Región del Comahue y descentralización

Las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y social, y establecer organismos con facultades para el cumplimiento de sus fines. También celebrar tratados parciales para fines de intereses económicos (Arts. 124/125 CN). Corresponde al Congreso por ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, establecer regímenes de coparticipación… y promover el crecimiento económico de la Nación con políticas diferenciales, que tienden a equilibrar el desarrollo desigual de provincias o regiones (Art. 75 inc. 2/19).

Lo que se denomina Comahue, involucra a cuatro provincias, constituye una región. ¿Qué se entiende por región? ¿Qué dimensiones debería tener para el logro de efectivas políticas de desarrollo? Las respuestas no son sencillas y no se ha logrado, a mi juicio, encontrar una definición o parámetros uniformes que permitan generalizar una definición. Las prácticas mundiales aconsejan que no sean muy grandes, con ecosistemas uniformes y recursos distribuidos, que permitan la coordinación de objetivos, sin superponerse y crear conflictos interregionales. No es conveniente introducir ahora una discusión sobre el área geográfica del Comahue, pero podemos identificar rasgos comunes sobresalientes de las cuencas de los ríos Negro, Neuquén, Limay y Río Colorado. Sin duda éstos reafirman la idea regional de la Norpatagonia que los abarca y comprende; con sus posibilidades bioceánicas a concretarse con la materialización del ferrocarril trasandino, con puertos francos en San Antonio, Talcahuano-Lonquimay o Puerto Mont de Chile. Sin duda esta macrorregión reúne las características naturales, geográficas, de recursos complementarios, de cohesión de intereses, de idiosincrasia humana… y hasta histórica a partir de la ocupación del espacio territorial y el trazado del Ferrocarril del Sur. Su configuración espacial es casi una «invitación» a su planificación y ordenamiento de propuestas para el desarrollo unificado. Sus recursos tienen ubicación en tal forma, que debieran ser manejados en un contexto de complementariedad.

El regionalismo planificado y la organización para el desarrollo que proponemos efectivizar por ley no tienen nada que ver y se oponen a la «balcanización del país», porque no está planteado como contraposición de intereses económicos (Ej. la Liga del Norte de Italia, o las luchas de las provincias de Buenos Aires por la supremacía de su puerto en los albores de la Organización Nacional). Planteamos una regionalización para la descentralización económica del país, para el desarrollo de la Patagonia Norte, integrándola al interés nacional y de su pueblo. No aspiramos al desarrollo del Producto Bruto Interno, concentrado en compañías o trasnacionales, sino al desarrollo económico independiente con distribución mayoritaria para los hacedores del valor creado por el trabajo social. La región integra un país extenso y no veo obstáculos serios para su planificación y organización unificada (La autoridad del Valle del Tennessee: TVA, en los Estados Unidos, involucró a siete Estados).

No reclamamos privilegios regionales con recursos propios de nuestras provincias, pero sí derechos para impulsar políticas que contribuyan a descentralizar la economía y armonizar el desarrollo del país. Queremos impulsar y concretar los principios de autonomía de las provincias, desplazando a los «feudos» del privilegio y del poder concentrado, que han reemplazado estos principios constitucionales por la heteronomía.

No hay descentralización política con centralización económica (en Brasil; la creación de Brasilia no puso freno a la concentración pauliana, ni la Capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, puso freno a la concentración alrededor del puerto de Buenos Aires y su conglomerado).

No podemos descentralizarnos económicamente sin modificaciones estructurales en la economía argentina, y esto es una cuestión de poder político.

Nuestra propuesta tiene -en este sentido- una intencionalidad política y pretende motorizar a la opinión política, a la opinión pública, a la discusión y el enriquecimiento colectivo en la lucha por el objetivo: desarrollo regional para el desarrollo nacional independiente. Los recursos (río, tierra, minería, etc.) no son políticos, pero sí éstos pueden o no explotarse y participar en el desarrollo que proponemos; es una cuestión política y económica. La ley para el desarrollo del Comahue debe de «llenarse» de amplia mayoría para la decisión histórica de transformación.

Es necesario que este paradigma de desarrollo patagónico sea tomado como un estandarte por la sociedad. El aire puro de la Patagonia debe oxigenar confianza; debe reemplazar la sensación indecente de decadencia que la nueva plutocracia corrompida ha establecido en el país.