El gobierno repartirá “50 y 50” entre gremios

Ya está listo el anteproyecto para modificar la representación de los estatales en Función Pública, el IPAP y las juntas. El ingreso de ATE hará perder a UPCN su histórica participación exclusiva.

La integración de ATE a la Función Pública, al IPAP y a las juntas se cumplirá en iguales condiciones a UPCN. Esa apertura gremial surge del proyecto oficial de modificaciones de las normas que garantizaron durante las últimas dos décadas exclusiva participación a la organización de Juan Carlos Scalesi.

El gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, cruzan borradores para los cambios en las leyes 3.052, 3.487 y 4.294, puntualmente en relación a los espacios de los gremios en el Consejo de la Función Pública, el instituto de formación de estatales (IPAP), y las Juntas de Reclamos, de Disciplinas, de Evaluación y, también, de la Comisión de Carreras.

El anteproyecto –que sería elevado con acuerdo de ministros en estos días– establece “dos vocales”, uno por cada una de las asociaciones gremiales mayoritarias legalmente reconocidas. La actual versión se circunscribe al gremio “mayoritario legalmente reconocido”, orientado a UPCN.

Otro compromiso para coparticipar beneficios estaría en la asignación de fondos, repitiendo en ATE un esquema que favorece a UPCN hace casi unos 15 años, a través de un artículo del Estatuto del personal de la Administración Pública. (Ver aparte)

Aquella redacción en revisión fundamenta la apertura en favor de ATE con el repaso de causas judiciales en Mendoza y Capital Federal donde ese gremio reclamó por espacios. Con esos antecedentes, el gobierno rionegrino entiende que los “principios de coexistencia y pluralidad en materia gremial hacen a la realidad y actualidad laboral, particularmente en el sector público”. Admite que ATE en Río Negro “nuclea a una cantidad considerable de agentes, siendo entonces relevante y necesaria su participación oficial en las cuestiones inherentes al personal, tales como discusiones salariales o de convenios colectivos de trabajo, temas disciplinarios, etcétera”.

Desde 1996, en el gobierno radical de Pablo Verani, UPCN concentró la vocalía gremial en el naciente Consejo de la Función Pública y mantuvo esa exclusiva participación con el tiempo. En el 2007, el gobernador Miguel Saiz ratificó esa prioridad en la creación del IPAP y otorgó dos vocalías al gremio en un directorio de cinco miembros. Esta estructura tiene un presupuesto mayor a los 35 millones, orientados especialmente al pago de la contratación de capacitadores y formadores.

En los últimos años, ATE creció en su actuación y despliegue en el Estado, valiéndose incluso de métodos violentos. Entre las lógicas críticas, esa táctica sirvió al objetivo de reposicionarse y, desde fines del año pasado, logró un canal directo con el gobernador.

De allí surgen los recientes entendimientos, entre ellos, estas reformas de participación.

Estas formales modificaciones trascienden en el momento en que UPCN insiste en su pedido de reunión del Consejo de la Función Pública, que el gobierno podría aceptar finalmente y formalizarla para la próxima semana. Tal vez, en esa ocasión, el ministro Luis Di Giacomo asuma la función de anoticiar al secretario general, Juan Carlos Scalesi de los cambios de la socialización de los escenarios.

Distribución de fondos,

todavía una promesa

La integración de ATE está plasmada en el anteproyecto conocido, pero quedan promesas sueltas, como su incorporación al reparto de asignaciones directas del Estado.

Esa participación fue acordada y repasada entre el gobernador Weretilneck y el secretario general, Rodolfo Aguiar, en las últimas reuniones. La cuestión posiblemente se retome en los próximos días.

El artículo 104 de la Estatuto de la Administración Pública (Ley 3.487) establece que el Ejecutivo y sus entes “contribuirán con un aporte del 0,5%” de la totalidad de los sueldos del personal para la obra social sindical y esa suma se “depositará mensualmente en la cuenta de la obra social” del gremio legalmente reconocida del sector. Esta previsión equivaldría a unos 2 millones por mes para UPCN.

La retribución precisa su destino para la obra social gremial aunque su existencia provincial es difusa. Entonces, se impuso obviamente una decisión política. Lo mismo ocurrió cuando, hace unos meses, se sumó a la organización de Saneamiento (Sitsa) su aporte equivalente a sus trabajadores. ATE, seguramente, tendrá su asignación estatal aunque faltan decisiones oficiales.

Cambio de época

Datos

22
años pasaron desde que se sancionó la ley que otorgó a UPCN las vocalías en los órganos del Estado provincial.
2
millones de pesos mensuales percibe la entidad que conduce Juan Carlos Scalesi por el aporte de los trabajadores.

Temas

Río Negro

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