imputados.
En su resolución el juez valoró la ubicación en el lugar de los hechos de los rodados que permitieran orientar la pesquisa y dar con los domicilios de cada uno de los imputados, el hallazgo de artefactos o elementos electrónicos cuyo origen o adquisición no pudieron justificar mediante constancia alguna, y/o la desproporcionada cantidad de mercadería acopiada.
Entre esos artículos se destacan alimentos, elementos de limpieza, golosinas, prendas de vestir y electrodomésticos “cuyo volumen y variedad, según experiencia y sentido común, no guarda relación lógica para el habitual uso de cualquier vivienda familiar”.
DeBariloche
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