Rebelión petrolera

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Obligado como tantos empresarios a elegir entre arrodillarse ante el impetuoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por un lado y privilegiar los intereses de la empresa que encabeza por el otro, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, optó el jueves pasado por la segunda alternativa al aumentar los precios de las naftas y el gasoil. En las horas siguientes hicieron lo mismo Shell y la ex-Esso, desafiando así al gobierno que pretende frenar la inflación congelando los precios de una gama cada vez más amplia de productos. Aunque a juicio de los economistas no debería ser demasiado grande el impacto directo en la inflación de la voluntad de las petroleras de anteponer la lógica del mercado a las órdenes de Moreno, ya que los combustibles constituyen una parte pequeña de los bienes cuyos precios inciden en los cálculos de quienes procuran medir la evolución del costo de vida, sí podrían ser muy significantes las consecuencias psicológicas y por lo tanto políticas de la actitud de Galuccio, el presidente de una empresa estatal emblemática, y sus homólogos del sector privado. Después de todo, ya se había difundido la sensación de que han sido poco eficaces los intentos oficiales de congelar los precios al consumidor puesto que, según el “índice del Congreso”, en marzo pasado subieron el 1,54%, de manera que en los últimos doce meses el aumento registrado llegó al 24,43%. En cambio, para el Indec de Moreno en el período así supuesto el índice apenas ha superado el 10% anual, lo que en otras latitudes sería motivo de viva preocupación pero que, si fuera creíble, en nuestro país se tomaría por evidencia de un grado casi utópico de estabilidad monetaria. Para que resultara convincente el congelamiento de precios dispuesto por el gobierno por suponer sus estrategas que acarrearía menos costos políticos que un intento de combatir la inflación con medidas más “ortodoxas”, le sería necesario castigar a aquellos empresarios que lo violen, comenzando, desde luego, con el hombre que está a cargo de YPF, o sea, con uno de los miembros más prestigiosos del equipo gubernamental, uno que, para más señas, debe su puesto a su comprobada capacidad profesional, no a su presunta lealtad hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, Galuccio podrá señalar que, dadas las circunstancias, tuvo que aumentar los precios de los productos de YPF porque, además de los costos adicionales provocados por el incendio de la planta ubicada en Ensenada, le será forzoso invertir mucho más dinero que lo previsto para alcanzar las metas fijadas por el gobierno mismo que aspira a recuperar pronto el autoabastecimiento energético que perdió hace un par de años a causa de la política insensata adoptada por los kirchneristas en la fase inicial de su ya prolongada gestión. Se estima que este año el país gastará 15.000 millones de dólares para comprar combustibles, aunque de caer la economía en una recesión profunda las necesidades podrían reducirse. De todos modos, no cabe duda de que los argumentos esgrimidos por Galuccio son válidos, pero sucede que casi todos los empresarios del país podrían emplearlos. Para sobrevivir, y ni hablar de prosperar, en un contexto tan inflacionario como el actual muchos se sentirán constreñidos a indexar tanto los precios como los salarios; en caso contrario, no sólo perderán dinero sino que también se enfrentarán con graves problemas laborales. Mientras que los medios periodísticos han podido mantener bien informada a la ciudadanía acerca la suba del precio de la nafta ordenada por las petroleras, les ha sido difícil hacerlo en el caso de otros bienes. Además de tener que tomar en cuenta las diferencias entre el precio del mismo producto en distintos barrios o supermercados, el que por una orden informal de Moreno esté prohibida la publicidad en los principales medios del país ha perjudicado no sólo a los diarios independientes sino también a los consumidores al intensificar la impresión de que el congelamiento es, como dicen los diputados opositores, “una mentira”, a lo sumo una mera operación propagandística destinada a hacer creer que el gobierno está procurando defender el magro poder adquisitivo de los trabajadores que, da a entender, se ve amenazado por la codicia de comerciantes y otros empresarios.